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    Artículo 25 de la Ley 40/2015: principio de legalidad en la potestad sancionadora

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    Actualizado el 22 de noviembre de 20269 min de lecturaRedacción de psicopedagogia.com

    En pocas palabras

    • El artículo 25 abre el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015 y dice que la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas solo se ejerce cuando una norma con rango de Ley la ha reconocido expresamente, con el procedimiento previsto para ejercerla.
    • Los órganos que la ejercen son los que la tengan atribuida expresamente por disposición de rango legal o reglamentario, y el capítulo se extiende a la potestad disciplinaria sobre el personal al servicio de la Administración, sea cual sea su relación de empleo.
    • No se aplica a quienes se relacionan con la Administración por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial, y en las Entidades Locales se remite al título XI de la Ley 7/1985.
    En esta página
    1. Texto literal del artículo 25
    2. Vigencia: la última modificación no toca este artículo
    3. 25.1: potestad reconocida por ley, con procedimiento
    4. Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la reserva de ley
    5. 25.2: el órgano, por ley o por reglamento
    6. 25.3: la potestad disciplinaria
    7. 25.4: a quién no se aplica
    8. Los demás artículos del capítulo III
    9. Cómo se aplica: el caso de las ordenanzas locales
    10. Cómo lo preguntan en los tests
    11. Test: artículo 25 de la Ley 40/2015
    12. Para seguir
    13. Preguntas frecuentes
    14. Fuentes

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    El artículo 25 de la Ley 40/2015 es el primero de los siete que forman el capítulo III del título preliminar, dedicado a los principios de la potestad sancionadora, y en los tests suele caer de dos maneras: completar quién fija qué («rango de Ley» para la potestad, «legal o reglamentario» para el órgano) o decir a quién no se aplica. Aquí está el texto, apartado por apartado, con los matices que se confunden. Complementa el tema gratuito sobre la Ley 40/2015.

    Texto literal del artículo 25

    1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
    2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
    3. Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.
    4. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.

    Vigencia: la última modificación no toca este artículo

    En el texto consolidado del BOE, el artículo 25 aparece sin notas de modificación ni versiones anteriores: es el de la redacción original de la ley, publicada el 2 de octubre de 2015, que entró en vigor el 2 de octubre de 2016. La última actualización de la ley como conjunto se publicó el 2 de agosto de 2024: la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, modificó el artículo 54.1 y añadió los artículos 55 bis y 84 bis, sobre presencia equilibrada de mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en su sector público institucional, nada que ver con las sanciones. Lo que se pregunta es el texto de 2015.

    25.1: potestad reconocida por ley, con procedimiento

    El primer apartado tiene cuatro piezas, y cada una es una opción de test:

    1. La potestad sancionadora se ejerce cuando «haya sido expresamente reconocida» (no vale una habilitación implícita).
    2. Por una norma «con rango de Ley» (no «de rango reglamentario» ni «por decreto»).
    3. Con «aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio»: la Administración no puede sancionar por la vía de hecho.
    4. De acuerdo con la propia Ley 40/2015 y con la Ley 39/2015 y, en las Entidades Locales, con el título XI de la Ley 7/1985.

    La exigencia de procedimiento se concreta en la Ley 39/2015. Su artículo 63.1 dice que los procedimientos sancionadores se inician siempre de oficio y separan la fase instructora de la sancionadora, que se encomiendan a órganos distintos; el 63.2 añade que en ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento. El artículo 53.2 reconoce a los presuntos responsables el derecho a ser notificados de los hechos imputados, de las infracciones y sanciones posibles, del instructor y de la autoridad competente, y a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Más en el tema de la Ley 39/2015.

    Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la reserva de ley

    El fundamento constitucional está en el artículo 25.1 de la Constitución («nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento»). En la STC 42/1987, de 7 de abril (FJ 2), el Tribunal explicó que ese precepto contiene dos garantías: una material (predeterminación normativa de conductas y sanciones) y otra formal (el rango de la norma, porque «legislación vigente» expresa una reserva de ley). Esa reserva es menos estricta en el derecho administrativo sancionador que en el penal y admite remisiones al reglamento, pero no la regulación independiente y no subordinada a la ley. En las relaciones de sujeción general es contraria a la Constitución la simple habilitación a la Administración, por una norma de rango legal vacía de contenido material propio, para tipificar infracciones y sanciones. En aquel caso, el Tribunal otorgó el amparo a un casino multado con 250.000 pesetas por incumplir el Reglamento de Casinos de Juego, una orden ministerial de 1979: la conducta solo estaba tipificada en esa orden, al final de una cadena de remisiones en blanco que arrancaba del Real Decreto-ley 16/1977.

    En la Ley 40/2015 esa doctrina se reparte entre dos artículos. El 25.1 pide la ley que reconoce la potestad, y el 27.3 permite que los reglamentos introduzcan especificaciones o graduaciones en el cuadro legal de infracciones y sanciones, siempre que no creen otras nuevas ni alteren su naturaleza o sus límites.

    25.2: el órgano, por ley o por reglamento

    El segundo apartado cambia de pregunta: ya no es quién reconoce la potestad, sino quién la ejerce. Corresponde a los órganos administrativos que la tengan «expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario». Aquí sí cabe un reglamento, como el real decreto de estructura que dice qué órgano resuelve. La trampa clásica es poner «rango de Ley» en el 25.2 o «legal o reglamentario» en el 25.1.

    Qué se preguntaQué diceApartado
    Norma que reconoce la potestad sancionadoraRango de Ley, expresamente25.1
    Norma que atribuye el ejercicio a un órganoRango legal o reglamentario, expresamente25.2
    Potestad disciplinaria sobre el personalEl capítulo se extiende a ella, sea cual sea la relación de empleo25.3
    Contratos y patrimonioEl capítulo no se aplica25.4
    Artículo 25: qué dice cada apartado
    Artículo 25 Ley 40/2015
    • 25.1 Potestad
      • Reconocida expresamente
      • Norma con rango de Ley
      • Procedimiento previsto
      • Ley 40/2015 y Ley 39/2015
      • Entidades Locales: título XI Ley 7/1985
    • 25.2 Órganos
      • Atribución expresa
      • Rango legal o reglamentario
    • 25.3 Disciplinaria
      • Personal a su servicio
      • Cualquier relación de empleo
    • 25.4 Exclusión
      • Legislación de contratos del sector público
      • Legislación patrimonial

    25.3: la potestad disciplinaria

    El capítulo III vale también para la potestad disciplinaria sobre el personal al servicio de la Administración, «cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo»: funcionarios de carrera e interinos, personal laboral y personal eventual, que son las cuatro clases del artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público. El propio Estatuto va en la misma línea: el artículo 93.1 sujeta a funcionarios y personal laboral al régimen disciplinario del título VII, y el 94.2 enumera los principios por los que se ejerce la potestad disciplinaria (legalidad y tipicidad, irretroactividad de las disposiciones no favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia). Más en el tema del TREBEP. La STC 42/1987 (FJ 2) deja a salvo, además, las infracciones cometidas en relaciones de sujeción especial, en las que la reserva de ley «pierde parte de su fundamentación material».

    25.4: a quién no se aplica

    El capítulo no se aplica a quienes estén vinculados con la Administración por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial. Dos materias, y las dos se preguntan: contratos y patrimonio. Las relaciones de empleo no están excluidas: el 25.3 dice lo contrario.

    Los demás artículos del capítulo III

    El 25 abre un capítulo con siete artículos que conviene tener ordenados, porque en los tests se pide el principio que corresponde a cada número:

    Art.PrincipioIdea que se pregunta
    25LegalidadRango de Ley, órgano, disciplinaria, exclusiones
    26IrretroactividadSe aplican las disposiciones vigentes al producirse los hechos; efecto retroactivo si favorecen al infractor
    27TipicidadSolo la Ley tipifica (en lo local, las ordenanzas, dentro del título XI de la Ley 7/1985); leves, graves y muy graves; sin analogía
    28ResponsabilidadDolo o culpa; compatible con reponer la situación y con indemnizar
    29ProporcionalidadNunca privación de libertad; graduación con cuatro criterios
    30PrescripciónMuy graves 3 años, graves 2 y leves 6 meses, si la ley no fija plazos
    31Concurrencia de sancionesNo sancionar hechos ya sancionados con identidad de sujeto, hecho y fundamento

    El 30.1 fija esos plazos subsidiarios para las infracciones, y también para las sanciones impuestas: tres años las muy graves, dos las graves y un año las leves. Para el artículo 25 basta el listado, pero si la pregunta empieza por «de entre los principios del capítulo III», sale de aquí.

    Cómo se aplica: el caso de las ordenanzas locales

    Una opositora a administrativa de Ayuntamiento se plantea esto: una ordenanza de uso de las instalaciones deportivas municipales establece una multa de 1.000 euros por una infracción leve. ¿Es válida? Hay que mirar el 25.1: en las Entidades Locales, el título XI de la Ley 7/1985 (arts. 139 a 141) permite a los entes locales, para ordenar la convivencia de interés local y el uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, y «en defecto de normativa sectorial específica», establecer en ordenanzas los tipos de infracciones e imponer sanciones, según los criterios de esos artículos. El artículo 141 dice que, salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de ordenanzas deben respetar estas cuantías: hasta 3.000 euros las muy graves, hasta 1.500 las graves y hasta 750 las leves. La multa de 1.000 euros por una infracción leve supera el tope, salvo que una ley sectorial diga otra cosa. La potestad sancionadora local sigue teniendo base legal (la Ley 7/1985), que es lo que exige el 25.1.

    Un segundo caso, que mezcla rango y órgano: una orden ministerial dice que el Ministerio puede sancionar a los titulares de cierta actividad privada sin que ninguna ley haya reconocido esa potestad. Falla el 25.1, porque la potestad no está reconocida por norma con rango de Ley. Si en cambio una ley sí reconoce la potestad y un real decreto de estructura dice qué dirección general la ejerce, se cumple el 25.2.

    Cómo lo preguntan en los tests

    • Rango de la norma. «Rango de Ley» para reconocer la potestad (25.1) frente a «legal o reglamentario» para atribuirla a un órgano (25.2).
    • «Expresamente». Aparece en los dos primeros apartados. Una opción dice «implícita» o «tácitamente».
    • A quién no se aplica. Contratos del sector público y patrimonio (25.4). Una opción mete la relación de empleo, que va justo en el 25.3.
    • Entidades Locales. El título XI de la Ley 7/1985 y no el título X ni la Ley 39/2015.
    • El mismo número en otras normas. Artículo 25 de la Constitución (legalidad penal y sancionadora, y no privación de libertad por la Administración civil en el 25.3), artículo 25 de la Ley 39/2015 (caducidad en procedimientos sancionadores iniciados de oficio) y artículo 25 de la Ley 40/2015 (este).
    • Quién instruye. La separación de la fase instructora y la sancionadora es del 63.1 de la Ley 39/2015, no del 25.

    Test: artículo 25 de la Ley 40/2015

    Artículo 25 de la Ley 40/2015: legalidad sancionadora
    1. Según el artículo 25.1 de la Ley 40/2015, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de:
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    Ley. Art. 25.1 de la Ley 40/2015: debe estar reconocida expresamente por una norma con rango de Ley. Un reglamento, una orden o una instrucción no bastan para reconocer la potestad.

    2. Según el artículo 25.2, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango:
    Ver respuesta

    Legal o reglamentario. Art. 25.2: la atribución al órgano puede hacerse por disposición de rango legal o reglamentario. Lo que exige rango de Ley es el reconocimiento de la potestad, en el 25.1.

    3. Una Administración abre expediente disciplinario a un trabajador laboral a su servicio. Según el artículo 25.3, las disposiciones del capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015:
    Ver respuesta

    Se extienden a la potestad disciplinaria, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. Art. 25.3: las disposiciones del capítulo son extensivas a la potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.

    4. Según el artículo 25.4 de la Ley 40/2015, las disposiciones del capítulo III del título preliminar no se aplican a quienes estén vinculados con la Administración por relaciones reguladas por:
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    La legislación de contratos del sector público o la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas. Art. 25.4: quedan excluidas las relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial. Las relaciones de empleo, en cambio, están incluidas por el 25.3.

    5. Una ordenanza local tipifica una infracción leve y fija una multa de 900 euros. A falta de previsión legal distinta, según el artículo 141 de la Ley 7/1985, al que remite el 25.1 de la Ley 40/2015 para las Entidades Locales:
    Ver respuesta

    Supera el límite de 750 euros previsto para las infracciones leves. Art. 141 de la Ley 7/1985: salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de ordenanzas llegan a 3.000 euros (muy graves), 1.500 (graves) y 750 (leves). 900 euros supera el tope de las leves.

    6. En un procedimiento sancionador iniciado de oficio, ¿qué efecto tiene el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa, según el artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015?
    Ver respuesta

    La caducidad. Art. 25.1.b) de la Ley 39/2015: en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras se producirá la caducidad. No es el artículo 25 de la Ley 40/2015, que trata de la legalidad.

    7. Según la STC 42/1987, en las relaciones de sujeción general, una ley que se limita a habilitar a la Administración, sin contenido material propio, para tipificar infracciones y sanciones:
    Ver respuesta

    Es contraria al artículo 25.1 de la Constitución. STC 42/1987, FJ 2: es contraria a las exigencias del 25.1 de la Constitución, además de la regulación reglamentaria sin base legal, la simple habilitación a la Administración, por una norma de rango legal vacía de contenido material propio, para tipificar ilícitos y sanciones en el ámbito de las relaciones de sujeción general.

    Para seguir

    El 25 se completa con los principios siguientes de la propia ley, desde la irretroactividad hasta la concurrencia de sanciones (arts. 26 a 31), y con el procedimiento sancionador de la Ley 39/2015. Antes del capítulo III, el artículo 3 enumera los principios generales de actuación de la Administración y está en la página del artículo 3 de la Ley 40/2015. Para la responsabilidad patrimonial, que es el capítulo siguiente, ver el artículo 32. La legalidad como principio constitucional está en el artículo 9 de la Constitución. La presunción de inocencia que se aplica en el procedimiento sancionador está en el artículo 24 de la Constitución. Para el régimen disciplinario de los empleados públicos, el artículo 95 del TREBEP clasifica las faltas y enumera las muy graves, y para las ordenanzas locales sancionadoras, el tema de régimen local.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué dice el artículo 25 de la Ley 40/2015?

    Que la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejerce cuando una norma con rango de Ley la haya reconocido expresamente y con el procedimiento previsto (25.1), que la ejercen los órganos que la tengan expresamente atribuida por norma legal o reglamentaria (25.2), que el capítulo vale también para la potestad disciplinaria sobre el personal (25.3) y que no se aplica a las relaciones de contratos y patrimonio (25.4).

    ¿Qué rango tiene que tener la norma que reconoce la potestad sancionadora?

    Rango de Ley. Es lo que exige el 25.1. Lo que puede ser de rango legal o reglamentario es la atribución a un órgano concreto, según el 25.2. Es la confusión más frecuente del artículo.

    ¿Qué se aplica a las Entidades Locales?

    El 25.1 añade que, cuando se trate de Entidades Locales, el ejercicio se ajustará también a lo dispuesto en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril (artículos 139 a 141), que regula la tipificación de infracciones y sanciones en ordenanzas locales, su clasificación y los límites de las multas.

    ¿El artículo 25 se aplica al régimen disciplinario de los funcionarios?

    Sí. El 25.3 extiende las disposiciones del capítulo a la potestad disciplinaria de las Administraciones sobre el personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. El TREBEP (art. 94.2) fija para ella sus propios principios: legalidad y tipicidad, irretroactividad de las disposiciones no favorables, proporcionalidad, culpabilidad y presunción de inocencia.

    ¿Qué diferencia hay entre el artículo 25 de la Ley 40/2015 y el 25 de la Ley 39/2015?

    Son artículos distintos. El 25 de la Ley 40/2015 es el principio de legalidad de la potestad sancionadora; el 25 de la Ley 39/2015 regula la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio y, en los sancionadores, prevé la caducidad. Y el artículo 25 de la Constitución recoge la legalidad penal y sancionadora y prohíbe a la Administración civil sanciones que impliquen privación de libertad.

    Fuentes

    1. Jefatura del Estado (2015). Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículos 25 a 31 (texto consolidado, última actualización publicada el 2 de agosto de 2024; el artículo 25 no registra modificaciones). Boletín Oficial del Estado, n.º 236, de 2 de octubre de 2015 (BOE-A-2015-10566). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
    2. Jefatura del Estado (2015). Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículos 25, 53 y 63 (texto consolidado). Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2015-10565). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
    3. Jefatura del Estado (1985). Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 139 a 141 (texto consolidado). Boletín Oficial del Estado (BOE-A-1985-5392). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
    4. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2015). Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, artículos 8, 93, 94 y 95 (texto consolidado). Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2015-11719). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719
    5. Cortes Generales (1978). Constitución Española, artículo 25 (texto consolidado, última actualización publicada el 20 de mayo de 2026). Boletín Oficial del Estado, n.º 311, de 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
    6. Tribunal Constitucional (1987). Sentencia 42/1987, de 7 de abril (BOE n.º 107, de 5 de mayo de 1987), fundamentos jurídicos 2 y 4 y fallo. Buscador de jurisprudencia constitucional (HJ). hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/774

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