Oposiciones a Personal Técnico de Administración General de Chiclana de la Frontera 2026: temario, 7 plazas y examen

Chiclana de la Frontera convoca siete plazas de Personal Técnico de Administración General, de grupo A1, por oposición libre. El plazo de solicitudes terminó el 4 de noviembre de 2026, así que esta página ya no sirve para decidir si te apuntas: sirve para saber cómo será el examen y qué estudiar si estás dentro, o si preparas la siguiente convocatoria. De momento no hay fecha del primer ejercicio.

Qué se convocó y quién podía presentarse

El Ayuntamiento lo concreta del 16 de octubre al 4 de noviembre de 2026, ambos inclusive. Esa fecha, la de la sede electrónica, es la que vale. Las bases son conjuntas con otras tres plazas de Personal Técnico Jurídico, que es otra convocatoria con otro temario.

Además de la titulación, las bases piden nacionalidad española (o ser nacional de otro país en los términos del artículo 57 del TREBEP), 16 años cumplidos sin pasar de la jubilación forzosa, capacidad funcional y no estar separado del servicio ni inhabilitado. Todo, a la fecha de fin del plazo.

Qué viene ahora: lista de admitidos y fecha del examen

Las bases (base 5) fijan este orden. Dentro del mes siguiente a cerrarse el plazo, el Ayuntamiento aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos. Hay diez días hábiles para subsanar. Después, una resolución aprueba la lista definitiva, designa el tribunal y dice lugar, fecha y hora del primer ejercicio. A 15 de noviembre de 2026 la web municipal solo muestra la publicación en BOE, BOJA y BOP y el plazo de solicitudes.

Los llamamientos son únicos y quien no comparece queda excluido, salvo fuerza mayor acreditada. El tribunal anuncia cada ejercicio con al menos doce horas de antelación (veinticuatro si es uno nuevo), y entre un ejercicio y el siguiente pasan como mínimo cinco días hábiles y como máximo cuarenta y cinco.

Cómo es el examen: tres ejercicios escritos, sin test

Es una oposición clásica de desarrollo. Los tres ejercicios son obligatorios y eliminatorios, de 0 a 10 puntos, y hacen falta 5 en cada uno. Escribe con letra clara y legible: el tribunal puede leer los ejercicios en sesión pública y las bases lo exigen.

Primer ejercicio. Desarrollar por escrito un tema de carácter general que propone el tribunal, relacionado con el grupo de temas específicos, en un máximo de dos horas. El tribunal avisa antes de qué temas del programa cubre ese tema general.

Segundo ejercicio. Desarrollar por escrito tres temas sacados al azar, en un máximo de tres horas. Salen dos del bloque A (comunes) y tres del bloque B (específicas): eliges uno de los dos primeros y dos de los tres segundos. Si no desarrollas alguno de los tres, el ejercicio no se corrige y puntúa 0.

Tercer ejercicio. Uno o varios supuestos prácticos sobre las funciones de la plaza, en un máximo de dos horas. Puedes llevar legislación en papel, sin comentarios ni repertorios de supuestos.

La nota final es la media aritmética de los tres ejercicios. En caso de empate pesa primero la nota del tercero, luego la del segundo y luego la del primero. Quien aprueba y obtiene plaza entra como funcionario en prácticas durante seis meses, con una fase de formación y otra en el puesto. Se califica como «apta» o «no apta»: un «no apta» hace perder lo obtenido en la oposición. Quien haya sido interino al menos seis meses en una plaza de la misma escala y subescala queda exento de las prácticas.

Temario: 90 temas del anexo I

El anexo I tiene 90 temas: 20 comunes (bloque A) y 70 específicos (bloque B, que las bases numeran de nuevo del 1 al 70). Los títulos van abreviados; los epígrafes completos están en las bases.

Bloque A: materias comunes (A-1 a A-20)

• A-1. El Estado social y democrático de derecho y el Estado del bienestar.
• A-2. La Constitución Española de 1978 (tema completo gratis): estructura, Título Preliminar y reforma.
• A-3. Los derechos fundamentales y los deberes constitucionales (Título I; ver el mismo tema de la Constitución).
• A-4. Garantías de los derechos y libertades, suspensión y protección internacional.
• A-5. La Corona: atribuciones. Ver Corona, Cortes, Gobierno y Poder Judicial (tema completo gratis).
• A-6. Las Cortes Generales y el procedimiento legislativo (mismo tema).
• A-7. Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y órganos análogos autonómicos.
• A-8. El Gobierno: composición, designación y responsabilidad (mismo tema).
• A-9. El Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial (mismo tema).
• A-10. El Tribunal Constitucional: composición, funcionamiento y atribuciones.
• A-11. La Administración General del Estado y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
• A-12. Organización territorial del Estado: Comunidades Autónomas y Estatutos.
• A-13. Reparto de competencias Estado y Comunidades Autónomas. Financiación.
• A-14. Relaciones entre administraciones: cooperación y coordinación.
• A-15. El Estatuto de Autonomía de Andalucía y las competencias de la Junta en régimen local.
• A-16. El sector público institucional: organismos públicos y entidades.
• A-17. El régimen local: evolución, autonomía local y Carta Europea.
• A-18. La Unión Europea: instituciones, competencias y Derecho comunitario.
• A-19. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
• A-20. Igualdad de género y violencia de género (tema completo gratis): discriminación, acoso y planes de igualdad.

Bloque B: materias específicas (B-1 a B-70)

• B-1 a B-3. Derecho administrativo: fuentes, la ley, el reglamento.
• B-4 a B-5. La relación jurídico-administrativa y la organización: órganos, colegiados y competencia (para B-5, el tema gratuito de la Ley 40/2015).
• B-6 a B-8. El acto administrativo: elementos, eficacia, notificación, nulidad y anulabilidad.
• B-9 a B-14. El procedimiento administrativo en la Ley 39/2015 (tema completo gratis): iniciación, instrucción, terminación, ejecución y recursos.
• B-15 a B-16. La jurisdicción contencioso-administrativa y su procedimiento.
• B-17 a B-18. La responsabilidad patrimonial y la potestad sancionadora (también en el tema de la Ley 40/2015).
• B-19 a B-25. Contratos del sector público: partes, preparación, efectos, obras, concesiones y suministros.
• B-26 a B-29. Expropiación forzosa y bienes de las entidades locales.
• B-30 a B-32. La función pública (tema completo gratis): clases de personal, acceso, situaciones, incompatibilidades y régimen disciplinario.
• B-33 a B-35. Personal de los entes locales, gestión de recursos humanos y contrato de trabajo.
• B-36. Potestad normativa local, con el Reglamento Orgánico de Chiclana.
• B-37 a B-41. El municipio en la Ley 7/1985 (tema completo gratis): territorio, población, organización, competencias, provincia y otras entidades.
• B-42 a B-48. Sistema electoral local, sesiones y acuerdos (B-43, también en el tema gratuito), procedimiento local, relaciones interadministrativas, formas de actividad, subvenciones y servicio público.
• B-49 a B-54. Urbanismo en Andalucía: régimen del suelo, ejecución, edificación, ruina y disciplina, con dos ordenanzas de Chiclana.
• B-55 a B-61. Hacienda local: presupuesto, ejecución, liquidación, estabilidad, contabilidad y control interno.
• B-62 a B-67. Recursos de las haciendas locales, recaudación, inspección, tasas e impuestos municipales.
• B-68 a B-69. Servicios sociales y transparencia (Ley 19/2013 y Ley 1/2014 de Andalucía).
• B-70. Protección de datos de carácter personal (tema completo gratis).

Cómo organizar el estudio de 90 temas que se escriben

Como cae un tema general y tres temas al azar, no puedes dejar bloques enteros: con 70 temas específicos y solo tres sorteados, estudiar la mitad deja demasiado al azar. Lo razonable es conocer los 90 con la profundidad de un desarrollo de una hora.

1. 1Primera vueltaLee cada tema con su norma abierta y marca los artículos
2. 2EsquemaUna hoja por tema: introducción, apartados y cifras exactas
3. 3EscribirDesarrolla un tema por semana a mano y cronometrado
4. 4RepasarVuelve a los esquemas a los 7, 30 y 90 días
5. 5SupuestosResuelve casos con legislación en papel y tiempo real

Con dos temas nuevos por semana, la primera vuelta lleva unas 45 semanas; con tres, unas 30. Como la fecha del examen no se conoce, empieza por el bloque A y el derecho administrativo (B-1 a B-18), que son materia que además te hace falta para los supuestos. Deja Hacienda y urbanismo para después de tener una base jurídica.

Para fijar plazos y cifras, el esquema de una hoja por tema funciona mejor que releer. El repaso espaciado y la práctica de recuperación (escribir el tema sin mirar y corregirlo después) son lo que más rinde en un examen de desarrollo. Para repartir el tiempo hasta la fecha que salga, mira cómo se monta una planificación del estudio; para el conjunto, las técnicas de estudio para oposiciones; y para los nervios del día, ansiedad ante los exámenes.

Test de práctica: 20 preguntas del temario

Cuatro bloques de cinco preguntas con cuatro opciones. Cada corrección cita el artículo, comprobado en el texto consolidado del BOE.

1. Se propone una reforma de la Constitución que afecta al Título preliminar. Una vez aprobado el principio por dos tercios de cada Cámara, ¿qué prevé el artículo 168?

Su sometimiento inmediato a referéndum La disolución inmediata de las Cortes El dictamen previo del Tribunal Constitucional La ratificación por las Asambleas de las Comunidades Autónomas

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La disolución inmediata de las Cortes. Art. 168.1 de la Constitución: aprobado el principio por dos tercios de cada Cámara se procede a la disolución inmediata de las Cortes. Las nuevas Cámaras ratifican la decisión (art. 168.2) y la reforma se somete a referéndum (art. 168.3).

2. ¿Por cuánto tiempo se designa a los miembros del Tribunal Constitucional y cómo se renuevan?

Seis años, con renovación por mitades cada tres Nueve años, con renovación total al terminar el mandato Doce años, con renovación por cuartas partes cada tres Nueve años, con renovación por terceras partes cada tres

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Nueve años, con renovación por terceras partes cada tres. Art. 159.3 de la Constitución: designados por nueve años, se renuevan por terceras partes cada tres.

3. ¿Quién declara el estado de alarma y por qué plazo máximo inicial?

El Gobierno, mediante decreto, por un máximo de quince días El Gobierno, previa autorización del Congreso, por un máximo de treinta días El Congreso, por mayoría absoluta y a propuesta del Gobierno, sin plazo fijado El Rey, con refrendo del Presidente del Gobierno, por un máximo de quince días

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El Gobierno, mediante decreto, por un máximo de quince días. Art. 116.2 de la Constitución: el Gobierno, por decreto acordado en Consejo de Ministros, por un máximo de quince días y dando cuenta al Congreso. El estado de excepción (art. 116.3) exige autorización previa del Congreso y el de sitio (art. 116.4) lo declara el Congreso por mayoría absoluta.

4. Según el artículo 54 de la Constitución, el Defensor del Pueblo es:

Un órgano dependiente del Gobierno que supervisa a las Administraciones Un órgano del Poder Judicial designado por el Consejo General del Poder Judicial El alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I Un magistrado del Tribunal Constitucional con funciones de amparo

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El alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I. Art. 54 de la Constitución: alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, con facultad de supervisar la actividad de la Administración.

5. Si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato ha obtenido la confianza del Congreso:

Continúa en funciones el Presidente del Gobierno hasta la siguiente legislatura El Congreso elige por sorteo entre los candidatos propuestos Se prorroga automáticamente el plazo otros dos meses El Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso

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El Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. Art. 99.5 de la Constitución: transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación sin que ningún candidato obtenga la confianza, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

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1. Cuando las normas reguladoras de un procedimiento no fijan plazo máximo para resolver y notificar, este será de:

Un mes Dos meses Tres meses Seis meses

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Tres meses. Art. 21.3 de la Ley 39/2015: tres meses. El plazo fijado por la norma reguladora no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley o el Derecho de la Unión Europea establezcan uno mayor (art. 21.2).

2. El recurso extraordinario de revisión por error de hecho que resulte de los propios documentos del expediente se interpone en el plazo de:

Cuatro años desde la notificación de la resolución impugnada Tres meses desde la notificación de la resolución impugnada Un año desde que el acto es firme en vía administrativa Dos meses desde que se detecta el error

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Cuatro años desde la notificación de la resolución impugnada. Art. 125.2 de la Ley 39/2015: cuatro años siguientes a la fecha de la notificación cuando se trate de la causa a) del apartado 1; en los demás casos, tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia quedó firme.

3. Cuando los plazos se señalan por días y ninguna norma dispone otro cómputo, se entiende que:

Son naturales y se cuentan desde el mismo día de la notificación Son hábiles, con exclusión de sábados, domingos y festivos Son hábiles, con exclusión solo de domingos y festivos Son naturales salvo agosto, que es inhábil

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Son hábiles, con exclusión de sábados, domingos y festivos. Art. 30.2 de la Ley 39/2015: los plazos por días son hábiles y se excluyen del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Se cuentan desde el día siguiente a la notificación o publicación (art. 30.3).

4. Según el artículo 34.1 de la Ley 40/2015, no son indemnizables los daños:

Que deriven del funcionamiento anormal de un servicio público Que superen la cuantía que fije el Consejo de Ministros Sufridos por personas jurídicas, sean públicas o privadas Que se deriven de hechos que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica en ese momento

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Que se deriven de hechos que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica en ese momento. Art. 34.1 de la Ley 40/2015: solo son indemnizables las lesiones que el particular no tenga el deber jurídico de soportar; no lo son los daños derivados de hechos imprevisibles o inevitables según el estado de la ciencia o de la técnica, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales que las leyes establezcan.

5. Cuando un organismo público tiene naturaleza de organismo autónomo, ¿qué debe figurar en su denominación?

Las siglas «O.P.», de organismo público La indicación «agencia estatal» La indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.» La indicación «entidad de derecho público»

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La indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.». Art. 98.3 de la Ley 40/2015: con independencia de su denominación, debe figurar la indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.».

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1. ¿Qué mayoría exige la aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de una corporación local?

Mayoría simple de los miembros presentes Mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación Dos tercios de los miembros presentes Unanimidad de los miembros del Pleno

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Mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Art. 47.2 f) de la Ley 7/1985: mayoría absoluta del número legal de miembros. La regla general es la mayoría simple de los presentes (art. 47.1).

2. Además de los servicios de todos los municipios, los de más de 5.000 habitantes deben prestar en todo caso:

Parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos Protección civil y prevención y extinción de incendios Transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano Instalaciones deportivas de uso público y atención a personas en riesgo de exclusión

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Parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. Art. 26.1 b) de la Ley 7/1985. Protección civil, incendios, instalaciones deportivas y atención social se añaden en los de más de 20.000 habitantes (art. 26.1 c), y transporte colectivo y medio ambiente urbano en los de más de 50.000 (art. 26.1 d).

3. ¿A qué municipios se aplica en todo caso el régimen de los municipios de gran población, por razón de su población?

A los de más de 50.000 habitantes A los de más de 100.000 habitantes A los de más de 175.000 habitantes A los de más de 250.000 habitantes

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A los de más de 250.000 habitantes. Art. 121.1 a) de la Ley 7/1985: los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. El umbral de 175.000 corresponde a las capitales de provincia (art. 121.1 b).

4. Según el artículo 9.2 del TREBEP, las funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas corresponden exclusivamente a:

Los funcionarios públicos Cualquier empleado público, sea funcionario, laboral o eventual El personal laboral fijo y el personal eventual El personal directivo profesional

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Los funcionarios públicos. Art. 9.2 del TREBEP: corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que establezca la ley de desarrollo de cada Administración.

5. El nombramiento de funcionarios interinos por existir plazas vacantes que no pueden cubrirse con funcionarios de carrera tiene una duración máxima de:

Seis meses Un año Tres años Cinco años

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Tres años. Art. 10.1 a) del TREBEP: por un máximo de tres años, en los términos del apartado 4. La ejecución de programas temporales (art. 10.1 c) tampoco puede superar tres años, ampliables hasta doce meses más.

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1. Aprobado inicialmente el presupuesto general de una entidad local, se expone al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, durante:

Diez días hábiles, y resuelve las reclamaciones el Alcalde Treinta días, y el Pleno dispone de dos meses para resolverlas Veinte días hábiles, y el Pleno dispone de quince días Quince días, y el Pleno dispone de un mes para resolver las reclamaciones

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Quince días, y el Pleno dispone de un mes para resolver las reclamaciones. Art. 169.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: exposición por quince días; si hay reclamaciones, el Pleno dispone de un mes para resolverlas. La aprobación definitiva debe hacerse antes del 31 de diciembre (art. 169.2).

2. ¿Qué integra el presupuesto general de una entidad local?

Solo el presupuesto de la propia entidad El de la entidad, los de sus organismos autónomos y los estados de previsión de las sociedades mercantiles de capital íntegramente local El de la entidad y los de todas las sociedades en que participe, aunque sea de forma minoritaria El de la entidad y los de las mancomunidades de las que forme parte

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El de la entidad, los de sus organismos autónomos y los estados de previsión de las sociedades mercantiles de capital íntegramente local. Art. 164.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: el de la propia entidad, los de los organismos autónomos dependientes y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

3. Un contrato de obras se considera contrato menor cuando su valor estimado es inferior a:

40.000 euros 15.000 euros 50.000 euros 100.000 euros

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40.000 euros. Art. 118.1 de la Ley 9/2017: contratos de obras de valor estimado inferior a 40.000 euros; en suministros y servicios, inferior a 15.000 euros.

4. ¿Hasta cuándo subsiste el deber de confidencialidad de quienes intervienen en cualquier fase del tratamiento de datos personales?

Hasta que termina la relación con el responsable o el encargado Durante cinco años desde que termina esa relación Aun cuando haya finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento Solo mientras dure el tratamiento concreto en que intervino

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Aun cuando haya finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. Art. 5.3 de la Ley Orgánica 3/2018: las obligaciones de confidencialidad se mantienen aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado.

5. Según la Ley 19/2013, quien solicita información pública:

Debe motivar siempre la solicitud y acreditar un interés legítimo No está obligado a motivar su solicitud, y la ausencia de motivación no es por sí sola causa de rechazo Solo debe motivarla si la información contiene datos personales Debe motivarla en todo caso ante las Administraciones locales

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No está obligado a motivar su solicitud, y la ausencia de motivación no es por sí sola causa de rechazo. Art. 17.3 de la Ley 19/2013: el solicitante no está obligado a motivar su solicitud, aunque puede exponer los motivos, que se podrán tener en cuenta al resolver.

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