Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común: tema completo para oposiciones

La Ley 39/2015 está en la parte general de casi todos los temarios de auxiliar administrativo, administrativo, técnico y policía local,, y da mucho juego en un test porque está llena de plazos parecidos entre sí. Aquí va ordenada como la propia ley, con el número de artículo en cada dato preguntable y un test de 20 preguntas al final. Es uno de los temas en abierto de la sección de convocatorias de oposiciones.

Cómo está organizada la ley

Tiene 133 artículos: un título preliminar (objeto y ámbito, arts. 1 y 2) y seis títulos. El I trata de los interesados (3 a 12); el II, de la actividad de las Administraciones (13 a 33); el III, de los actos administrativos (34 a 52); el IV, del procedimiento (53 a 105); el V, de la revisión de los actos (106 a 126), y el VI, de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria (127 a 133).

Objeto y ámbito (arts. 1 y 2)

La ley regula los requisitos de validez y eficacia de los actos, el procedimiento común a todas las Administraciones (incluidos el sancionador y el de responsabilidad patrimonial) y los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria (art. 1.1).

Se aplica al sector público: Administración General del Estado, Administraciones autonómicas, entidades locales y sector público institucional (art. 2.1). La trampa habitual está en el artículo 2.3: solo son «Administraciones Públicas» las tres territoriales y los organismos públicos y entidades de derecho público. Las entidades de derecho privado y las universidades públicas forman parte del sector público institucional, pero no tienen esa consideración.

Los interesados (arts. 3 a 12)

Tienen capacidad de obrar ante la Administración las personas físicas o jurídicas que la tengan según las normas civiles, los menores para los derechos e intereses que el ordenamiento les permite ejercer sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela y, cuando la ley lo declare expresamente, los grupos de afectados y las entidades sin personalidad jurídica (art. 3).

Son interesados (art. 4.1) quienes promueven el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, quienes sin haberlo iniciado tienen derechos que pueden resultar afectados, y aquellos cuyos intereses legítimos pueden verse afectados y se personan antes de que haya resolución definitiva. La diferencia que se pregunta: los titulares de derechos son interesados aunque no se personen; los de intereses legítimos tienen que personarse.

De la representación (art. 5), dos ideas. Hay que acreditarla para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos; para los actos de mero trámite se presume (art. 5.3). Y si falta o es insuficiente, el acto se tiene por realizado siempre que se subsane en diez días (art. 5.6). La misma lista de cinco actuaciones es la que exige firma según el artículo 11.2; para todo lo demás basta con identificarse (art. 11.1).

Derechos, registros y relación electrónica (arts. 13 a 28)

El artículo 13 recoge los derechos de las personas (cualquiera con capacidad de obrar): comunicarse a través del Punto de Acceso General electrónico, ser asistidas en el uso de medios electrónicos, usar las lenguas oficiales de su comunidad autónoma, acceder a la información pública, ser tratadas con respeto y deferencia y la protección de sus datos, entre otros. No lo confundas con el artículo 53, el de los derechos del interesado en un procedimiento concreto: conocer el estado de la tramitación y obtener copias, identificar al personal responsable, no presentar originales, alegar antes del trámite de audiencia y actuar asistido de asesor.

Quién está obligado a relacionarse electrónicamente (art. 14.2): las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional de colegiación obligatoria en los trámites propios de esa actividad, quienes representen a un obligado y los empleados públicos en los trámites que realicen por su condición de tales. Las personas físicas eligen el medio y pueden cambiarlo en cualquier momento (art. 14.1), salvo que un reglamento obligue a ciertos colectivos (art. 14.3). Si un obligado presenta la solicitud en papel, la fecha que cuenta es la de la subsanación electrónica (art. 68.4).

Registros (art. 16). Cada Administración tiene un Registro Electrónico General. Los documentos pueden presentarse en el registro electrónico de la Administración destinataria o en el de cualquier otro sujeto del artículo 2.1, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España y en las oficinas de asistencia en materia de registros (art. 16.4). Lo que se presenta en papel lo digitaliza la oficina de asistencia y el original se devuelve al interesado (art. 16.5).

El interesado no tiene que aportar documentos que ya estén en poder de la Administración actuante o que haya elaborado cualquier otra; esta puede consultarlos salvo que él se oponga (art. 28.2).

Obligación de resolver y silencio administrativo (arts. 21 a 25)

La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos (art. 21.1), con dos excepciones: la terminación por pacto o convenio y los procedimientos sometidos solo a declaración responsable o comunicación.

El plazo se cuenta desde el acuerdo de iniciación si el procedimiento es de oficio, y desde que la solicitud entra en el registro electrónico de la Administración u organismo competente si es a instancia de parte (art. 21.3).

Silencio en procedimientos a solicitud del interesado (art. 24). Regla general: estimatorio. Es desestimatorio cuando lo establece una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea o internacional, y además en el derecho de petición, la transferencia de facultades sobre el dominio público o el servicio público, las actividades que puedan dañar el medio ambiente, la responsabilidad patrimonial, los recursos y la revisión de oficio a solicitud del interesado. Con una excepción: la alzada contra la desestimación presunta de una solicitud se entiende estimada si no se resuelve en plazo, salvo en las cuatro primeras materias (art. 24.1).

La estimación por silencio es un acto que pone fin al procedimiento y la resolución tardía solo puede confirmarla; la desestimación solo permite recurrir (arts. 24.2 y 24.3).

Procedimientos iniciados de oficio (art. 25). Si de ellos pudiera derivarse el reconocimiento de derechos, los interesados que hayan comparecido pueden entender desestimadas sus pretensiones. Si la Administración ejerce potestades sancionadoras o de intervención con efectos desfavorables, se produce la caducidad.

Términos y plazos: cómo se cuentan (arts. 29 a 33)

Si el último día es inhábil, el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente (art. 30.5). Si un día es hábil donde reside el interesado e inhábil en la sede del órgano, o al revés, se considera inhábil en todo caso (art. 30.6). El registro electrónico admite documentos las veinticuatro horas de todos los días del año, pero lo presentado en día inhábil se entiende presentado en la primera hora del primer día hábil siguiente (art. 31.2).

La ampliación de plazos no puede exceder de la mitad del plazo, se decide antes de que venza y no admite recurso (art. 32). La tramitación de urgencia reduce a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, salvo los de presentación de solicitudes y recursos, y el acuerdo que la declara tampoco es recurrible (art. 33).

El acto administrativo (arts. 34 a 52)

Los actos se producen por el órgano competente y por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma (arts. 34 y 36). El artículo 35 enumera los que deben motivarse, «con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho»; entre ellos, los que limitan derechos o intereses legítimos, los que resuelven recursos y los dictados en ejercicio de potestades discrecionales.

Eficacia (art. 39). Los actos se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que dispongan otra cosa. La eficacia se demora si lo exige su contenido o está supeditada a notificación, publicación o aprobación superior. La retroactividad es excepcional (art. 39.3).

Notificación (arts. 40 a 46)

Si el interesado rechaza la notificación, el trámite se da por efectuado (art. 41.5).

Nulidad y anulabilidad (arts. 47 a 52)

	Nulidad (art. 47)	Anulabilidad (art. 48)
Cuándo	Solo en los casos tasados del art. 47	Cualquier otra infracción del ordenamiento, incluso la desviación de poder
Defecto de forma	Prescindir total y absolutamente del procedimiento	Solo si falta un requisito indispensable o causa indefensión
Convalidación	No cabe	Sí, subsanando el vicio (art. 52)
Revisión por la Administración	De oficio, en cualquier momento (art. 106)	Declaración de lesividad en cuatro años (art. 107)

Son nulos de pleno derecho (art. 47.1) los actos que lesionan derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; los de contenido imposible; los constitutivos de infracción penal o dictados como consecuencia de esta; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento o de las reglas para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; los actos expresos o presuntos por los que se adquieren facultades o derechos sin los requisitos esenciales para ello; y cualquier otro que establezca una ley.

En la lista no está la incompetencia jerárquica: es un vicio que puede convalidar el superior jerárquico del órgano que dictó el acto (art. 52.3). Tampoco anula el acto actuar fuera de plazo, salvo que lo imponga la naturaleza del término (art. 48.3).

Las fases del procedimiento (arts. 53 a 105)

1. IniciaciónSolicitud con el contenido del art. 66; subsanación en diez días
2. OrdenaciónImpulso de oficio; trámites del interesado en diez días
3. PruebaEntre diez y treinta días; extraordinaria, hasta diez más
4. InformesFacultativos y no vinculantes; se emiten en diez días
5. AudienciaEntre diez y quince días, antes de la propuesta
6. FinalizaciónResolución, desistimiento, renuncia, caducidad o imposibilidad material

Iniciación (arts. 54 a 69). De oficio o a solicitud del interesado (art. 54). De oficio es por acuerdo del órgano competente: por propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia (art. 58). La denuncia no convierte por sí sola al denunciante en interesado (art. 62.5), y el sancionador se inicia siempre de oficio (art. 63.1). Si la solicitud no reúne los requisitos, se requiere al interesado para que la subsane en diez días, ampliables hasta cinco más salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva; si no lo hace, se le tiene por desistido (art. 68). Las medidas provisionales previas al procedimiento deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, dentro de los quince días siguientes (art. 56.2).

Ordenación (arts. 70 a 74). El procedimiento se impulsa de oficio y los expedientes se despachan por orden riguroso de incoación (art. 71). Las cuestiones incidentales no suspenden la tramitación, salvo la recusación (art. 74).

Instrucción (arts. 75 a 83). Las alegaciones caben en cualquier momento anterior al trámite de audiencia (art. 76.1). Los informes, salvo disposición expresa en contrario, son facultativos y no vinculantes (art. 80.1). La audiencia se abre inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución (art. 82.1), y la información pública no puede durar menos de veinte días (art. 83.2).

Finalización (arts. 84 a 95). Ponen fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho, la declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo (art. 84). La resolución es congruente con lo pedido y no puede agravar la situación inicial del interesado (art. 88.2). Si el procedimiento se paraliza por causa imputable al solicitante, la Administración le advierte de que a los tres meses caducará (art. 95.1). Los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción (art. 95.3).

Revisión de oficio y recursos (arts. 106 a 126)

Revisión de oficio. Los actos nulos se revisan en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico (art. 106.1). Los anulables favorables no puede anularlos la propia Administración: tiene que declararlos lesivos para el interés público, como máximo cuatro años después de dictarse, e impugnarlos ante los tribunales de lo contencioso-administrativo (art. 107). En ambos casos el procedimiento iniciado de oficio caduca a los seis meses (arts. 106.5 y 107.3). Los errores materiales, de hecho o aritméticos se rectifican en cualquier momento (art. 109.2).

Recursos. Son recurribles las resoluciones y los actos de trámite que deciden directa o indirectamente el fondo, impiden continuar o producen indefensión o perjuicio irreparable (art. 112.1). Contra las disposiciones de carácter general no cabe recurso en vía administrativa (art. 112.3). Interponer un recurso no suspende la ejecución del acto, pero si se pide la suspensión y no hay respuesta expresa en un mes, se entiende concedida (art. 117).

La alzada puede presentarse ante el órgano que dictó el acto o ante el que debe resolver; el primero tiene diez días para remitirla con su informe y el expediente (art. 121.2). Contra la resolución de una alzada solo cabe el extraordinario de revisión (art. 122.3). La reposición es potestativa, pero mientras no se resuelva, expresa o presuntamente, no se puede acudir a la vía contencioso-administrativa (art. 123.2).

Lo que más se pregunta

• Diez días es el plazo por defecto de casi todo: subsanar (68.1), cumplir trámites (73.1), emitir informes (80.2), cursar la notificación (40.2), acreditar la representación (5.6) y remitir la alzada (121.2).
• Diez días naturales, y no hábiles, para entender rechazada la notificación electrónica (43.2).
• Audiencia: entre diez y quince días (82.2). Prueba: entre diez y treinta (77.2).
• Veinte días como mínimo para la información pública (83.2) y treinta para resolver la tramitación simplificada (96.6).
• Tres meses: plazo supletorio para resolver (21.3), caducidad por inactividad del interesado (95.1), resolución de la alzada (122.2) y del extraordinario de revisión (126.3).
• Seis meses: plazo máximo general de un procedimiento (21.2) y caducidad de la revisión de oficio (106.5).
• Cuatro años: declaración de lesividad (107.2) y recurso extraordinario de revisión por error de hecho (125.2).
• Cuatro medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas (100.1).

Cómo memorizar tantos plazos

Agrúpalos por número y no por artículo, como en la lista anterior. Para las listas cerradas (causas de nulidad, obligados a la relación electrónica) sirven las reglas mnemotécnicas con iniciales.

Después, tapa la columna derecha de cada tabla e intenta decir el plazo y el artículo antes de releer; es practicar recordando. Repítelo al día siguiente, a la semana y a las tres semanas, con un calendario de repaso espaciado. Y si el examen penaliza los fallos, mira cuándo arriesgar en un tipo test.

La competencia, la abstención y recusación y los principios de la potestad sancionadora y de la responsabilidad patrimonial están en el tema de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Test de 20 preguntas sobre la Ley 39/2015

1. Según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, ¿quién de los siguientes NO está obligado en todo caso a relacionarse electrónicamente con la Administración?

Una sociedad limitada Una comunidad de bienes, como entidad sin personalidad jurídica Una persona física que presenta una solicitud en su propio nombre Quien representa a una persona jurídica

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Una persona física que presenta una solicitud en su propio nombre. Art. 14.1 y 14.2: las personas físicas pueden elegir el medio; están obligadas las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, los profesionales colegiados en su actividad, los representantes de un obligado y los empleados públicos.

2. ¿En qué supuesto tiene un menor de edad capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?

En ninguno: siempre actúa su representante legal Para el ejercicio y defensa de los derechos e intereses cuya actuación le permita el ordenamiento sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela Solo a partir de los dieciséis años Solo en los procedimientos iniciados de oficio

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Para el ejercicio y defensa de los derechos e intereses cuya actuación le permita el ordenamiento sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Art. 3.b): los menores tienen capacidad de obrar para los derechos e intereses que el ordenamiento les permite ejercer sin asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

3. Si falta la acreditación de la representación, ¿qué plazo debe conceder el órgano para subsanar?

Diez días, o uno superior si las circunstancias lo requieren Cinco días improrrogables Quince días Un mes

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Diez días, o uno superior si las circunstancias lo requieren. Art. 5.6: el acto se tiene por realizado si se aporta la acreditación o se subsana el defecto en el plazo de diez días, o en uno superior cuando las circunstancias del caso lo requieran.

4. ¿Para cuál de estas actuaciones NO exige el artículo 11.2 el uso obligatorio de firma?

Formular solicitudes Interponer recursos Renunciar a derechos Consultar el estado de tramitación del expediente

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Consultar el estado de tramitación del expediente. Art. 11.2: solo se requiere firma para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Para lo demás basta identificarse (art. 11.1).

5. Un ciudadano presenta un documento en papel en una oficina de asistencia en materia de registros. ¿Qué ocurre con el original?

Se archiva en la oficina durante cuatro años Se remite por correo al órgano competente Se digitaliza y se devuelve al interesado, salvo que una norma disponga su custodia Se destruye una vez digitalizado

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Se digitaliza y se devuelve al interesado, salvo que una norma disponga su custodia. Art. 16.5: los documentos presentados en mano ante la Administración se digitalizan por la oficina de asistencia en materia de registros y los originales se devuelven al interesado, salvo los supuestos en que la norma determine su custodia.

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1. Un plazo se señala por días sin más indicación. ¿Cómo se computa?

En días naturales En días hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos En días hábiles, excluyendo solo domingos y festivos En días naturales, salvo el mes de agosto

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En días hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos. Art. 30.2: cuando los plazos se señalen por días se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

2. La norma reguladora de un procedimiento no fija plazo máximo para resolver. ¿Cuál se aplica?

Tres meses Un mes Seis meses Un año

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Tres meses. Art. 21.3: cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de tres meses.

3. Un día es hábil en el municipio donde reside el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo. ¿Cómo se considera?

Hábil, porque prevalece el domicilio del interesado Hábil solo para el interesado Lo decide el órgano en cada caso Inhábil en todo caso

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Inhábil en todo caso. Art. 30.6: cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

4. En un procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado a solicitud del interesado, vence el plazo sin resolución expresa. ¿Qué efecto tiene el silencio?

Estimatorio, como regla general Produce la caducidad del procedimiento Desestimatorio Estimatorio si la cuantía es inferior a 50.000 euros

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Desestimatorio. Art. 24.1, segundo párrafo: el silencio tiene efecto desestimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Lo reitera el art. 91.3.

5. En un procedimiento sancionador vence el plazo máximo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa. ¿Qué se produce?

La caducidad La estimación por silencio La desestimación por silencio La prescripción de la infracción

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La caducidad. Art. 25.1.b): en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.

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1. ¿En qué plazo debe cursarse la notificación de un acto administrativo?

Cinco días desde que se dicta Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado Quince días desde que se firma Un mes desde que se dicta

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Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Art. 40.2: toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

2. Una notificación electrónica de carácter obligatorio se pone a disposición del interesado y este no accede a su contenido. ¿Cuándo se entiende rechazada?

A los diez días hábiles A los quince días naturales A los veinte días hábiles A los diez días naturales

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A los diez días naturales. Art. 43.2: se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

3. Nadie se hace cargo de una notificación en papel en el domicilio del interesado. ¿Qué dispone la ley?

Se repite el intento una sola vez, en hora distinta, dentro de los tres días siguientes Se repite el intento dos veces en los cinco días siguientes Se publica directamente en el Boletín Oficial del Estado Se deja en el buzón y se da por notificada

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Se repite el intento una sola vez, en hora distinta, dentro de los tres días siguientes. Art. 42.2: el intento se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. Si también resulta infructuoso, se aplica el art. 44.

4. ¿Cuál de estos actos es nulo de pleno derecho?

El que incurre en desviación de poder El dictado fuera del plazo establecido El dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia El que tiene un defecto de forma que no causa indefensión

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El dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. Art. 47.1.b): son nulos los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. La desviación de poder es causa de anulabilidad (art. 48.1).

5. Como regla general, ¿desde cuándo producen efectos los actos administrativos?

Desde su publicación en el diario oficial Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa Desde que son firmes en vía administrativa Desde los diez días siguientes a su notificación

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Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Art. 39.1: los actos se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. El art. 39.2 prevé la eficacia demorada.

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1. Una solicitud de iniciación no reúne los requisitos del artículo 66. ¿Qué hace la Administración?

La inadmite directamente La archiva sin más trámite Concede cinco días para subsanar Requiere al interesado para que subsane en diez días, con indicación de que si no lo hace se le tendrá por desistido

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Requiere al interesado para que subsane en diez días, con indicación de que si no lo hace se le tendrá por desistido. Art. 68.1: se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

2. ¿Qué duración tiene el trámite de audiencia?

Diez días exactos No inferior a quince días ni superior a veinte No inferior a diez días ni superior a quince No inferior a veinte días

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No inferior a diez días ni superior a quince. Art. 82.2: los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

3. ¿Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada?

Tres meses Un mes Dos meses Seis meses

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Tres meses. Art. 122.2: el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido sin resolución, se podrá entender desestimado, salvo el supuesto del art. 24.1, tercer párrafo.

4. ¿Ante qué órgano se interpone el recurso potestativo de reposición?

Ante el superior jerárquico del que dictó el acto Ante el Consejo de Estado Ante el juzgado de lo contencioso-administrativo Ante el mismo órgano que dictó el acto

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Ante el mismo órgano que dictó el acto. Art. 123.1: los actos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado.

5. El recurso extraordinario de revisión se funda en un error de hecho que resulta de los documentos del expediente. ¿En qué plazo se interpone?

Tres meses desde la notificación Cuatro años desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada Un mes desde la notificación En cualquier momento

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Cuatro años desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Art. 125.2: cuando se trate de la causa a) del apartado 1 (error de hecho), el plazo es de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, tres meses.

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