Artículo 21 de la Ley 39/2015: obligación de resolver y plazo máximo
En pocas palabras
- El artículo 21 obliga a la Administración a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo la terminación por pacto o convenio y los derechos sujetos solo a declaración responsable o comunicación.
- El plazo máximo lo fija la norma del procedimiento y no puede pasar de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o lo prevea el Derecho de la Unión Europea; si nadie lo fija, son tres meses, contados desde el acuerdo de iniciación o desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico del organismo competente para tramitarla.
- Los apartados 4 a 6 añaden la información al interesado, la habilitación de medios si el número de solicitudes o de afectados amenaza el plazo y la responsabilidad directa del personal que no resuelve en plazo.
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El artículo 21 es el de los plazos para resolver, y en los tests aparece casi siempre con números: tres meses, seis meses, diez días. Las trampas están en tres sitios: qué plazo se aplica cuando la norma calla, desde cuándo corre y en qué procedimientos no hay obligación de resolver. La otra fuente de fallos es la frontera con los artículos 22 a 25, que suspenden ese plazo, lo amplían o dicen qué pasa cuando vence. Para el marco completo tienes el tema gratuito de la Ley 39/2015.
Texto literal del artículo 21
Artículo 21. Obligación de resolver.
- La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
- El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
- Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.
En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.
- Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.
- El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.
El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.
Vigencia. El artículo 21 no se ha modificado desde que la ley entró en vigor el 2 de octubre de 2016: en el texto consolidado del BOE solo consta su redacción original. La última actualización publicada de la ley es del 6 de noviembre de 2024 y no toca este artículo.
21.1: resolver y notificar siempre, con dos excepciones
La regla es doble: dictar resolución expresa y notificarla. Se aplica «cualquiera que sea su forma de iniciación», es decir, a los procedimientos de oficio y a los de solicitud.
En cinco supuestos la resolución tiene un contenido propio: prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento, desistimiento de la solicitud y desaparición sobrevenida del objeto. En ellos la resolución se limita a declarar lo que ha ocurrido, con los hechos producidos y las normas aplicables. Que el interesado desista no significa que la Administración pueda callarse: tiene que dictar y notificar esa declaración.
Las excepciones son dos, y cada una se pregunta por separado:
- Terminación por pacto o convenio. El procedimiento acaba con el acuerdo, no con una resolución unilateral.
- Derechos sometidos solo a declaración responsable o comunicación. No hay que esperar a que la Administración autorice nada, así que tampoco hay una resolución que dictar.
21.2 y 21.3: el plazo máximo, en orden
El orden de aplicación es el que cae en los tests:
- Manda la norma reguladora del procedimiento, que fija su plazo máximo.
- Esa norma no puede pasar de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca más o lo prevea el Derecho de la Unión Europea. Un reglamento no basta para superar los seis meses, aunque se apruebe por real decreto.
- Si la norma no fija plazo, son tres meses.
Y el plazo es para notificar la resolución, y no únicamente para dictarla. Cuenta el momento en que el interesado recibe la notificación, aunque el artículo 40.4 suaviza la regla: basta, a los solos efectos de cumplir el plazo máximo, con una notificación que contenga al menos el texto íntegro de la resolución y un intento de notificación debidamente acreditado.
| Caso | Plazo máximo | Apartado |
|---|---|---|
| La norma reguladora fija plazo | El que fije, hasta seis meses | 21.2 |
| Una norma con rango de ley o el Derecho de la Unión prevén más | El que fijen, aunque pase de seis meses | 21.2 |
| La norma reguladora no fija plazo | Tres meses | 21.3 |
| Forma de iniciación | El plazo se cuenta desde | Apartado |
|---|---|---|
| De oficio | La fecha del acuerdo de iniciación | 21.3.a) |
| A solicitud del interesado | La entrada de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación | 21.3.b) |
Un ejemplo con fechas
Lucía presenta una solicitud el 14 de enero de 2026 en la sede electrónica del organismo competente. La norma del procedimiento no dice nada sobre el plazo, así que se aplica el supletorio de tres meses (21.3), contado desde el 14 de enero, que es la fecha de entrada en el registro electrónico de ese organismo (21.3.b), y no desde el día en que la solicitud llegue a la mesa del tramitador. Los plazos en meses se cuentan de fecha a fecha (art. 30.4), de modo que vence el 14 de abril de 2026, un martes.
Si la hubiera presentado en el registro de otra Administración, algo que permite el artículo 16.4.a), el plazo no empezaría a correr hasta que la solicitud entrara en el registro del organismo competente para tramitarla. Es lo que dice la letra b) del 21.3.
Mientras tanto, el organismo debe comunicarle, dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud, el plazo máximo, los efectos del silencio y la fecha en que el órgano competente la recibió (21.4). Son días hábiles (art. 30.2): sin festivos por medio, hasta el 28 de enero. Si llega el 14 de abril sin resolución notificada, el 21 no dice qué efecto tiene eso: lo dicen el artículo 24 (silencio en los procedimientos a solicitud) y la norma del procedimiento.
21.4 a 21.6: información, medios y responsabilidad
Información (21.4). Dos obligaciones distintas. Una general: publicar y mantener actualizada en el portal web la relación de procedimientos con sus plazos máximos y los efectos del silencio. Otra individual: avisar a cada interesado del plazo máximo y de los efectos del silencio, en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación si es de oficio, o en la comunicación de los diez días si es a instancia de parte (la del ejemplo de Lucía).
Medios (21.5). Si el número de solicitudes o de afectados pudiera suponer incumplir el plazo, se pueden habilitar medios personales y materiales. Lo decide el órgano competente para resolver a propuesta razonada del instructor, o el superior jerárquico del competente a propuesta de este.
Responsabilidad (21.6). El personal que despacha los asuntos y los titulares de los órganos que instruyen y resuelven son «directamente responsables» de resolver en plazo. El incumplimiento da lugar a responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de otras. Enlaza con el artículo 20, que hace a los titulares de las unidades y al personal responsables directos de la tramitación y permite a los interesados solicitar la exigencia de esa responsabilidad (20.2). Fuera del silencio estimatorio, que solo admite una resolución tardía confirmatoria (24.3.a), y de la caducidad de los procedimientos de oficio de gravamen (25.1.b), dictar tarde no invalida por sí solo la resolución: la actuación fuera de plazo solo implica anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo (art. 48.3).
Lo que de verdad cae en los tests
- Tres meses frente a seis. Tres es el plazo supletorio (la norma no dice nada); seis es el tope, que solo una norma con rango de ley o el Derecho de la Unión pueden superar. Se mezclan constantemente.
- «Resolver» frente a «notificar». El plazo es para notificar. Una opción que diga «dictar» sin más es sospechosa.
- Desde cuándo. De oficio, la fecha del acuerdo de iniciación. A solicitud, la entrada en el registro electrónico del organismo competente para su tramitación. Una opción dirá «la fecha de la solicitud» o «la fecha en que la recibe el instructor».
- Las dos excepciones del 21.1. Pacto o convenio, y declaración responsable o comunicación. La opción trampa suele ser «desistimiento» o «caducidad», que sí requieren resolución declarativa.
- Diez días. La comunicación al interesado va dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud. No es el plazo de quince días del certificado de silencio (24.4), ni el de diez días para cursar la notificación desde que se dicta el acto (40.2), ni el de diez días para subsanar la solicitud (68.1).
- Ampliación del 23 frente a la del 32. El artículo 23 permite ampliar el plazo máximo de resolución hasta, como mucho, otro tanto del plazo del procedimiento. El artículo 32 permite ampliar los plazos establecidos sin exceder de la mitad de los mismos.
- Quién responde. El personal y los titulares de órganos, con responsabilidad disciplinaria. No «la Administración» en abstracto.
Artículos con los que se mezcla
| Artículo | Qué regula | Diferencia con el 21 |
|---|---|---|
| 22 | Suspensión del plazo máximo (requerimiento de subsanación, informes preceptivos, pruebas técnicas, recusación...) | El 21 fija el plazo; el 22 lo detiene en ciertos casos |
| 23 | Ampliación del plazo máximo | Excepcional, motivada, no superior al plazo del procedimiento, sin recurso contra el acuerdo; presupone agotados los medios del 21.5 |
| 24 | Silencio en procedimientos a solicitud | Qué ocurre al vencer el plazo; la regla general es el silencio estimatorio, con excepciones |
| 25 | Falta de resolución expresa en procedimientos de oficio | Desestimación por silencio o caducidad, según el caso |
| 30 | Cómputo de plazos | Días hábiles, meses de fecha a fecha, prórroga si el último día es inhábil |
| 32 | Ampliación de los plazos establecidos | Sin exceder de la mitad de esos plazos, de oficio o a petición de los interesados; no es la ampliación del plazo para resolver del 23 |
| 68 | Subsanación y mejora de la solicitud | Diez días para subsanar; el requerimiento puede suspender el plazo para resolver (22.1.a) y, si no se atiende, se tiene al interesado por desistido previa resolución del artículo 21 |
| 95 | Caducidad por paralización imputable al interesado | En procedimientos a solicitud, tres meses tras la advertencia; es un plazo para el interesado, no para resolver |
Dos matices de contexto que ayudan a no confundir plazos. El recurso de alzada contra un acto presunto puede interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio (art. 122.1), y la Administración tiene tres meses para resolverlo (art. 122.2); el de reposición se resuelve en un mes (art. 124.2). En vía judicial, la letra del artículo 46.1 de la Ley 29/1998 da dos meses si el acto es expreso y, si no lo es, seis, contados desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Ese es el dato que pide un test sobre el 46.1, pero el Tribunal Constitucional entendió que la impugnación de las desestimaciones por silencio no está sujeta a ese plazo de caducidad (STC 52/2014, de 10 de abril, FJ 5, dictada con la Ley 30/1992).
Test: artículo 21
Para seguir
Lo que ocurre cuando el plazo vence lo regula el artículo 24, sobre el silencio en los procedimientos a solicitud, y la forma de contar esos plazos está en el artículo 30. La notificación que cierra el plazo es el artículo 40, y la subsanación cuyo requerimiento puede suspenderlo, el artículo 68. Si la resolución llega y se recurre, el recurso de alzada empieza en el artículo 121, y los plazos de la reposición están en el 124.
Para el Tribunal Constitucional, el deber de resolver expresamente en plazo «entronca con la cláusula del Estado de Derecho» del artículo 1.1 de la Constitución y con los valores que proclaman los artículos 24.1, 103.1 y 106.1 (STC 52/2014, FJ 3, que recoge doctrina anterior). El 103.1 es el del sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho, y el 24.1, el de la tutela judicial efectiva, que es el que la misma sentencia invoca para que la desestimación por silencio no cierre el acceso al juez.
La Ley 39/2015 entra en convocatorias como Administrativo del Estado y Auxiliar administrativo del Estado.
Preguntas frecuentes
¿Qué dice el artículo 21 de la Ley 39/2015?
Que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación (21.1). Fija además el plazo máximo para hacerlo (21.2 y 21.3), la información que debe darse a los interesados (21.4), qué hacer si hay demasiadas solicitudes (21.5) y la responsabilidad del personal (21.6).
¿Cuál es el plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo?
El que fije la norma reguladora del procedimiento, que no puede exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o lo prevea el Derecho de la Unión Europea (21.2). Si la norma no fija plazo, son tres meses (21.3). El plazo se refiere a la notificación de la resolución, y no únicamente a dictarla.
¿Desde cuándo se cuenta el plazo para resolver?
En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación; en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud entra en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación (21.3). Si se presenta en el registro de otra Administración, cuenta la entrada en el del organismo competente.
¿Hay procedimientos en los que no hay que dictar resolución expresa?
Sí, dos grupos: los que terminan por pacto o convenio, y los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración (21.1, tercer párrafo). En prescripción, renuncia, caducidad, desistimiento o desaparición sobrevenida del objeto sí hay resolución, que se limita a declarar esa circunstancia.
¿Qué pasa si la Administración no resuelve en plazo?
No se libera de resolver. Los efectos dependen del procedimiento: en los iniciados a solicitud, el silencio administrativo del artículo 24; en los iniciados de oficio, el artículo 25 (desestimación por silencio o caducidad). Además, el personal responsable responde directamente y el incumplimiento da lugar a responsabilidad disciplinaria (21.6).
¿Se puede ampliar el plazo máximo para resolver?
Solo de forma excepcional y motivada, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles del apartado 5 del artículo 21. La ampliación no puede ser superior al plazo establecido para el procedimiento y contra el acuerdo no cabe recurso (art. 23). No hay que confundirla con la ampliación del artículo 32, que no puede exceder de la mitad de los plazos establecidos. Otra cosa es la suspensión del plazo, que el artículo 22 permite en unos casos e impone en otros.
Fuentes
- Jefatura del Estado (2015). Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículos 16, 20 a 25, 30, 32, 40, 48, 68, 95, 122 y 124 (texto consolidado; el artículo 21 conserva su redacción original, en vigor desde el 2 de octubre de 2016; última actualización publicada de la ley: 6 de noviembre de 2024; consultado el 21 de noviembre de 2026). Boletín Oficial del Estado, n.º 236, de 2 de octubre de 2015 (BOE-A-2015-10565). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
- Jefatura del Estado (1998). Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, artículo 46 (texto consolidado). Boletín Oficial del Estado (BOE-A-1998-16718). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718
- Tribunal Constitucional (2014). Sentencia 52/2014, de 10 de abril de 2014 (cuestión de inconstitucionalidad 2918-2005, sobre la segunda frase del artículo 46.1 de la Ley 29/1998). Boletín Oficial del Estado, n.º 111, de 7 de mayo de 2014 (BOE-A-2014-4822). boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4822
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