Oposiciones de auxiliar administrativo en Badajoz 2026: temario, 17 plazas y examen

Setenta y dos horas. Art. 17.2 de la Constitución: en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

Las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Art. 9.3 de la Constitución: garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Individual y colectivamente, por escrito. Art. 29.1 de la Constitución: todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

Protección civil. Art. 26.1.c) de la Ley 7/1985: protección civil, atención a situaciones de necesidad social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. La biblioteca y el parque se exigen desde 5.000 y el transporte urbano desde 50.000 (art. 26.1.b y d).

La población del municipio. Art. 15 de la Ley 7/1985: el conjunto de personas inscritas en el padrón municipal constituye la población del municipio.

Quien tenga derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte. Art. 4.1.b) de la Ley 39/2015: son interesados los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en él se adopte.

Los sábados, los domingos y los declarados festivos. Art. 30.2 de la Ley 39/2015: los plazos por días son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

Válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que se disponga otra cosa. Art. 39.1 de la Ley 39/2015: se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

No inferior a diez días ni superior a quince. Art. 82.2 de la Ley 39/2015: en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.

Un mes. Art. 122.1 de la Ley 39/2015: un mes si el acto fuera expreso; transcurrido ese plazo sin recurrir, la resolución es firme a todos los efectos.

No altera la competencia del órgano delegante y no necesita publicación para su validez. Art. 12.2 de la Ley 40/2015: la delegación de firma no altera la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.

Efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Art. 32.2 de la Ley 40/2015: el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

Nueve meses, dentro de un período de dieciocho. Art. 10.1.d) del texto refundido del EBEP: exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

Funcionario de carrera, interino, laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal, y eventual. Art. 12.2 de la Ley 13/2015: personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual. El personal directivo se regula aparte, en el capítulo II del título II.

Al año. Art. 160.2 de la Ley 13/2015: las sanciones por faltas muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos y las leves al año. Las faltas leves, en cambio, prescriben a los seis meses (art. 160.1).

Discriminación directa por razón de sexo. Art. 8 de la Ley Orgánica 3/2007: constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

El responsable del tratamiento. Art. 12.4 de la Ley Orgánica 3/2018: la prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de derechos recaerá sobre el responsable.

Un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Art. 14.1 de la Ley 31/1995: el deber de protección del empresario constituye igualmente un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.

Los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Art. 17 de la Ley 9/2017: no podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

Suministro. Art. 16.1 de la Ley 9/2017: son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.