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    Artículo 32 de la Ley 40/2015: principios de la responsabilidad patrimonial

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    Actualizado el 22 de noviembre de 202611 min de lecturaRedacción de psicopedagogia.com

    En pocas palabras

    • El 32.1 da derecho a indemnización por toda lesión causada por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar; el 32.2 exige un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
    • Los apartados 3 a 6 regulan al Estado legislador (leyes inconstitucionales y normas contrarias al Derecho de la Unión Europea), el 32.7 remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial para la Administración de Justicia y el 32.8 encarga al Consejo de Ministros fijar la indemnización por el funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional.
    • El plazo de un año para reclamar no está en el 32, sino en el artículo 67 de la Ley 39/2015; el informe del servicio y el dictamen del Consejo de Estado están en su artículo 81, y los seis meses de silencio, en el 91.3.
    En esta página
    1. Texto literal del artículo 32
    2. 32.1 y 32.2: el derecho y los tres rasgos del daño
    3. 32.3 a 32.6: el Estado legislador
    4. 32.7 a 32.9: Justicia, Tribunal Constitucional y contratos
    5. Lo que cae en los tests: plazos, órganos y artículos vecinos
    6. Cómo lo preguntan en los tests
    7. Test: artículo 32
    8. Para seguir
    9. Preguntas frecuentes
    10. Fuentes

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    El artículo 32 es la puerta de entrada a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones, y los tests lo preguntan de dos formas: qué requisitos tiene que cumplir el daño y quién responde cuando la lesión viene de una ley, de un juez o del Tribunal Constitucional. La segunda zona, la de los apartados 3 a 9, es la que menos se repasa. Esta página va apartado por apartado y separa lo que dice el 32 de lo que dicen la Ley 39/2015 y los artículos 33 a 37. Encaja en el tema de la Ley 40/2015.

    Texto literal del artículo 32

    Redacción del texto consolidado del BOE. El artículo 32 conserva la redacción original de la ley, en vigor desde el 2 de octubre de 2016: la última actualización publicada de la Ley 40/2015 es del 2 de agosto de 2024 y no lo toca.

    1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

    La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

    1. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
    2. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.

    La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores: a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.

    1. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
    2. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:

    a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.

    1. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.
    2. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
    3. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.

    El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

    1. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

    32.1 y 32.2: el derecho y los tres rasgos del daño

    El derecho nace de una cadena con cuatro eslabones: una lesión en bienes y derechos, el funcionamiento de los servicios públicos como causa, la ausencia de fuerza mayor y la ausencia de un daño que el particular tenga el deber jurídico de soportar. La Constitución ya lo anticipa en su artículo 106.2, pero con una diferencia: el 106.2 habla del «funcionamiento de los servicios públicos» a secas, y la Ley 40/2015 añade «normal o anormal». Es decir, no hace falta que el servicio haya funcionado mal.

    El segundo párrafo del 32.1 es una frase de test: la anulación de un acto, por la vía administrativa o por la contencioso-administrativa, no presupone «por sí misma» derecho a indemnización. Una resolución anulada sin un daño real no da dinero.

    El 32.2 da los tres rasgos del daño, y se pregunta tal cual:

    RasgoQué descarta
    EfectivoEl daño hipotético o futuro e incierto
    Evaluable económicamenteEl que no se puede traducir a una cifra
    Individualizado con relación a una persona o grupo de personasLa carga que soporta toda la colectividad por igual

    32.3 a 32.6: el Estado legislador

    El 32.3 reconoce indemnización por actos legislativos de naturaleza no expropiatoria, pero solo «cuando así se establezca en los propios actos legislativos». Después añade dos supuestos adicionales: ley declarada inconstitucional (letra a, que remite al 32.4) y norma contraria al Derecho de la Unión Europea (letra b, que remite al 32.5).

    Los dos supuestos exigen los requisitos generales de los apartados 1 y 2 y comparten otro de partida: que el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de su recurso contra la actuación administrativa que le causó el daño, y que hubiera alegado la inconstitucionalidad, o la infracción del Derecho de la Unión, que luego se declaró. En el supuesto de la Unión, además, hay que cumplir tres requisitos a la vez (32.5):

    1. La norma tiene por objeto conferir derechos a los particulares.
    2. El incumplimiento está suficientemente caracterizado.
    3. Existe relación de causalidad directa entre el incumplimiento y el daño.

    El 32.6 fija el momento: la sentencia produce efectos desde su publicación en el BOE (inconstitucionalidad) o en el Diario Oficial de la Unión Europea (norma contraria al Derecho de la Unión), salvo que ella diga otra cosa. El artículo 34.1 limita lo indemnizable, con la misma salvedad, a los daños producidos en los cinco años anteriores a esa publicación, y el 67.1 de la Ley 39/2015 da un año desde la publicación para reclamar.

    32.7 a 32.9: Justicia, Tribunal Constitucional y contratos

    • 32.7. La responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial. Si se reclama por su funcionamiento anormal, la Ley 39/2015 exige informe del Consejo General del Poder Judicial, en dos meses como máximo (art. 81.3).
    • 32.8. Cuando el Tribunal Constitucional declare, a instancia de parte, un funcionamiento anormal en la tramitación de recursos de amparo o de cuestiones de inconstitucionalidad, el importe lo fija el Consejo de Ministros. El procedimiento se tramita por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.
    • 32.9. Los daños a terceros en la ejecución de contratos, si derivan de una orden inmediata y directa de la Administración o de vicios del proyecto elaborado por ella, siguen el procedimiento de la Ley 39/2015, sin perjuicio de las especialidades de la legislación de contratos. Ojo: el Real Decreto Legislativo 3/2011 que cita el texto lo derogó la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y hoy esas especialidades están en su artículo 196.
    Artículo 32: qué dice cada apartado
    Artículo 32
    • 32.1 y 32.2 Regla general
      • Funcionamiento normal o anormal
      • Salvo fuerza mayor
      • Daño efectivo, evaluable e individualizado
    • 32.3 a 32.6 Estado legislador
      • Si lo dice el acto legislativo
      • Ley inconstitucional
      • Norma contraria al Derecho de la UE
      • Efectos desde la publicación
    • 32.7 Justicia
      • Ley Orgánica del Poder Judicial
    • 32.8 Tribunal Constitucional
      • Funcionamiento anormal en amparo o cuestiones
      • Fija el importe el Consejo de Ministros
    • 32.9 Contratos
      • Orden inmediata y directa
      • Vicios del proyecto

    Lo que cae en los tests: plazos, órganos y artículos vecinos

    El 32 no fija ningún plazo, y ahí está la trampa: los números que se preguntan viven en otros artículos. Conviene tenerlos en una tabla.

    DatoDónde está
    Un año para reclamar (daños físicos o psíquicos: desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas)Art. 67.1 de la Ley 39/2015
    Informe preceptivo del servicio, en un máximo de diez díasArt. 81.1 de la Ley 39/2015
    Dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico si la reclamación es igual o superior a 50.000 euros (o a la cuantía autonómica); dos meses para emitirloArt. 81.2 de la Ley 39/2015
    Seis meses desde el inicio sin resolución notificada: puede entenderse contraria a la indemnizaciónArt. 91.3 de la Ley 39/2015
    En la Administración General del Estado resuelve el Ministro, o el Consejo de Ministros en los casos del 32.3 o cuando una ley lo dispongaArt. 92 de la Ley 39/2015
    No indemnizables los daños que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica de ese momentoArt. 34.1 de la Ley 40/2015
    Fórmulas conjuntas de actuación entre Administraciones: responden de forma solidariaArt. 33.1 de la Ley 40/2015
    La Administración que indemnizó exige de oficio la responsabilidad a su personal si hubo dolo, o culpa o negligencia gravesArt. 36.2 de la Ley 40/2015

    Dos matices que se confunden. Primero, el silencio en responsabilidad patrimonial es desestimatorio (art. 24.1 de la Ley 39/2015), y el 91.3 dice que la resolución «podrá entenderse» contraria a la indemnización: el interesado puede recurrir, pero la Administración sigue obligada a resolver (art. 21.1). Para el régimen general del silencio hay una página sobre el artículo 24 de la Ley 39/2015 y otra sobre el plazo máximo para resolver en el artículo 21. Segundo, el particular reclama a la Administración, no al empleado (36.1). Después, la Administración que ha indemnizado «exigirá de oficio» la responsabilidad a su personal (36.2): es una obligación, no una opción. Ese procedimiento tiene, al menos, cinco trámites, con plazos de quince, quince, diez, cinco y cinco días (art. 36.4).

    Un ejemplo aplicado

    Lucía, de 41 años, se tuerce el tobillo el 3 de marzo en una acera de su ayuntamiento con una baldosa levantada que llevaba semanas denunciada. Tarda cinco meses en recibir el alta, con secuelas. ¿Cuándo empieza a correr su año? No el 3 de marzo, sino desde la determinación del alcance de las secuelas (67.1, daños físicos). Pide al ayuntamiento 3.200 euros: el servicio de vías públicas debe informar en diez días y, al estar por debajo de los 50.000 euros, no hace falta dictamen del Consejo de Estado ni del órgano consultivo autonómico, salvo que la legislación de su comunidad fije una cuantía menor. Si pasan seis meses desde el inicio del procedimiento sin resolución notificada, Lucía puede entender desestimada su reclamación y recurrir en vía contencioso-administrativa. El daño reúne los tres rasgos del 32.2 (efectivo, evaluable e individualizado en ella) y el servicio ha funcionado anormalmente. Si en cambio la baldosa la hubiera levantado una tormenta imprevisible, el análisis giraría sobre la fuerza mayor del 32.1.

    Cómo lo preguntan en los tests

    • Completar los rasgos del daño. Te dan «efectivo, evaluable económicamente e individualizado» y cambian una palabra por «previsible», «inmediato» o «colectivo».
    • «Normal o anormal». Una opción dice que solo hay responsabilidad por funcionamiento anormal. El 32.1 cubre los dos.
    • Anulación e indemnización. La opción trampa dice que la anulación de un acto da derecho automático a indemnización. El texto dice «no presupone, por sí misma».
    • Quién fija el importe en el 32.8. El Consejo de Ministros, no el Ministerio de Justicia (que tramita el procedimiento) ni el Consejo de Estado (que da audiencia).
    • Administración de Justicia. El 32.7 remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, no a la Ley 39/2015.
    • El plazo de un año. Está en el 67 de la Ley 39/2015, no en el 32.
    • Requisitos del Derecho de la Unión. Son tres y se exigen todos, y se suman a la sentencia firme desestimatoria con alegación previa.

    Test: artículo 32

    Artículo 32 de la Ley 40/2015: responsabilidad patrimonial
    1. Según el artículo 32.2 de la Ley 40/2015, el daño alegado habrá de ser:
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    Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Art. 32.2: efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Las demás combinaciones no figuran en el precepto.

    2. Respecto de la anulación de actos o disposiciones administrativas, el artículo 32.1 establece que:
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    No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. Art. 32.1, párrafo segundo: la anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. No distingue entre vías ni fija plazo.

    3. Según el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, ¿cuál de estas lesiones puede dar derecho a indemnización?
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    La que sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos. Art. 32.1: la lesión es indemnizable si es consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, así que el funcionamiento normal también cuenta. Quedan fuera la fuerza mayor, los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar y las lesiones que no deriven del funcionamiento de un servicio público.

    4. Según el artículo 32.5, para indemnizar por una norma contraria al Derecho de la Unión Europea se exige, además de la sentencia firme desestimatoria con alegación previa, que:
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    La norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares, el incumplimiento esté suficientemente caracterizado y exista relación de causalidad directa con el daño. Art. 32.5, letras a), b) y c): la norma ha de conferir derechos a los particulares, el incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado y ha de existir relación de causalidad directa. Los 50.000 euros son el umbral del dictamen del Consejo de Estado en el art. 81.2 de la Ley 39/2015, no un requisito del 32.

    5. ¿Quién fija el importe de las indemnizaciones cuando el Tribunal Constitucional declara un funcionamiento anormal en la tramitación de un recurso de amparo, según el artículo 32.8?
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    El Consejo de Ministros. Art. 32.8: el Consejo de Ministros fija el importe. El procedimiento se tramita por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

    6. Según el artículo 32.7, la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por:
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    La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Art. 32.7: se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La Ley Orgánica 2/1979 es la del Tribunal Constitucional, cuyo funcionamiento anormal se indemniza por el 32.8, y la Ley 29/1998 regula la jurisdicción contencioso-administrativa.

    7. Según el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, el derecho a reclamar por responsabilidad patrimonial prescribe, con carácter general:
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    Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Art. 67.1 de la Ley 39/2015: prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo; en daños físicos o psíquicos, el plazo cuenta desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Los seis meses son el plazo para entender desestimada la reclamación (art. 91.3) y los cinco años, el límite de los daños indemnizables por leyes inconstitucionales o normas contrarias al Derecho de la Unión (art. 34.1 de la Ley 40/2015).

    Para seguir

    La responsabilidad patrimonial se completa en el tema de la Ley 39/2015, que contiene el procedimiento, y en el artículo 106.2 de la Constitución, que está en el mismo título que el artículo 103 (la Administración pública); para la tutela judicial efectiva, el artículo 24. Para el Gobierno y el poder judicial, el tema de la Corona, las Cortes, el Gobierno y el poder judicial.

    El resto de artículos de la ley que más se preguntan: el 3, el 9 y el 17.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué requisitos exige el artículo 32 para que haya responsabilidad patrimonial?

    Una lesión en bienes y derechos que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, que no haya fuerza mayor ni un daño que el particular tenga el deber jurídico de soportar (32.1), y que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas (32.2).

    ¿Anular un acto administrativo da derecho a indemnización?

    No por sí solo. El párrafo segundo del 32.1 dice que la anulación en vía administrativa o por el orden contencioso-administrativo de los actos o disposiciones no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. Hay que probar además los requisitos del daño. Si procede indemnizar, el año para reclamar cuenta desde la notificación de la resolución administrativa o de la sentencia definitiva (art. 67.1 de la Ley 39/2015).

    ¿Cuánto tiempo hay para reclamar por responsabilidad patrimonial?

    Un año desde el hecho o acto que motive la indemnización o desde que se manifieste su efecto lesivo (art. 67.1 de la Ley 39/2015). En daños físicos o psíquicos, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Cuando el daño viene de una ley declarada inconstitucional o de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión (32.4 y 32.5), un año desde la publicación de la sentencia en el BOE o en el Diario Oficial de la Unión Europea.

    ¿Cuándo hay que pedir dictamen del Consejo de Estado?

    Cuando la indemnización reclamada sea igual o superior a 50.000 euros (o a la cuantía que fije la legislación autonómica) y en los casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado (art. 81.2 de la Ley 39/2015). Según el caso, el dictamen es del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la comunidad autónoma, y se emite en dos meses.

    ¿Se puede reclamar directamente al funcionario que causó el daño?

    No. El particular exige la indemnización directamente a la Administración (art. 36.1). Cuando la Administración ha indemnizado, exigirá de oficio la responsabilidad a sus autoridades y personal si hubo dolo, o culpa o negligencia graves (art. 36.2). La responsabilidad civil derivada de delito sigue otra vía: la legislación penal (art. 37.1).

    Fuentes

    1. Jefatura del Estado (2015). Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículos 32 a 37 (texto consolidado, última actualización de la ley publicada el 2 de agosto de 2024; el artículo 32 mantiene la redacción original en vigor desde el 2 de octubre de 2016). Boletín Oficial del Estado, n.º 236, de 2 de octubre de 2015 (BOE-A-2015-10566). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
    2. Jefatura del Estado (2015). Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículos 21, 24, 67, 81, 91 y 92 (texto consolidado). Boletín Oficial del Estado, n.º 236, de 2 de octubre de 2015 (BOE-A-2015-10565). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
    3. Jefatura del Estado (2017). Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, artículo 196 y disposición derogatoria (texto consolidado). Boletín Oficial del Estado, n.º 272, de 9 de noviembre de 2017 (BOE-A-2017-12902). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
    4. Cortes Generales (1978). Constitución Española, artículo 106 (texto consolidado). Boletín Oficial del Estado, n.º 311, de 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

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