Artículo 24 de la Ley 39/2015: silencio administrativo en procedimientos a solicitud
En pocas palabras
- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio es estimatorio por regla general, salvo que una norma con rango de ley, el Derecho de la Unión Europea o el Derecho internacional establezcan lo contrario.
- Es desestimatorio en petición, facultades sobre dominio o servicio público, actividades que puedan dañar el medio ambiente y responsabilidad patrimonial, y también en impugnación de actos y disposiciones y en revisión de oficio a solicitud, salvo la alzada contra una desestimación presunta.
- La estimación por silencio es un acto administrativo finalizador y solo admite resolución expresa confirmatoria; la desestimación solo abre la vía de recurso y no vincula a la Administración. El certificado del silencio se expide de oficio en quince días.
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El artículo 24 de la Ley 39/2015 es el del silencio administrativo, y en los exámenes se pregunta por tres lados: cuándo el silencio es positivo, cuáles son las excepciones y qué puede hacer la Administración si resuelve tarde. Las excepciones son una lista corta y se aprende de memoria. Esta página la ordena, marca la frontera con el artículo 25, que regula los procedimientos iniciados de oficio, y termina con un test. Para el marco completo tienes el tema de la Ley 39/2015.
El artículo 24 conserva la redacción original, en vigor desde el 2 de octubre de 2016: la última actualización de la Ley publicada en el BOE, del 6 de noviembre de 2024, no lo tocó.
Texto literal del artículo 24
Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.
El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado.
- La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
- La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen:
a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
- Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver.
24.1: la regla y sus excepciones
El apartado 1 tiene un párrafo de regla y dos de excepciones. La regla: si el procedimiento empezó porque lo pidió el interesado y vence el plazo máximo sin notificar resolución expresa, el interesado puede entender estimada su solicitud. La palabra del texto es «legitima»: no es que la Administración resuelva, es que el interesado puede actuar como si le hubieran dicho que sí.
La regla cede ante una norma «con rango de ley» o ante el Derecho de la Unión Europea o el Derecho internacional aplicable en España. Un reglamento no basta para dar al silencio sentido negativo. Y si el procedimiento tiene por objeto el acceso a una actividad o su ejercicio, la ley que ponga silencio negativo debe fundarse en «razones imperiosas de interés general».
El segundo párrafo enumera lo que siempre es desestimatorio. Para recordarlo en el examen, agrúpalo en cuatro bloques:
| Bloque | Qué dice el texto |
|---|---|
| Petición | Derecho de petición del artículo 29 de la Constitución |
| Dominio o servicio público | Estimación que transferiría facultades sobre el dominio público o el servicio público |
| Medio ambiente | Actividades que puedan dañar el medio ambiente |
| Responsabilidad | Procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas |
El tercer párrafo añade dos más (impugnación de actos y disposiciones, y revisión de oficio a solicitud) y una excepción a la excepción: el recurso de alzada contra una desestimación presunta se entiende estimado si pasa el plazo sin resolución expresa, salvo que la materia sea una de las del párrafo anterior. El artículo 122.2 lo recoge: pasados tres meses sin resolver, la alzada se puede entender desestimada «salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo».
- Regla
- Estimatorio
- Salvo ley, Derecho de la UE o Derecho internacional
- Siempre desestimatorio
- Derecho de petición
- Dominio o servicio público
- Daño al medio ambiente
- Responsabilidad patrimonial
- También desestimatorio
- Impugnación de actos y disposiciones
- Revisión de oficio a solicitud
- Excepción: alzada contra silencio, estimatoria salvo materias anteriores
24.2 y 24.3: qué es el silencio y qué pasa después
El silencio positivo es «a todos los efectos» un acto administrativo que pone fin al procedimiento. El negativo es una ficción con un efecto mínimo: permite recurrir. No resuelve nada.
Con eso encaja el régimen del 24.3 sobre la resolución expresa tardía, que se pregunta más de lo que parece. Si hubo silencio positivo, la Administración solo puede dictar resolución expresa si confirma lo ya producido; no puede desdecirse. Si hubo silencio negativo, resuelve sin vinculación alguna al sentido del silencio: puede conceder lo que antes se entendió denegado. La obligación de resolver sigue viva en los dos casos, porque el artículo 21.1 obliga a resolver todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación.
24.4: hacer valer el silencio y el certificado
El acto presunto se puede hacer valer ante la Administración y ante cualquier persona, física o jurídica, pública o privada. Produce efectos desde que vence el plazo máximo. Se prueba por cualquier medio admitido en Derecho, incluido el certificado, que el órgano competente para resolver expide de oficio en quince días desde que expira el plazo. Son días hábiles, porque así se cuentan los plazos señalados en días cuando una ley o el Derecho de la UE no disponen otro cómputo (art. 30.2). El interesado puede pedirlo en cualquier momento, y entonces los quince días corren desde el día siguiente a la entrada de su petición en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para resolver.
Plazos que se mezclan con el 24
- Plazo para resolver (art. 21). Lo fija la norma del procedimiento y no puede pasar de seis meses salvo ley o Derecho de la UE. Si nadie lo fija, tres meses. Se cuenta, en los iniciados a solicitud, desde que la solicitud entra en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para tramitarla; en los de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
- Cómputo (art. 30.4 y 30.5). Los plazos en meses que arrancan del silencio se cuentan desde el día siguiente a aquel en que se produce y concluyen el mismo día del mes de vencimiento (si ese mes no tiene día equivalente, el último del mes). Si el último día es inhábil, se prorroga al primer hábil siguiente.
- Alzada (art. 122). Un mes si el acto es expreso. Si no lo es, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio. La Administración tiene tres meses para resolverla.
- Reposición (art. 124). Un mes si el acto es expreso; si es presunto, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca. Se resuelve en un mes.
- Contencioso (art. 46.1 LJCA). Dos meses si el acto es expreso; seis meses si no lo es, desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Eso es lo que pide un test sobre la letra del 46.1, pero el Tribunal Constitucional entendió que la impugnación de las desestimaciones por silencio no está sujeta a ese plazo de caducidad (STC 52/2014, de 10 de abril, FJ 5, dictada con la Ley 30/1992).
- Procedimientos de oficio (art. 25). No es el 24. Si el procedimiento puede producir efectos favorables, quienes comparecieron pueden entender desestimadas sus pretensiones; si es sancionador o de intervención con efectos desfavorables, se produce la caducidad.
Un ejemplo aplicado
Marcos presenta el 14 de enero de 2026 una solicitud en el registro electrónico de la Administración competente para tramitarla. La norma del procedimiento no fija plazo máximo, así que son tres meses contados desde esa fecha de entrada: el plazo concluye el 14 de abril de 2026, martes y día hábil. Si termina ese día sin que le hayan notificado nada y ninguna ley dispone lo contrario, puede entender estimada su solicitud; el 24.4 le permite acreditarlo con el certificado, que el órgano debería expedir de oficio en quince días. Si el 20 de abril le llega una resolución expresa denegatoria, la Administración no podía dictarla: tras el silencio positivo solo cabe una resolución confirmatoria (24.3.a).
Cambia un detalle. Lucía se cae en las escaleras de un edificio municipal, reclama una indemnización al ayuntamiento y pasa el plazo sin respuesta. Es un procedimiento de responsabilidad patrimonial: silencio desestimatorio. No hay acto favorable que hacer valer. Lo que puede hacer es recurrir, y la resolución expresa posterior no queda ligada al silencio.
Cómo lo preguntan en los tests
- «En los procedimientos iniciados a solicitud, el silencio es...», con estimatorio y desestimatorio como opciones y alguna trampa del tipo «solo si el reglamento lo prevé».
- Quién puede cambiar el sentido: una norma con rango de ley, no un reglamento, o una norma de la UE o de Derecho internacional aplicable en España.
- La lista de desestimatorios, con una opción que mezcla uno de la lista con uno inventado o con uno que sigue la regla general.
- La resolución tardía: tras silencio positivo, solo confirmatoria; tras negativo, sin vinculación al sentido del silencio.
- El certificado: de oficio, en quince días desde que expira el plazo máximo para resolver.
- La alzada contra una desestimación presunta, que se entiende estimada si no se resuelve, salvo en las materias del segundo párrafo.
Test: artículo 24
Para seguir
El 24 se entiende mejor con el artículo 21, que fija la obligación de resolver y los plazos, y con el artículo 30, que explica cómo se cuentan. Para el recurso contra el silencio negativo, el artículo 121 y el 124. El derecho de petición del que habla el segundo párrafo está en el artículo 29 de la Constitución. El sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho está en el artículo 103 de la Constitución, y no confundas este artículo con el 24 de la Constitución, el de la tutela judicial efectiva.
Este artículo cae en el tema de procedimiento administrativo de convocatorias como Auxiliar administrativo del Estado, Administrativo del Estado y Técnico de gestión de la Diputación de Badajoz.
Preguntas frecuentes
¿Qué efecto tiene el silencio administrativo en un procedimiento iniciado a solicitud del interesado?
Por regla general, estimatorio: el vencimiento del plazo máximo sin notificar resolución expresa legitima al interesado para entender estimada su solicitud (art. 24.1). La regla cede si una norma con rango de ley, o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España, dispone lo contrario.
¿En qué casos el silencio es desestimatorio en un procedimiento a solicitud?
En los de derecho de petición (art. 29 de la Constitución), en los que transferirían al solicitante o a terceros facultades sobre el dominio público o el servicio público, en los que impliquen actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los de responsabilidad patrimonial. También en los de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud, con una salvedad: la alzada interpuesta contra la desestimación por silencio de una solicitud se entiende estimada si no se resuelve en plazo, salvo en las materias anteriores (art. 24.1, tercer párrafo).
¿Qué pasa si la Administración resuelve tarde después de un silencio positivo?
Solo puede dictar una resolución expresa si confirma el acto producido por silencio (art. 24.3.a). Si el silencio fue negativo, puede resolver sin vinculación alguna al sentido del silencio (art. 24.3.b).
¿Cuánto tarda la Administración en expedir el certificado del silencio?
Quince días hábiles (art. 30.2) desde que expira el plazo máximo para resolver, y lo expide de oficio el órgano competente para resolver (art. 24.4). El interesado puede pedirlo en cualquier momento; entonces los quince días se cuentan desde el día siguiente a aquel en que su petición entró en el registro electrónico.
¿Cuál es el plazo máximo para resolver si la norma del procedimiento no lo fija?
Tres meses (art. 21.3). Con plazo fijado por la norma, no puede exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o lo prevea el Derecho de la Unión Europea (art. 21.2).
Fuentes
- Jefatura del Estado (2015). Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículos 21, 24, 25, 30, 122 y 124 (texto consolidado; el artículo 24 conserva su redacción original, en vigor desde el 2 de octubre de 2016; última actualización publicada de la norma: 6 de noviembre de 2024). Boletín Oficial del Estado, n.º 236, de 2 de octubre de 2015 (BOE-A-2015-10565). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
- Jefatura del Estado (1998). Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, artículo 46 (texto consolidado). Boletín Oficial del Estado (BOE-A-1998-16718). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718
- Tribunal Constitucional (2014). Sentencia 52/2014, de 10 de abril de 2014 (cuestión de inconstitucionalidad 2918-2005, sobre la segunda frase del artículo 46.1 de la Ley 29/1998), fundamento jurídico 5. Boletín Oficial del Estado, n.º 111, de 7 de mayo de 2014 (BOE-A-2014-4822). boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4822
- Cortes Generales (1978). Constitución Española, artículo 29 (texto consolidado). Boletín Oficial del Estado, n.º 311, de 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
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