Artículo 47 de la Ley 39/2015: nulidad de pleno derecho de los actos y disposiciones
En pocas palabras
- El artículo 47.1 enumera siete casos en los que un acto de las Administraciones Públicas es nulo de pleno derecho, de la letra a) a la g), y el 47.2 añade las disposiciones administrativas nulas.
- La incompetencia solo hace nulo el acto si es manifiesta y por razón de la materia o del territorio, y el vicio de procedimiento, si se prescinde de él total y absolutamente; lo que no encaja en ninguna letra del 47.1 lleva, como mucho, a la anulabilidad (art. 48).
- Los actos nulos se revisan de oficio en cualquier momento, con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente (art. 106); los anulables se pueden convalidar (art. 52) y, si son favorables, la Administración solo puede llevarlos a los tribunales tras declararlos lesivos dentro de los cuatro años (art. 107).
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El artículo 47 de la Ley 39/2015 es de los que más se repiten en los tests de procedimiento administrativo, y casi siempre en el mismo formato: te dan un vicio concreto y hay que decidir si el acto es nulo o solo anulable. Las letras a) a g) hay que saberlas con sus adverbios («manifiestamente», «total y absolutamente») y con sus adjetivos («esenciales»), porque ahí está la trampa. El marco completo de la ley está en el tema del procedimiento administrativo común.
Texto literal del artículo 47
El texto consolidado del BOE (última actualización de la ley publicada el 6 de noviembre de 2024) no señala ninguna modificación del artículo: se mantiene la redacción original, vigente desde el 2 de octubre de 2016.
Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.
- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Los que tengan un contenido imposible. d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.
- También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
47.1: las siete causas, una a una
| Letra | Qué se pregunta | Matiz que cae |
|---|---|---|
| a) | Derechos susceptibles de amparo | Los de los artículos 14 a 29 y la objeción de conciencia del 30, según el 53.2 de la Constitución; ver el artículo 53 |
| b) | Incompetencia | Solo la manifiesta, y solo por materia o por territorio; la jerárquica no está |
| c) | Contenido imposible | Imposible, no simplemente ilegal: el contenido contrario a la ley sin más va al 48.1 |
| d) | Infracción penal | Vale tanto el acto que lo es como el dictado como consecuencia de ella |
| e) | Procedimiento | «Total y absolutamente»; incluye las reglas esenciales de formación de la voluntad de los órganos colegiados |
| f) | Adquisición de derechos | Actos expresos o presuntos (sirve para el silencio positivo) y solo si faltan requisitos «esenciales» |
| g) | Cláusula abierta | Solo si una norma con rango de ley lo dice expresamente; no basta un reglamento |
47.2: las disposiciones administrativas nulas
El apartado 2 no habla de actos sino de disposiciones (reglamentos), y no lleva letras. Declara nulas las que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior; las que regulen materias reservadas a la ley; y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Este último supuesto repite la irretroactividad que garantiza el artículo 9.3 de la Constitución.
Lo que de verdad cae
Nulo frente a anulable. El artículo 48.1 declara anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. El 48.2 aclara que el defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando falta un requisito formal indispensable para alcanzar el fin del acto o se produce indefensión. Y el 48.3, que actuar fuera de plazo solo hace anulable el acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
Cuándo se corrige. Un acto anulable se puede convalidar (art. 52) o, si es favorable al interesado, la Administración puede impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa tras declararlo lesivo para el interés público, y esa declaración no puede adoptarse una vez pasados cuatro años desde que se dictó el acto (art. 107.2). Para el acto nulo no hay plazo: el artículo 106.1 permite declarar la nulidad «en cualquier momento», de oficio o a solicitud de interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere. El límite está en el artículo 110: no se puede revisar cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
Plazos de la revisión de oficio. Si se inicia de oficio, a los seis meses sin resolución caduca; si se inició a solicitud de interesado, se puede entender desestimada por silencio (art. 106.5). El procedimiento de lesividad también caduca a los seis meses (art. 107.3). Y el órgano puede inadmitir a trámite, de forma motivada y sin dictamen, la solicitud que no se base en una causa del 47.1, que carezca manifiestamente de fundamento o que sea sustancialmente igual a otras ya desestimadas en cuanto al fondo (art. 106.3).
Qué actos. El 106.1 se aplica a actos que han puesto fin a la vía administrativa o que no han sido recurridos en plazo, en los supuestos del 47.1. Las disposiciones del 47.2 se tratan en el 106.2, que solo prevé la revisión de oficio (no menciona la solicitud de interesado) y usa «podrán», frente al «declararán» del 106.1.
Efectos prácticos. Los actos se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan (art. 39.1). Recurrir no suspende la ejecución (art. 117.1), pero el 117.2.b) permite suspenderla cuando la impugnación se funda en una causa de nulidad del 47.1. Los recursos de alzada y reposición pueden fundarse en motivos de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48 (art. 112.1).
Ejemplo aplicado. El Ayuntamiento de Cádiz concede una licencia de obras para una parcela situada en el término municipal de Jerez de la Frontera: órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio, 47.1.b), nulo. En cambio, si un jefe de servicio resuelve un asunto que correspondía al director general, su superior jerárquico, la incompetencia no es por materia ni por territorio: es anulable (48.1), y el director general puede convalidar el acto (52.3). Y si la resolución se dicta sin tramitar ningún expediente, estamos en el 47.1.e). Si solo falta un trámite, el acto alcanza su fin y el interesado no ha quedado indefenso, no es nulo ni anulable: el 48.2 reserva la anulabilidad por defecto de forma a la falta de requisitos formales indispensables y a la indefensión.
Cómo lo preguntan en los tests
- Una opción añade a la lista un supuesto que no está: «los dictados por órgano incompetente» sin «manifiestamente», «los dictados fuera de plazo» o «los que incurran en desviación de poder».
- Materia y territorio. La letra b) no recoge la incompetencia por razón del tiempo ni la jerárquica.
- El acto con un defecto de procedimiento parcial no entra en la letra e): hace falta prescindir «total y absolutamente».
- En la letra f) cambian «requisitos esenciales» por «requisitos exigidos» o «cualquier requisito».
- Plazo de la revisión. «En cualquier momento» para la nulidad, cuatro años para la lesividad.
- El dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma ha de ser favorable; no basta con pedirlo.
- Actos o disposiciones. El 47.1 para los actos y el 47.2 para las disposiciones.
Test: artículo 47
Para seguir
El artículo 47 se completa con la revisión de oficio del artículo 106, con los recursos administrativos del artículo 112 y con la notificación de los actos del artículo 40. Entre los derechos susceptibles de amparo de la letra a) están la igualdad del artículo 14 de la Constitución y la tutela judicial efectiva del artículo 24. La irretroactividad que recoge el 47.2 viene del artículo 9.3 de la Constitución.
La nulidad y la anulabilidad se preguntan en convocatorias como Auxiliar administrativo del Estado, Administrativo del Estado, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos supuestos de nulidad de pleno derecho enumera el artículo 47.1?
Siete, de la letra a) a la g): lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo, incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio, contenido imposible, infracción penal, prescindir total y absolutamente del procedimiento, adquisición de facultades o derechos sin los requisitos esenciales y cualquier otro que establezca expresamente una disposición con rango de ley.
¿Qué incompetencia hace nulo el acto y cuál solo lo hace anulable?
El 47.1.b) solo hace nulo el acto dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. La incompetencia que no es manifiesta y la jerárquica son infracciones del ordenamiento que determinan la anulabilidad (art. 48.1). En ese caso, el 52.3 permite que convalide el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto.
¿Un acto nulo de pleno derecho se puede revisar en cualquier momento?
Sí. El artículo 106.1 permite declarar la nulidad en cualquier momento, de oficio o a solicitud de interesado, si el acto ha puesto fin a la vía administrativa o no se recurrió en plazo, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma. El freno está en el artículo 110: no cabe revisar cuando, por el tiempo transcurrido u otras circunstancias, resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
¿Los reglamentos también pueden ser nulos de pleno derecho?
Sí, por el artículo 47.2: las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Su nulidad la declara la Administración de oficio (art. 106.2).
¿Un defecto de forma hace nulo un acto?
Normalmente no. Según el 48.2, el defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o da lugar a la indefensión de los interesados; si no ocurre ninguna de las dos cosas, el acto sigue siendo válido. La nulidad por motivos de procedimiento queda para el acto dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento o de las reglas esenciales de formación de la voluntad de los órganos colegiados (47.1.e).
Fuentes
- Jefatura del Estado (2015). Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículos 39, 47, 48, 52, 106, 107, 110, 112 y 117 (texto consolidado, última actualización publicada el 6 de noviembre de 2024; el artículo 47 conserva su redacción original, en vigor desde el 2 de octubre de 2016). Boletín Oficial del Estado, n.º 236, de 2 de octubre de 2015 (BOE-A-2015-10565). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
- Cortes Generales (1978). Constitución Española, artículos 9.3 y 53.2 (texto consolidado, última actualización publicada el 20 de mayo de 2026). Boletín Oficial del Estado, n.º 311, de 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
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