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    Artículo 26 de la Ley 7/1985: servicios que los municipios deben prestar en todo caso

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    Actualizado el 22 de noviembre de 202611 min de lecturaRedacción de psicopedagogia.com

    En pocas palabras

    • El 26.1 enumera los servicios que todo municipio debe prestar y los va sumando por tramos de población: todos, más de 5.000, más de 20.000 y más de 50.000 habitantes.
    • El 26.2 dice que en los municipios de menos de 20.000 habitantes la Diputación provincial o entidad equivalente coordina seis servicios, y la forma de prestación que propone necesita la conformidad de los municipios afectados.
    • La STC 111/2016 anuló dos incisos del 26.2 que daban la decisión final al Ministerio de Hacienda, y desde entonces el artículo no ha vuelto a modificarse: la redacción vigente es la publicada el 15 de julio de 2016.
    En esta página
    1. Texto literal del artículo 26
    2. Qué cambió y cuándo
    3. 26.1: cuatro listas que se van sumando
    4. Ejemplo aplicado: el pueblo que cruza el umbral
    5. 26.2: la Diputación coordina en los municipios de menos de 20.000
    6. La STC 111/2016 y los incisos nulos
    7. Lo que de verdad cae en los tests
    8. Con qué se mezcla
    9. Test: artículo 26
    10. Para seguir
    11. Preguntas frecuentes
    12. Fuentes

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    El artículo 26 es el de las listas por habitantes: qué servicio debe prestar un pueblo de 3.000 vecinos, cuál se añade al pasar de 5.000 y cuál a los 20.000 o a los 50.000. En los tests se pregunta casi siempre por los umbrales y por el servicio que está en un tramo y no en otro. Esta página fija las cuatro listas, explica el 26.2 (Diputación) y la sentencia que lo recortó. Si preparas el régimen local, el marco general está en el tema gratuito de la Ley 7/1985.

    Texto literal del artículo 26

    Texto consolidado del BOE. Los dos fragmentos que van en cursiva son los que el Tribunal Constitucional declaró nulos (ver más abajo); el BOE los mantiene en el texto con una nota.

    1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

    a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

    1. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios:

    a) Recogida y tratamiento de residuos. b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Limpieza viaria. d) Acceso a los núcleos de población. e) Pavimentación de vías urbanas. f) Alumbrado público. Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera. Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado. Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.

    1. La asistencia de las Diputaciones o entidades equivalentes a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.

    Qué cambió y cuándo

    La versión actual del 26 salió del artículo 1.9 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que dio nueva redacción a todo el artículo. Antes, el Real Decreto-ley 7/1996 había modificado la letra c) del apartado 1 y la Ley 10/1993 había añadido un apartado 4, que la reforma de 2013 hizo desaparecer. La última alteración es de 2016: la STC 111/2016, de 9 de junio, anuló dos incisos del 26.2, y el BOE fecha esa redacción el 15 de julio de 2016, día en que se publicó la sentencia. A 22 de noviembre de 2026 no hay cambios posteriores del artículo; la ley en su conjunto consta actualizada por última vez el 3 de octubre de 2026, por otros preceptos.

    Si estudias con un temario anterior a 2013, las listas no coinciden. La redacción vigente hasta entonces incluía el control de alimentos y bebidas entre los servicios de todos los municipios y el mercado en los de más de 5.000; hablaba de «prestación de servicios sociales» donde hoy pone necesidad social y exclusión, y de «protección del medio ambiente» donde hoy pone medio ambiente urbano. Su apartado 2 no trataba de la Diputación, sino de la dispensa que el municipio podía pedir a la Comunidad Autónoma. Las opciones falsas de muchos tests salen de ahí.

    26.1: cuatro listas que se van sumando

    Es una escalera. Las letras b), c) y d) llevan «además» y se suman a las anteriores. Por eso un municipio de 60.000 habitantes debe prestar los servicios de las cuatro letras.

    Tramo (art. 26.1)Servicios
    a) Todos los municipiosAlumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas
    b) Más de 5.000 habitantesParque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos
    c) Más de 20.000 habitantesProtección civil; evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social; prevención y extinción de incendios; instalaciones deportivas de uso público
    d) Más de 50.000 habitantesTransporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano
    Artículo 26: qué dice cada apartado
    Artículo 26 LBRL
    • 26.1.a Todos
      • Alumbrado, cementerio
      • Residuos y limpieza viaria
      • Agua y alcantarillado
      • Acceso y pavimentación
    • 26.1.b Más de 5.000
      • Parque público
      • Biblioteca pública
      • Tratamiento de residuos
    • 26.1.c Más de 20.000
      • Protección civil
      • Necesidad y exclusión social
      • Incendios
      • Instalaciones deportivas
    • 26.1.d Más de 50.000
      • Transporte colectivo urbano
      • Medio ambiente urbano
    • 26.2 Menos de 20.000
      • Coordina la Diputación
      • Seis servicios
      • Con conformidad del municipio
    • 26.3 Asistencia
      • Art. 36
      • Preferente a servicios mínimos

    Tres detalles de redacción que se usan para fabricar opciones falsas:

    • Los umbrales dicen «superior a», no «igual o superior». Un municipio de exactamente 20.000 habitantes no llega al 26.1.c.
    • Los residuos aparecen dos veces: la recogida es de todos los municipios (letra a), el tratamiento solo de los de más de 5.000 (letra b).
    • Un servicio de una letra superior no baja a una inferior. La biblioteca pública no es obligatoria en un pueblo de 4.000 habitantes.

    Ejemplo aplicado: el pueblo que cruza el umbral

    Imagina un municipio de 4.900 habitantes. Debe prestar los ocho servicios del 26.1.a): alumbrado, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua, alcantarillado, acceso a los núcleos y pavimentación. Si el padrón llega a 5.100, se le añaden parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. Si sigue creciendo hasta 21.000, suma lo del 26.1.c: protección civil, necesidad social y exclusión, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. No debe transporte colectivo urbano ni medio ambiente urbano: eso empieza por encima de 50.000.

    Y la cara contraria. Con 4.900 habitantes, el 26.1 no le obliga al tratamiento de residuos. El artículo 36.1.c) dice que la Diputación asume el tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y la prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000, cuando estos no procedan a su prestación. Fíjate en el número exacto: un municipio de 5.000 habitantes justos no es «superior a 5.000» (26.1.b) ni «de menos de 5.000» (36.1.c). Son artículos distintos y salen juntos en las preguntas trampa.

    26.2: la Diputación coordina en los municipios de menos de 20.000

    Aquí el umbral es de signo contrario («inferior a 20.000») y la lista es otra: recogida y tratamiento de residuos; abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales; limpieza viaria; acceso a los núcleos de población; pavimentación de vías urbanas; alumbrado público. Seis letras. Observa lo que no está: el cementerio (sí en el 26.1.a, no en el 26.2), el alcantarillado como tal (el 26.2 habla de evacuación y tratamiento de aguas residuales) y la biblioteca. Y al revés: el tratamiento de aguas residuales es el único servicio del 26.2 que no figura en ninguna letra del 26.1, como recuerda el Tribunal Constitucional en la STC 111/2016 (FJ 12 d).

    La mecánica del segundo párrafo: la Diputación propone la forma de prestación, con la conformidad de los municipios afectados; puede ser prestación directa por la Diputación o gestión compartida mediante consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Las mancomunidades son asociaciones de municipios (art. 44 LBRL); los consorcios se regulan en los artículos 118 a 127 de la Ley 40/2015. Los párrafos siguientes añaden dos reglas:

    • Si el municipio justifica ante la Diputación que puede prestar los servicios con un coste efectivo menor, puede asumirlos si la Diputación lo considera acreditado.
    • Si la Diputación asume la prestación, repercute a los municipios el coste efectivo en función del uso, y si los servicios se financian con tasas, la tasa va a la Diputación.

    El apartado 3 es corto: la asistencia de las Diputaciones a los municipios, prevista en el artículo 36, se dirige «preferentemente» al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.

    La STC 111/2016 y los incisos nulos

    En su redacción de 2013, el 26.2 daba al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la decisión sobre la propuesta de la Diputación. La Junta de Andalucía recurrió la ley y el Tribunal Constitucional, en la STC 111/2016, de 9 de junio, declaró inconstitucionales y nulos dos incisos del 26.2: «al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» y el que decía que ese Ministerio decidiría sobre la propuesta con informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si ejercía la tutela financiera (fallo 2.º a).

    El motivo de la nulidad está en el reparto de competencias, no en la autonomía local. El artículo 149.1.18.ª CE permite al Estado dictar las bases del régimen local, pero no darse a sí mismo una función ejecutiva como la de aprobar la forma de prestación; en las materias de esos servicios, la ejecución corresponde en su mayor parte a las Comunidades Autónomas (FJ 12 d).

    El resto del 26.2 lo avaló el Tribunal en ese mismo fundamento. Su razonamiento: el precepto no niega la titularidad municipal de los servicios, y la fórmula que planifica la Diputación solo se aplica si el municipio da su conformidad. El propio Tribunal observa que lo que la ley llama «coordinación» es, todo lo más, una «coordinación voluntaria». Para el test: acepta o rechaza la fórmula el municipio, no el Estado ni la Comunidad Autónoma.

    Lo que de verdad cae en los tests

    • Umbrales. 5.000, 20.000 y 50.000, y la pregunta es qué servicio sale en cuál. Las opciones falsas intercambian tramos: incendios en 50.000, biblioteca en 20.000, transporte urbano en 5.000.
    • Todos los municipios. La lista de ocho del 26.1.a. La opción trampa es una de la letra b) (parque o biblioteca), una materia del 25 que no está en el 26, como la policía local (25.2.f), o un servicio de la redacción anterior a 2013, como el control de alimentos y bebidas.
    • Servicio ausente. Preguntan cuál NO está en el 26.2, y la respuesta suele ser el cementerio o la biblioteca.
    • Quién coordina. Diputación provincial «o entidad equivalente». No la Comunidad Autónoma, no la mancomunidad.
    • Superior frente a inferior. «Superior a 20.000» en el 26.1.c, «inferior a 20.000» en el 26.2: con 20.000 exactos no se está en ninguno de los dos.
    • Mezclas con otros artículos. El 25 (materias de competencia propia), el 26 (servicios obligatorios) y el 36 (competencias de la Diputación) suelen ser las alternativas de una misma pregunta.

    Con qué se mezcla

    ArtículoQué dice y cómo se confunde con el 26
    25Materias de competencia propia municipal; el 26 no lista materias, lista servicios; ver el 25
    18.1.gDerecho del vecino a exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del servicio público cuando sea una competencia municipal propia de carácter obligatorio; el 26 dice qué servicios son obligatorios, el 18.1.g da la acción para exigirlos
    36Competencias de la Diputación: coordinar servicios (36.1.a), asistir a los municipios (36.1.b) y asumir el tratamiento de residuos en los de menos de 5.000 y la prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 cuando no los presten (36.1.c); es la Diputación la que actúa, no el municipio
    86.2Reserva a las Entidades Locales de abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros; es una reserva de actividades, no una lista de servicios obligatorios por población
    137 CEAutonomía de los municipios para la gestión de sus intereses; el Tribunal concluyó en 2016 que el 26.2 no la vulnera porque exige la conformidad municipal; ver el 137
    149.1.18.ª CEBases del régimen jurídico de las Administraciones públicas: amparan que el Estado fije estas listas mínimas, pero no que el Ministerio decida la forma de prestación; ver el 149

    Test: artículo 26

    Artículo 26 LBRL: servicios municipales obligatorios
    1. Según el artículo 26.1.a) de la Ley 7/1985, ¿cuál de estos servicios deben prestar todos los municipios, sea cual sea su población?
    Ver respuesta

    Cementerio. Art. 26.1.a): en todos los municipios, alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua, alcantarillado, acceso a núcleos y pavimentación. Parque y biblioteca son del 26.1.b (más de 5.000) y las instalaciones deportivas del 26.1.c (más de 20.000).

    2. Un municipio de 12.000 habitantes, además de los servicios de todos los municipios, debe prestar en todo caso:
    Ver respuesta

    Parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. Art. 26.1.b): más de 5.000 habitantes, además, parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. La protección civil, los incendios y las instalaciones deportivas se exigen con más de 20.000 (26.1.c), y el transporte urbano y el medio ambiente urbano, con más de 50.000 (26.1.d).

    3. ¿A partir de qué población deben prestar los municipios la protección civil y la prevención y extinción de incendios, según el artículo 26.1?
    Ver respuesta

    Más de 20.000 habitantes. Art. 26.1.c): en los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además, protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

    4. Un municipio de 35.000 habitantes, ¿cuál de estos servicios NO está obligado a prestar en virtud del artículo 26.1?
    Ver respuesta

    Transporte colectivo urbano de viajeros. Art. 26.1.d): el transporte colectivo urbano de viajeros y el medio ambiente urbano se exigen a los municipios con población superior a 50.000 habitantes. Los otros tres son del 26.1.c (más de 20.000).

    5. ¿Cuál de estos servicios NO figura en la lista del artículo 26.2, que coordina la Diputación en los municipios de menos de 20.000 habitantes?
    Ver respuesta

    Cementerio. Art. 26.2: la lista de seis servicios no incluye el cementerio, que sí es un servicio del 26.1.a). Limpieza viaria, alumbrado público y acceso a los núcleos de población sí están en el 26.2.

    6. Según la STC 111/2016, de 9 de junio, ¿qué es inconstitucional y nulo en el artículo 26.2 de la Ley 7/1985?
    Ver respuesta

    Los incisos que atribuían al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la decisión sobre la forma de prestación de los servicios. STC 111/2016, fallo 2.º a): nulos los incisos «al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» y el que le daba la decisión con informe de la Comunidad Autónoma. El FJ 12 d) avala el resto del 26.2, que depende de la conformidad municipal.

    7. Según el artículo 18.1.g) de la Ley 7/1985, los vecinos tienen derecho a exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público cuando este:
    Ver respuesta

    Constituya una competencia municipal propia de carácter obligatorio. Art. 18.1.g): derecho a exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del servicio público en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio, que es el caso de los servicios del art. 26.1.

    Para seguir

    El 26 se completa con el artículo 25, que fija las competencias propias del municipio, y con el artículo 11, que define el municipio como entidad básica. Dentro del ayuntamiento, la forma de gestión de los servicios la aprueba el Pleno (artículo 22.2.f); el alcalde y la Junta de Gobierno Local están en los artículos 21 y 23, y el artículo 20 fija la organización municipal. La base constitucional, con la autonomía local, está en el artículo 137 y en el reparto de el artículo 149.

    La Ley 40/2015, donde se regulan los consorcios del 26.2, tiene su propio tema del régimen jurídico del sector público.

    El régimen local es una parte habitual del temario de convocatorias municipales como Administrativo en Leganés, Auxiliar administrativo en Cádiz o Policía Local de Alcúdia; consulta las bases de cada una para ver qué artículos incluye.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué servicios debe prestar todo municipio según el artículo 26 de la LBRL?

    Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas (art. 26.1.a). Son ocho, y no dependen de la población.

    ¿A partir de cuántos habitantes es obligatoria la biblioteca pública?

    En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, junto con el parque público y el tratamiento de residuos (art. 26.1.b). El texto dice «superior a», de modo que un municipio de exactamente 5.000 habitantes no queda obligado por esa letra.

    ¿Qué servicios añade el artículo 26.1.c en los municipios de más de 20.000 habitantes?

    Protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

    ¿Quién coordina los servicios en los municipios de menos de 20.000 habitantes?

    La Diputación provincial o entidad equivalente (art. 26.2), respecto de seis servicios: residuos, agua y saneamiento, limpieza viaria, acceso a núcleos de población, pavimentación y alumbrado público. La forma de prestación que propone necesita la conformidad de los municipios afectados.

    ¿Sigue decidiendo el Ministerio de Hacienda la forma de prestación de esos servicios?

    No. La STC 111/2016, de 9 de junio, declaró inconstitucionales y nulos los incisos del 26.2 que atribuían esa decisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: la competencia del Estado sobre las bases del régimen local no le permite reservarse esa función ejecutiva. El BOE sigue mostrando los incisos destacados, con una nota que explica su nulidad.

    ¿Puede un vecino exigir que se preste un servicio del artículo 26?

    Sí. El artículo 18.1.g) de la LBRL reconoce a los vecinos el derecho a exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del servicio público correspondiente cuando sea una competencia municipal propia de carácter obligatorio.

    Fuentes

    1. Jefatura del Estado (1985). Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 18, 22, 25, 26, 36, 44 y 86 (texto consolidado, con el historial de redacciones del artículo 26; última actualización de la norma publicada el 3 de octubre de 2026; artículo 26 en la redacción vigente desde el 15 de julio de 2016). Boletín Oficial del Estado, n.º 80, de 3 de abril de 1985 (BOE-A-1985-5392). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
    2. Tribunal Constitucional (2016). Sentencia 111/2016, de 9 de junio, recurso de inconstitucionalidad 1959-2014, fundamento jurídico 12 d) y fallo 2.º a). Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2016-6839). boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-6839
    3. Jefatura del Estado (2015). Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículos 118 a 127 (consorcios). Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2015-10566). boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566

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