Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: tema completo para oposiciones

Si la Ley 39/2015 cuenta cómo se tramita un expediente, la Ley 40/2015 dice quién lo tramita y con qué reglas se organiza por dentro la Administración. Entra en la parte general de muchos temarios de auxiliar, administrativo y técnico, a menudo limitada a su título preliminar. Esta página lo recorre artículo a artículo, con tablas para lo que se confunde y un test de 20 preguntas.

Qué hay dentro de la ley y qué parte se estudia

La ley llega hasta el artículo 158 y tiene cuatro bloques: el título preliminar (arts. 1 a 53), el título I sobre la Administración General del Estado, el título II sobre el sector público institucional y el título III sobre relaciones interadministrativas. El título preliminar se aplica a todas las Administraciones y es el que recoge este tema.

Título preliminar (arts. 1 a 53)

• Disposiciones generales
  • Objeto y ámbito (1 y 2)
  • Principios (3 y 4)
• Órganos (5 a 24)
  • Órganos administrativos
  • Competencia
  • Órganos colegiados
  • Abstención y recusación
• Potestad sancionadora
  • Principios (25 a 29)
  • Prescripción (30)
  • Concurrencia (31)
• Responsabilidad patrimonial
  • De la Administración (32 a 35)
  • De autoridades y personal (36 y 37)
• Funcionamiento electrónico
  • Sede y portal (38 y 39)
  • Actuación automatizada (41)
  • Archivo (46)
• Convenios (47 a 53)
  • Tipos
  • Contenido y duración
  • Extinción

Ámbito y principios generales (arts. 1 a 4)

El objeto (art. 1) son las bases del régimen jurídico de las Administraciones, los principios de la responsabilidad patrimonial y de la potestad sancionadora, y la organización de la Administración General del Estado y de su sector público institucional. El ámbito subjetivo (art. 2) es el mismo que el de la Ley 39/2015, con la misma trampa: solo tienen la consideración de Administraciones Públicas las tres territoriales y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes (art. 2.3). Las entidades de derecho privado y las universidades públicas son sector público institucional, no Administración Pública.

El artículo 3 se pregunta casi literal. Empieza así: las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho. Después añade once principios de actuación, de la letra a) a la k):

1. Servicio efectivo a los ciudadanos.
2. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
3. Participación, objetividad y transparencia.
4. Racionalización y agilidad de los procedimientos.
5. Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
6. Responsabilidad por la gestión pública.
7. Planificación y dirección por objetivos, control de la gestión y evaluación de resultados.
8. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos.
9. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines.
10. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
11. Cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones.

Las Administraciones se relacionan entre sí por medios electrónicos (art. 3.2) y cada una actúa con personalidad jurídica única (art. 3.4). Cuando limitan derechos o exigen requisitos para una actividad, deben aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva (art. 4.1).

Los órganos administrativos (arts. 5 a 7)

Son órganos administrativos las unidades administrativas a las que se atribuyen funciones con efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tiene carácter preceptivo (art. 5.1). Crear uno exige, al menos, tres cosas (art. 5.3): determinar su forma de integración en la Administración y su dependencia jerárquica, delimitar sus funciones y competencias, y dotarlo de los créditos necesarios. No pueden crearse órganos que dupliquen otros sin suprimir o restringir la competencia de estos (art. 5.4).

Los órganos dirigen a sus inferiores mediante instrucciones y órdenes de servicio. Incumplirlas no afecta por sí solo a la validez del acto, aunque puede generar responsabilidad disciplinaria (art. 6).

La competencia y las formas de alterar su ejercicio (arts. 8 a 14)

La competencia es irrenunciable y la ejerce el órgano que la tiene atribuida como propia, salvo delegación o avocación (art. 8.1). El mismo artículo aclara que delegación de competencias, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad, solo elementos de su ejercicio. La desconcentración (art. 8.2) es distinta: traslada titularidad y ejercicio a órganos jerárquicamente dependientes.

Los detalles que más caen:

• No se puede delegar (art. 9.2): los asuntos referidos a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno, las Cortes Generales y las presidencias de los consejos de gobierno y asambleas legislativas autonómicas; la adopción de disposiciones de carácter general; la resolución de recursos por el órgano que dictó el acto recurrido; y lo que determine una norma con rango de ley.
• Las resoluciones dictadas por delegación lo indican expresamente y se consideran dictadas por el órgano delegante (art. 9.4). Salvo autorización expresa de una ley, no se delega lo que se ejerce por delegación (art. 9.5). La delegación es revocable en cualquier momento (art. 9.6).
• Tampoco puede delegarse la resolución de un procedimiento cuando ya se ha emitido en él un dictamen o informe preceptivo (art. 9.5).
• Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque puede impugnarse en el que se interponga contra la resolución del procedimiento (art. 10.2).
• La encomienda no puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos del sector público (art. 11.1). Dentro de la misma Administración se formaliza según su normativa propia o, en su defecto, por acuerdo expreso; entre Administraciones distintas, mediante convenio (art. 11.3).

Los conflictos de atribuciones solo caben entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y sobre asuntos cuyo procedimiento no haya finalizado (art. 14.3).

Órganos colegiados (arts. 15 a 22)

Los artículos 15 a 18 valen para los órganos colegiados de todas las Administraciones; los artículos 19 a 22 solo para los de la Administración General del Estado y sus entidades de derecho público.

Reglas comunes:

• Todo órgano colegiado tiene un secretario, que puede ser un miembro del órgano o una persona al servicio de la Administración correspondiente (art. 16.1).
• Pueden constituirse, convocarse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos tanto en persona como a distancia, salvo que su reglamento interno diga expresa y excepcionalmente lo contrario (art. 17.1).
• Quórum de constitución: presidente y secretario, o quienes les suplan, y la mitad, al menos, de los miembros (art. 17.2).
• No se delibera ni se acuerda nada que no esté en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros y se declare la urgencia por el voto favorable de la mayoría (art. 17.4).
• Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos (art. 17.5). Quien vota en contra o se abstiene queda exento de la responsabilidad que pueda derivarse (art. 17.6).
• El acta la levanta el secretario y se aprueba en la misma reunión o en la siguiente (art. 18).

En los órganos colegiados de la Administración General del Estado, además: el presidente dirime los empates con su voto (art. 19.2.d); los miembros reciben la convocatoria con una antelación mínima de dos días (art. 19.3.a); los miembros natos por razón de su cargo no pueden abstenerse en las votaciones (art. 19.3.c); el secretario que no es miembro asiste con voz pero sin voto (art. 19.4.a), y el voto particular se formula por escrito en dos días (art. 19.5). Para ser órgano colegiado en ese ámbito hacen falta tres o más personas (art. 20.1).

Abstención y recusación (arts. 23 y 24)

Los cinco motivos del artículo 23.2 son los mismos para las dos figuras:

1. Tener interés personal en el asunto o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel, ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
2. Vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, y parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con los interesados, los administradores de entidades interesadas o sus asesores, representantes legales o mandatarios; también compartir despacho profesional o estar asociado con estos.
3. Amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de esas personas.
4. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento.
5. Tener relación de servicio con persona interesada directamente en el asunto, o haberle prestado servicios profesionales en los dos últimos años.

	Abstención (art. 23)	Recusación (art. 24)
Quién la promueve	La propia autoridad o empleado, o su superior	Los interesados
Cuándo	Al concurrir el motivo	En cualquier momento de la tramitación
Forma	Comunicación al superior inmediato	Por escrito, expresando la causa
Quién decide	El superior inmediato	El superior inmediato, en tres días si el recusado niega la causa
Efecto si prospera	El titular puede ser suplido (art. 13.1)	El superior acuerda la sustitución

Actuar con un motivo de abstención no implica necesariamente, y en todo caso, la invalidez del acto (art. 23.4), pero da lugar a responsabilidad (art. 23.5). En la recusación, el recusado manifiesta a su superior al día siguiente si concurre o no la causa: si la reconoce y el superior la aprecia, acuerda su sustitución acto seguido; si la niega, resuelve en tres días (arts. 24.3 y 24.4). Contra lo que se decida no cabe recurso, pero la recusación puede alegarse al recurrir el acto final (art. 24.5).

Principios de la potestad sancionadora (arts. 25 a 31)

Los criterios para graduar la sanción son cuatro (art. 29.3): el grado de culpabilidad o la intencionalidad, la continuidad o persistencia en la conducta, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia, entendida como la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza declarada por resolución firme en vía administrativa.

Prescripción cuando la ley sectorial no fija plazos (art. 30.1):

El plazo de las infracciones empieza el día en que se cometen; en las continuadas o permanentes, cuando finaliza la conducta (art. 30.2). El de las sanciones, desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución o haya transcurrido el plazo para recurrirla (art. 30.3). La prescripción se interrumpe al iniciarse, con conocimiento del interesado, el procedimiento sancionador o el de ejecución, y vuelve a correr si se paraliza más de un mes por causa no imputable al responsable.

Responsabilidad patrimonial (arts. 32 a 37)

Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión en sus bienes y derechos que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que tengan el deber jurídico de soportar (art. 32.1). La anulación de un acto no presupone, por sí misma, derecho a indemnización.

El daño ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas (art. 32.2). No se indemnizan los daños derivados de hechos que no se pudieron prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica (art. 34.1).

Otros datos preguntables:

• La cuantía se calcula con referencia al día en que la lesión se produjo y se actualiza a la fecha en que termina el procedimiento con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad (art. 34.3).
• En actuaciones conjuntas de varias Administraciones, responden de forma solidaria (art. 33.1).
• El particular reclama directamente a la Administración, no al funcionario (art. 36.1). Después, la Administración exige de oficio a su personal la responsabilidad en que haya incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves (art. 36.2).

El procedimiento está en la Ley 39/2015: el derecho a reclamar prescribe al año (art. 67.1), el dictamen del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente es preceptivo desde 50.000 euros o la cuantía que fije la legislación autonómica (art. 81.2) y, a los seis meses sin resolución, la reclamación puede entenderse desestimada (art. 91.3). Está en el tema de la Ley 39/2015.

Funcionamiento electrónico del sector público (arts. 38 a 46 bis)

El titular de la sede responde de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios (art. 38.2). En la actuación automatizada hay que indicar el órgano responsable a efectos de impugnación (art. 41.2). Los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenan por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible (art. 46.1).

Convenios (arts. 47 a 53)

Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones, sus organismos y entidades de derecho público o las universidades públicas, entre sí o con sujetos de derecho privado, para un fin común (art. 47.1). Dos exclusiones: los protocolos generales de actuación, que solo expresan intenciones sin compromisos jurídicos concretos y exigibles, no son convenios; y un convenio no puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos.

Los convenios se extinguen por el cumplimiento de su objeto o por causa de resolución: transcurso del plazo sin prórroga, acuerdo unánime, incumplimiento de alguno de los firmantes, decisión judicial que declare su nulidad u otra causa prevista en el convenio o en las leyes (art. 51).

Dónde suelen estar las trampas

• Avocación y delegación de firma no se publican; delegación de competencias y encomienda, sí.
• La delegación puede hacerse en órganos no dependientes jerárquicamente; la delegación de firma, solo en dependientes.
• Consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad hasta el segundo. El recusado contesta al día siguiente; el superior resuelve en tres días.
• Infracciones leves, seis meses; sanciones leves, un año. Es la única casilla en que los dos plazos no coinciden.
• Responsabilidad por funcionamiento normal o anormal. La acción de regreso exige dolo, o culpa o negligencia graves.
• Convenios: cuatro años más cuatro. Tribunal de Cuentas: más de 600.000 euros y tres meses.

Un plan para fijarlo

Este tema tiene pocas cifras y muchas listas. Para los principios del artículo 3 y los motivos de abstención, fabrica una frase con las iniciales, como explicamos en reglas mnemotécnicas. La tabla de las cinco técnicas de la competencia se presta a un cuadro comparativo hecho a mano.

El resto es practicar recordando con el test de abajo y repartir los repasos con un calendario de repaso espaciado. Si te cuesta retener el tema entero, mira cómo memorizar un tema. Tienes más temas en abierto en la sección de convocatorias.

Test de 20 preguntas sobre la Ley 40/2015

1. Según el artículo 3.1, las Administraciones Públicas actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y…

Colaboración Subsidiariedad Autonomía Coordinación

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Coordinación. Art. 3.1: sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

2. ¿Cuál de estos NO es un requisito que el artículo 5.3 exija para crear un órgano administrativo?

Delimitar sus funciones y competencias Obtener informe previo del Consejo de Estado Dotarlo de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento Determinar su forma de integración en la Administración y su dependencia jerárquica

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Obtener informe previo del Consejo de Estado. Art. 5.3: los requisitos son la determinación de su forma de integración y dependencia jerárquica, la delimitación de funciones y competencias y la dotación de créditos. No se exige informe del Consejo de Estado.

3. ¿Cuál de estas competencias no puede delegarse en ningún caso?

La adopción de disposiciones de carácter general La resolución de un procedimiento que requiere informe preceptivo aún no emitido La firma de actos de trámite La concesión de una subvención

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La adopción de disposiciones de carácter general. Art. 9.2.b): en ningún caso podrá delegarse la adopción de disposiciones de carácter general. El art. 9.5 solo impide delegar la resolución cuando el informe preceptivo ya se ha emitido.

4. ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo de avocación?

Recurso de alzada Recurso potestativo de reposición Ninguno, aunque puede impugnarse en el recurso que se interponga contra la resolución del procedimiento Recurso extraordinario de revisión

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Ninguno, aunque puede impugnarse en el recurso que se interponga contra la resolución del procedimiento. Art. 10.2: contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

5. Una encomienda de gestión entre órganos de distintas Administraciones se formaliza mediante…

Acuerdo expreso de los órganos intervinientes Convenio entre ellas Orden ministerial Resolución del órgano encomendado

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Convenio entre ellas. Art. 11.3.b): cuando la encomienda se realice entre órganos y entidades de derecho público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio.

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1. Para la válida constitución de un órgano colegiado se requiere la asistencia, en persona o a distancia, de…

Todos sus miembros El presidente y dos tercios de los miembros El presidente y el secretario, o quienes les suplan, y la mitad, al menos, de sus miembros El secretario y un tercio de los miembros

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El presidente y el secretario, o quienes les suplan, y la mitad, al menos, de sus miembros. Art. 17.2: se requerirá la asistencia del presidente y secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

2. ¿Cuándo puede un órgano colegiado acordar sobre un asunto que no figura en el orden del día?

Cuando asistan todos los miembros y se declare la urgencia por el voto favorable de la mayoría Cuando lo decida el presidente Cuando lo pida un tercio de los miembros Nunca

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Cuando asistan todos los miembros y se declare la urgencia por el voto favorable de la mayoría. Art. 17.4: no podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros y sea declarada la urgencia por el voto favorable de la mayoría.

3. ¿Hasta qué grado de parentesco con un interesado existe motivo de abstención?

Consanguinidad dentro del segundo grado y afinidad dentro del primero Consanguinidad y afinidad dentro del cuarto grado Consanguinidad dentro del tercer grado y afinidad dentro del segundo Consanguinidad dentro del cuarto grado y afinidad dentro del segundo

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Consanguinidad dentro del cuarto grado y afinidad dentro del segundo. Art. 23.2.b): parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.

4. El recusado niega la causa de recusación. ¿En qué plazo resuelve su superior?

En el día siguiente En tres días En cinco días En diez días

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En tres días. Art. 24.4: si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

5. Una autoridad interviene en un procedimiento pese a concurrir un motivo de abstención. ¿Qué consecuencia tiene sobre el acto?

No implica, necesariamente y en todo caso, su invalidez Es nulo de pleno derecho en todo caso Es anulable en todo caso Se convalida automáticamente

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No implica, necesariamente y en todo caso, su invalidez. Art. 23.4: la actuación de autoridades y personal en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

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1. Si la ley que establece las infracciones no fija plazos de prescripción, ¿cuándo prescriben las infracciones?

Muy graves a los cinco años, graves a los tres y leves al año Muy graves a los tres años, graves a los dos y leves al año Muy graves a los tres años, graves a los dos y leves a los seis meses Muy graves a los cuatro años, graves a los dos y leves a los seis meses

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Muy graves a los tres años, graves a los dos y leves a los seis meses. Art. 30.1: las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.

2. En defecto de plazo en la ley sectorial, ¿cuándo prescribe una sanción impuesta por falta leve?

A los seis meses A los tres meses A los dos años Al año

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Al año. Art. 30.1: las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

3. ¿Qué límite impone el principio de proporcionalidad a las sanciones administrativas?

En ningún caso pueden implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad No pueden superar los 3.000 euros Solo pueden ser pecuniarias No pueden imponerse a personas jurídicas

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En ningún caso pueden implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. Art. 29.1: las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.

4. Para ser indemnizable, el daño alegado ha de ser…

Grave, directo y personal Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas Cierto, ilícito y superior a 50.000 euros Efectivo, imprevisible e irreparable

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Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Art. 32.2: en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

5. Tras indemnizar al lesionado, la Administración exige de oficio a sus autoridades y personal la responsabilidad en que hayan incurrido por…

Cualquier tipo de culpa Dolo exclusivamente Simple negligencia Dolo, o culpa o negligencia graves

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Dolo, o culpa o negligencia graves. Art. 36.2: la Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves.

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1. ¿Qué es una actuación administrativa automatizada?

La realizada íntegramente a través de medios electrónicos en un procedimiento, sin intervención directa de un empleado público La firmada electrónicamente por el titular del órgano La notificada por comparecencia en sede electrónica La tramitada por un órgano colegiado a distancia

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La realizada íntegramente a través de medios electrónicos en un procedimiento, sin intervención directa de un empleado público. Art. 41.1: cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.

2. El punto de acceso electrónico que permite acceder a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente es…

El registro electrónico La sede electrónica El portal de internet El archivo electrónico único

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El portal de internet. Art. 39: se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración, organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica.

3. Salvo que una norma prevea un plazo superior, ¿cuál es la duración máxima de un convenio?

Dos años Cuatro años Cinco años Diez años

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Cuatro años. Art. 49.h).1.º: los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

4. ¿Qué convenios deben remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización autonómico?

Todos, en el plazo de un mes Los que duren más de cuatro años Los firmados con sujetos de derecho privado Aquellos cuyos compromisos económicos superen los 600.000 euros, dentro de los tres meses siguientes a su suscripción

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Aquellos cuyos compromisos económicos superen los 600.000 euros, dentro de los tres meses siguientes a su suscripción. Art. 53.1: dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma.

5. ¿Cuál de estos instrumentos NO tiene la consideración de convenio?

El acuerdo entre dos ayuntamientos para un fin común El firmado entre un organismo público y una fundación privada El protocolo general de actuación que solo contiene declaraciones de intención El firmado entre dos organismos de la misma Administración

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El protocolo general de actuación que solo contiene declaraciones de intención. Art. 47.1: no tienen la consideración de convenios los protocolos generales de actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general, siempre que no supongan compromisos jurídicos concretos y exigibles.

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