Artículo 53 de la Ley 39/2015: derechos del interesado en el procedimiento
En pocas palabras
- El 53.1 enumera nueve derechos de los interesados en cualquier procedimiento, de la letra a a la i: conocer la tramitación, identificar a quien tramita, no presentar originales, no aportar lo que ya tiene la Administración, alegar, recibir orientación, ir asistido de asesor, pagar por medios electrónicos y los que den la Constitución y las leyes.
- El 53.2 añade dos derechos, solo para los presuntos responsables en procedimientos sancionadores: ser notificado de los hechos, infracciones, sanciones, instructor y autoridad competente, y la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa.
- No hay que confundirlo con el artículo 13, que recoge los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración, ni con el 82, que regula la audiencia: las alegaciones del 53.1.e se hacen antes de ese trámite.
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El artículo 53 es el que se cita cuando una pregunta de test dice «derechos del interesado», y cae casi siempre de dos maneras: completar su lista de nueve letras o decidir si un derecho es del apartado 1 (cualquier procedimiento) o del 2 (solo sancionadores). Tiene trampa añadida: se parece al artículo 13, a la audiencia del 82 y a la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución. Forma parte del tema de procedimiento administrativo de la Ley 39/2015.
Texto literal del artículo 53
Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.
- Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan. b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas. e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2. i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.
- Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:
a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
Vigencia. En el texto consolidado del BOE, el artículo 53 no lleva ninguna nota de modificación: se aplica con la redacción de 2015. La última actualización publicada de la ley (6 de noviembre de 2024) añadió la disposición adicional novena y no lo toca. Un detalle de fechas que también se pregunta: la ley entró en vigor el 2 de octubre de 2016, pero lo relativo al punto de acceso general electrónico, al que remite el segundo párrafo de la letra a), produce efectos desde el 2 de abril de 2021 (disposición final séptima).
Quién es «interesado»
El 53 protege al interesado, y el concepto está en el artículo 4: quien promueve el procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos, quien sin haberlo iniciado tiene derechos que la decisión puede afectar, y quien tiene intereses legítimos que puedan resultar afectados y se persona antes de la resolución definitiva. La diferencia que se pregunta está entre las dos últimas: a quien tiene derechos afectados (letra b) no se le exige personarse; quien solo tiene intereses legítimos (letra c) es interesado si se persona.
53.1: nueve derechos
Las preguntas se concentran sobre todo en estas letras:
- a) Conocer. Son cuatro cosas: estado de la tramitación (en cualquier momento), sentido del silencio administrativo que corresponda, órgano competente para instruir y resolver, y actos de trámite dictados. Después, acceder y obtener copia de los documentos. Quien se relaciona por medios electrónicos lo consulta en el Punto de Acceso General electrónico, y la copia se entiende facilitada si se pone a disposición allí o en la sede electrónica.
- c) y d) Documentos. Dos derechos distintos que se confunden. El primero: no presentar originales, salvo que la normativa aplicable lo exija de forma excepcional (y entonces, copia autenticada). El segundo: no presentar datos o documentos no exigidos por las normas del procedimiento, o que ya estén en poder de las Administraciones o que estas hayan elaborado. Lo desarrolla el artículo 28, y ahí está el matiz: la Administración puede consultar o recabar esos documentos salvo que el interesado se oponga, y no cabe oposición cuando la aportación se exigiera en el marco de potestades sancionadoras o de inspección (art. 28.2).
- e) Alegar. Hasta «cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia», y el órgano competente debe tenerlas en cuenta al redactar la propuesta de resolución. Coincide con el artículo 76.1. La audiencia es otra cosa y tiene su propio plazo en el 82.2: no inferior a diez días ni superior a quince.
- g) Asesor. «Cuando lo consideren conveniente»: facultad, no obligación. Y dice asesor, no abogado ni procurador.
La letra h) solo se entiende leyendo el 98.2: cuando de una resolución, o de otra forma de terminar el procedimiento, nace una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, una multa u otro derecho que haya que abonar a la Hacienda pública, el pago se hace preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad, con tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria o cualquier otro medio que autorice el órgano competente en materia de Hacienda Pública.
53.2: lo que solo tienen los presuntos responsables
Dos derechos, y solo en procedimientos de naturaleza sancionadora. El primero es el de notificación de los hechos imputados, las infracciones que pueden constituir, las sanciones posibles, la identidad del instructor, la autoridad competente para sancionar y la norma que le da esa competencia. Esa lista coincide en parte con el contenido mínimo del acuerdo de iniciación (art. 64.2). El segundo es la «presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario»: el 53 no usa la fórmula «presunción de inocencia», que es la del 24.2 de la Constitución, aunque la idea es la misma.
El artículo 63.1 completa el cuadro: estos procedimientos se inician siempre de oficio y separan la fase instructora de la sancionadora, que se encomiendan a órganos distintos.
Un ejemplo aplicado
Lucía presentó hace cuatro meses una solicitud de ayuda y no ha recibido nada. Entra en el Punto de Acceso General y comprueba (53.1.a) en qué trámite está, qué órgano la instruye y cuál es el efecto del silencio. Además, no tiene que aportar su certificado de empadronamiento: lo ha elaborado una Administración (su ayuntamiento), así que quien tramita la ayuda puede consultarlo salvo que ella se oponga (53.1.d y 28.2). Si la normativa de la ayuda exigiera, de forma excepcional, el original de un título, el 53.1.c le da derecho a obtener una copia autenticada.
Andrés, por el contrario, recibe un acuerdo de iniciación por unas obras sin licencia. Aquí se activa el 53.2: debe constar qué hechos se le imputan, qué infracción pueden suponer, qué sanción cabe, quién instruye, qué autoridad puede sancionar y en qué norma se apoya. Mientras no se demuestre su responsabilidad, se presume que no existe. Y si en ese procedimiento se exige un documento que ya tiene la Administración, Andrés no puede oponerse a que lo consulte o lo recabe (28.2).
Cómo lo preguntan en los tests
- Completar la lista. Una opción añade un derecho que no es del 53, como el derecho a una resolución en tres meses o a la gratuidad de las copias.
- Apartado 1 o apartado 2. «Derecho a ser notificado de la identidad del instructor» pertenece al 53.2, solo sancionadores.
- «Presunción de inocencia» frente a «presunción de no existencia de responsabilidad administrativa». La primera es del 24.2 de la Constitución; la segunda, la del 53.2.b.
- Original o copia. Se tiene derecho a no presentar originales, salvo excepción, y si hay que hacerlo, a copia autenticada.
- Asesor frente a abogado obligatorio. El 53 dice «asesor» y «cuando lo consideren conveniente».
- Antes o después de la audiencia. Las alegaciones del 53.1.e son anteriores a ese trámite; en la audiencia, 10 a 15 días (art. 82.2).
- Artículo 53 frente a 13. El 13 es de las personas con capacidad de obrar; el 53, de los interesados en un procedimiento.
Test: artículo 53
Para seguir
El tema de procedimiento administrativo de la Ley 39/2015 trata también los interesados, los documentos, la audiencia y los derechos generales de las personas del artículo 13. Dentro de la misma ley conviene repasar a la vez el artículo 21 (obligación de resolver y plazo máximo), el 24 (silencio administrativo, cuyo sentido te deja conocer el 53.1.a) y el 14 (quién debe relacionarse por medios electrónicos). En el plano constitucional, el artículo 24 recoge la presunción de inocencia, y el 105.c) remite a la ley el procedimiento de los actos administrativos, con audiencia del interesado cuando proceda; el marco de la Administración está en el artículo 103 de la Constitución. Para practicar, hay un test por ley de la Constitución.
El 53 aparece en el bloque de procedimiento administrativo de convocatorias como Auxiliar administrativo del Estado y Administrativo del Estado.
Preguntas frecuentes
¿Qué dice el artículo 53 de la Ley 39/2015?
Reconoce los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo. El apartado 1 enumera nueve (letras a a i) y el apartado 2 añade dos para los presuntos responsables en los procedimientos de naturaleza sancionadora.
¿Cuántos derechos enumera el artículo 53.1?
Nueve, de la letra a) a la i). La última es una cláusula abierta: cualesquiera otros que reconozcan la Constitución y las leyes, y el propio 53.1 empieza diciendo que son «además del resto de derechos previstos en esta Ley».
¿Hasta cuándo puedo presentar alegaciones según el artículo 53?
El 53.1.e) habla de cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, y el órgano competente debe tenerlas en cuenta al redactar la propuesta de resolución. En la audiencia se puede volver a alegar, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince (art. 82.2), y los defectos de tramitación se pueden alegar en todo momento (art. 76.2).
¿Es obligatorio ir con abogado en un procedimiento administrativo?
El artículo 53 no lo exige. La letra g) reconoce el derecho a actuar asistido de asesor cuando el interesado lo considere conveniente: es una facultad suya, no una obligación, y el texto habla de asesor, no de abogado.
¿Qué derechos añade el 53.2 en los procedimientos sancionadores?
Dos: ser notificado de los hechos que se imputan, de las infracciones que pueden constituir y de las sanciones posibles, junto con la identidad del instructor, de la autoridad competente y de la norma que le atribuye la competencia; y la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
¿Qué diferencia hay entre el artículo 13 y el artículo 53?
El 13 recoge los derechos de las personas con capacidad de obrar en sus relaciones con las Administraciones (punto de acceso general, lenguas oficiales, protección de datos, entre otros). El 53 se centra en los derechos de quien es interesado en un procedimiento concreto, y el propio 13 dice que se entienden sin perjuicio de los del 53.
Fuentes
- Jefatura del Estado (2015). Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículos 4, 13, 21, 28, 53, 63, 64, 76, 82 y 98 y disposición final séptima (texto consolidado, última actualización publicada el 6 de noviembre de 2024; el artículo 53 no tiene notas de modificación). Boletín Oficial del Estado, n.º 236, de 2 de octubre de 2015 (BOE-A-2015-10565). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
- Cortes Generales (1978). Constitución Española, artículos 24 y 105 (texto consolidado). Boletín Oficial del Estado, n.º 311, de 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
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