Artículo 106 de la Ley 39/2015: revisión de disposiciones y actos nulos
En pocas palabras
- El 106 permite a la Administración declarar de oficio, en cualquier momento y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente, la nulidad de los actos del artículo 47.1 (que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo) y de las disposiciones del 47.2.
- Los actos se pueden revisar por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y las disposiciones solo de oficio; el órgano puede inadmitir a trámite sin dictamen ciertas solicitudes (106.3) y fijar indemnizaciones en la misma resolución (106.4).
- Si el procedimiento empieza de oficio, a los seis meses sin resolución caduca; si empieza a solicitud del interesado, se puede entender desestimada por silencio (106.5).
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El artículo 106 regula la revisión de oficio de actos y disposiciones nulos. Para el test hay que llevar de memoria qué dictamen exige, en qué plazo se puede declarar la nulidad y qué pasa si no se resuelve en seis meses. Se confunde con la declaración de lesividad del 107 y con la revocación y la rectificación de errores del 109: aquí tienes el texto literal y las cuatro vías separadas. Para el contexto, el tema de la Ley 39/2015.
Texto literal del artículo 106
Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos.
- Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.
- Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2.
- El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
- Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.
- Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
Texto copiado del BOE consolidado de la Ley 39/2015 abierto el 22 de noviembre de 2026. La última actualización publicada de la ley es del 6 de noviembre de 2024; el artículo 106 no lleva ninguna nota de modificación y mantiene la redacción de 2015.
Qué dice cada apartado
106.1: actos. Tiene cinco piezas: «en cualquier momento»; «por iniciativa propia o a solicitud de interesado»; dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere; actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo; y supuestos del 47.1. Fíjate en el verbo: «declararán». Si concurre una causa del 47.1 y el dictamen es favorable, la Administración no tiene la opción de dejarlo estar, salvo que entren en juego los límites del artículo 110.
106.2: disposiciones. Cambia el verbo («podrán») y desaparece la solicitud del interesado: solo «de oficio». Las causas ya no son las del 47.1 sino las del 47.2: disposiciones que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
106.3: inadmisión. El órgano competente puede inadmitir a trámite, de forma motivada y sin pedir dictamen, tres tipos de solicitudes: las que no se basen en una causa del 47.1, las que carezcan manifiestamente de fundamento y las que repitan sustancialmente otras ya desestimadas en cuanto al fondo.
106.4: indemnización y actos firmes. En la misma resolución que declara la nulidad se pueden fijar indemnizaciones si se dan las circunstancias de los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley 40/2015. El 32.2 exige un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado; el 34.1 limita lo indemnizable a lo que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. Y para las disposiciones hay una cláusula de cierre: los actos firmes dictados en su aplicación subsisten.
106.5: plazo. Seis meses desde el inicio. Si el procedimiento se inició de oficio, caduca; si se inició a solicitud del interesado, el texto dice que «se podrá entender» desestimada por silencio administrativo.
| Actos (106.1) | Disposiciones (106.2) | |
|---|---|---|
| Verbo | Declararán | Podrán |
| Quién lo inicia | Iniciativa propia o solicitud de interesado | Solo de oficio |
| Qué se revisa | Actos que pusieron fin a la vía administrativa o no recurridos en plazo | Disposiciones administrativas |
| Causas | Artículo 47.1 | Artículo 47.2 |
Quién dictamina, qué causas y qué actos
El dictamen tiene que ser favorable, de un órgano consultivo y previo a la resolución. En la Administración General del Estado lo emite el Consejo de Estado: la Ley Orgánica 3/1980 lo incluye entre los asuntos de la Comisión Permanente (art. 22, apartado diez, «revisión de oficio de disposiciones administrativas y de actos administrativos, en los supuestos previstos por las leyes»). En una comunidad con órgano consultivo propio, lo emite ese órgano. El artículo 24 de la misma ley orgánica hace preceptivo el dictamen del Consejo de Estado para las comunidades que carezcan de órgano consultivo propio, en los mismos casos que para el Estado, cuando hayan asumido las competencias correspondientes.
Las causas de los actos son las siete del 47.1: lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio, contenido imposible, infracción penal, prescindir total y absolutamente del procedimiento, adquirir facultades o derechos sin los requisitos esenciales y las que establezca expresamente una ley. Más en el artículo 47.
Queda fuera del 106.1 el acto que no ha puesto fin a la vía administrativa mientras siga abierto el plazo para recurrirlo: su cauce son los recursos administrativos del artículo 112.
El artículo 24 confirma el silencio del 106.5: en los procedimientos a solicitud del interesado la regla general es estimatoria, pero el párrafo tercero del 24.1 lo hace desestimatorio en la revisión de oficio iniciada a solicitud de los interesados. La caducidad de los procedimientos de oficio de intervención o gravamen ya está en el 25.1.b); el 106.5 le da a este un plazo propio de seis meses. Y aun caducado, hay que dictar la resolución que lo declare (artículo 21.1).
Las cuatro vías que se mezclan
| Revisión de oficio (106) | Declaración de lesividad (107) | Revocación (109.1) | Rectificación de errores (109.2) | |
|---|---|---|---|---|
| Objeto | Actos nulos de pleno derecho (47.1) y disposiciones (47.2) | Favorables y anulables (48) | De gravamen o desfavorables | Con error material, de hecho o aritmético |
| Cuándo | En cualquier momento | Antes de cuatro años desde que se dictó el acto | Mientras no haya prescrito | En cualquier momento |
| Dictamen | Favorable del Consejo de Estado u órgano autonómico | No se exige en el texto (sí audiencia de los interesados, 107.2) | No se exige en el texto | No se exige en el texto |
| Después | La Administración resuelve | Impugnación ante el orden contencioso-administrativo | La Administración resuelve | La Administración resuelve |
| Si no se resuelve | Seis meses: caducidad (de oficio) o silencio desestimatorio (a solicitud) | Seis meses: caducidad (107.3) | Sin regla propia en el 109 | Sin regla propia en el 109 |
Otros dos artículos completan el cuadro. El 108 permite suspender la ejecución del acto, iniciado el procedimiento de los artículos 106 y 107, cuando pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. El 110 pone el límite: las facultades de revisión no pueden ejercerse si, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulta contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Ese límite matiza el «en cualquier momento» del 106, y por eso se estudian juntos.
Un ejemplo aplicado
En 2022, un ayuntamiento concedió una licencia de obras para una nave situada en el término municipal vecino. Nadie la recurrió. En 2026, el secretario del ayuntamiento lo detecta.
- Es un acto del 47.1.b): dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio. Es nulo de pleno derecho.
- Por no haber sido recurrido en plazo, entra en el 106.1. Da igual que hayan pasado cuatro años: «en cualquier momento», con los límites del 110.
- El ayuntamiento puede iniciar el procedimiento de oficio. Si lo pide el dueño de una finca colindante, también cabe a solicitud de interesado.
- Antes de resolver necesita dictamen favorable del órgano consultivo de su comunidad autónoma o, si no lo hubiera, del Consejo de Estado.
- Mientras tanto, puede suspender la ejecución (108) si esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
- Si el procedimiento lo inició de oficio, tiene seis meses para resolver, o caduca; si lo pidió el colindante, pasado ese plazo puede entender desestimada su solicitud (106.5).
- Si declara la nulidad, en la misma resolución puede fijar la indemnización del titular de la licencia, si concurren las circunstancias de los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley 40/2015 (106.4). La anulación no presupone, por sí misma, derecho a indemnización (art. 32.1, párrafo segundo, de la Ley 40/2015).
Si la licencia hubiera tenido solo un defecto anulable (el 48 incluye cualquier infracción del ordenamiento), el camino habría sido la lesividad (107): la declara el Pleno (107.5) y después se impugna ante el orden contencioso-administrativo. Pero la declaración de lesividad no puede adoptarse pasados cuatro años desde que se dictó el acto (107.2), y con una licencia de 2022 ese plazo estaría en 2026 agotado o a punto de agotarse, según la fecha exacta. La nulidad no tiene ese tope.
Cómo lo preguntan en los tests
- Si las opciones son tres meses, un año, cuatro años o «en cualquier momento», la buena es la última. Los cuatro años son de la lesividad (107.2), y los seis meses del 106.5 son para resolver, no para declarar.
- Las opciones sobre el dictamen juegan con «facultativo» o «no vinculante». El 106 dice «previo dictamen favorable»: sin él no se puede declarar la nulidad, así que esas dos son falsas.
- Si el enunciado dice cómo empezó el procedimiento y pregunta qué pasa a los seis meses: de oficio, caducidad; a solicitud, silencio desestimatorio.
- Solo los actos se revisan a solicitud de interesado. Las disposiciones, solo de oficio y con «podrán».
- La inadmisión del 106.3 no necesita dictamen.
- Ante un acto favorable anulable, la vía es la lesividad; ante uno de gravamen, la revocación; ante un error de cuentas, la rectificación.
- La indemnización puede fijarse en la propia resolución de nulidad, y al anular una disposición subsisten los actos firmes dictados en su aplicación.
Test: artículo 106
Para seguir
El 106 remite al artículo 47, que lista las causas de nulidad, y la indemnización enlaza con el artículo 32 de la Ley 40/2015 y el tema de la Ley 40/2015. Para lo que se hace antes de que el acto sea firme, los recursos del 112 y el 121 (alzada). El sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho está en el artículo 103 de la Constitución; el control de los tribunales sobre la legalidad de la actuación administrativa, en el 106.1 de la Constitución, y la tutela judicial efectiva, en el artículo 24. El artículo 9 garantiza en su apartado 3 la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, que el 47.2 convierte en causa de nulidad. Para practicar con preguntas de la parte constitucional del temario hay un test por ley de la Constitución.
La revisión de oficio entra en el programa de Auxiliar administrativo del Estado (bloque I, tema 11) y de Administrativo del Estado (bloque III, tema 3).
Preguntas frecuentes
¿Qué dice el artículo 106 de la Ley 39/2015?
Regula la revisión de oficio de disposiciones y actos nulos: la Administración declara la nulidad, en cualquier momento y con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente, de los actos del artículo 47.1 y de las disposiciones del 47.2. Incluye la inadmisión de solicitudes, las indemnizaciones y el plazo de seis meses.
¿Qué plazo hay para declarar la nulidad de oficio de un acto?
Ninguno: el 106.1 dice «en cualquier momento», con los límites del artículo 110 (equidad, buena fe, derecho de los particulares). Lo que sí hay es un plazo para resolver: seis meses desde el inicio del procedimiento (106.5). Los cuatro años pertenecen a la declaración de lesividad de actos anulables (107.2).
¿Qué pasa si el dictamen del Consejo de Estado no es favorable?
El artículo exige «previo dictamen favorable» tanto en el 106.1 como en el 106.2. Con un dictamen desfavorable, el texto no permite declarar la nulidad.
¿Qué diferencia hay entre revisión de oficio y declaración de lesividad?
La revisión de oficio (106) la resuelve la propia Administración y sirve para actos nulos de pleno derecho. La lesividad (107) es para actos favorables anulables: la Administración los declara lesivos, como máximo cuatro años después de dictarse el acto, y luego los impugna ante el orden contencioso-administrativo.
¿Se puede pedir la revisión de oficio de una disposición general?
Según el 106.2, las disposiciones se declaran nulas «de oficio» y con dictamen favorable. El interesado no tiene en el 106 una vía de solicitud para ellas, a diferencia de los actos del 106.1.
¿Cuándo se puede inadmitir una solicitud de revisión sin pedir dictamen?
Cuando no se base en alguna causa de nulidad del 47.1, carezca manifiestamente de fundamento o ya se hayan desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales (106.3). La inadmisión ha de ser motivada.
Fuentes
- Jefatura del Estado (2015). Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículos 21, 24, 25, 47, 48 y 106 a 110 (texto consolidado; última actualización publicada el 6 de noviembre de 2024; el artículo 106 mantiene su redacción original). Boletín Oficial del Estado, n.º 236, de 2 de octubre de 2015 (BOE-A-2015-10565). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
- Jefatura del Estado (2015). Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículos 32 y 34 (texto consolidado; última actualización publicada el 2 de agosto de 2024). Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2015-10566). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
- Jefatura del Estado (1980). Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, artículos 22, apartado diez, y 24 (texto consolidado; última actualización publicada el 2 de agosto de 2024). Boletín Oficial del Estado (BOE-A-1980-8648). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1980-8648
- Cortes Generales (1978). Constitución Española, artículos 9.3, 24, 103.1 y 106.1 (texto consolidado, última actualización publicada el 20 de mayo de 2026). Boletín Oficial del Estado, n.º 311, de 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
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