Un supuesto práctico resuelto de Trabajador/a Social de la Diputación de Segovia 2026
Este es el primero de los 9 supuestos prácticos resueltos que incluye el temario de Trabajador/a Social de la Diputación de Segovia 2026 sin coste extra, tal como lo recibes en el PDF. Intenta resolverlo a mano antes de leer la respuesta modelo.
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Supuesto 01. Violencia de género en el medio rural: una mujer sin denuncia, con un hijo que lo presenció
Temas del programa: 14, 16, 48, 49, 50 (también 13, 20 y 55) · Tiempo: 2 horas (referencia; las bases no lo fijan, véase «Cómo usar este anexo») · Dificultad: alta
Textos legales que conviene llevar: Ley Orgánica 1/2004 (arts. 1, 17 a 20, 23 y 27), Ley 13/2010 de Castilla y León (arts. 2, 6, 7, 20, 24 a 28, 35 y 37), Ley 16/2010 (arts. 11, 31 y 39), Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 262), Ley Orgánica 1/1996 (arts. 12, 13 y 17), Ley Orgánica 8/2021 (arts. 15 y 16) y Ley 14/2002 de Castilla y León (arts. 46 y 50).
Específico de este supuesto: conviene saber de memoria los requisitos de alta del servicio ATENPRO según su protocolo, la lista de recursos de la Red de atención (emergencia, casa de acogida, piso tutelado) y los arts. 34, 51 y 54 del Código Deontológico. El marco competencial común está en el bloque de «Cómo usar este anexo».
Enunciado
Usted es trabajador/a social de un CEAS de la Diputación Provincial de Segovia, en una Zona de Acción Social rural. Un martes de febrero de 2027 se presenta sin cita Marina, de 41 años, vecina de un municipio de unos 900 habitantes situado a 25 kilómetros del centro. Pide información sobre una ayuda para pagar el alquiler de un piso en la capital, «por si acaso». Convive desde hace nueve años con su pareja, Ernesto, de 45; tienen una hija, Alba, de 7 años, y Lucas, de 15, es hijo de una relación anterior de Marina.
En la entrevista cuenta que Ernesto controla el dinero, le revisa el móvil y le ha ido apartando de su familia. Hace tres semanas, tras una discusión, la empujó contra la pared y le sujetó el cuello hasta que ella no pudo hablar; Lucas lo vio desde la puerta de la cocina. No acudió al médico y no hay parte de lesiones. Desde entonces Lucas no quiere volver a casa al salir del instituto y Alba duerme con su madre.
Marina trabaja 20 horas semanales con contrato temporal de limpieza, no tiene carné de conducir y depende de un transporte a la demanda que pasa dos días por semana. Insiste en que no quiere denunciar: teme que le quiten a los niños, que Ernesto «se vuelva loco» y que el pueblo se entere. Quiere salir de la relación, pero «no ahora». Su hermano Rubén, que vive en otra provincia, la acogería unos días. Antes de marcharse le pide que no cuente nada a nadie. Los datos son ficticios.
Cuestiones
- Exponga el marco normativo y competencial de la atención a Marina y a sus hijos y el papel de su CEAS en él (hasta 2 puntos).
- Valore la situación y el riesgo, y explique cómo se acredita su condición de víctima sin denuncia ni orden de protección (hasta 2 puntos).
- Resuelva si debe comunicar los hechos y cómo concilia esa decisión con la petición de reserva de Marina y con su voluntad (hasta 2 puntos).
- Plantee el plan de seguridad y los recursos que ofrecerá ahora y a medio plazo, con sus requisitos (hasta 2 puntos).
- Diseñe la intervención con Lucas y con Alba y su coordinación con otros servicios (hasta 2 puntos).
Cómo leer el enunciado
- Control del dinero, del móvil y de las relaciones, más una agresión física: violencia física, psicológica y económica en la pareja (art. 2.2 de la Ley 13/2010), con indicios de delito.
- Sin denuncia, sin parte de lesiones y sin orden de protección: la acreditación no puede pasar por el juzgado; abre la vía del informe de servicios sociales (art. 23 de la Ley Orgánica 1/2004; art. 7.c de la Ley 13/2010).
- Marina pide reserva, pero hay noticia de un posible delito público: choca con el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con el deber de comunicación respecto de los menores.
- Convive todavía con el agresor: condiciona el recurso de teleasistencia móvil y obliga a un plan de seguridad realista.
- Medio rural, sin coche y con transporte a la demanda: acceso a recursos con atención específica (art. 37 de la Ley 13/2010).
- Lucas presenció la agresión y Alba duerme con su madre: son víctimas con derecho propio a asistencia (art. 19.5 de la Ley Orgánica 1/2004) y exposición a violencia como indicador de riesgo.
Qué debe demostrar tu respuesta
- Que sitúas cada servicio en su sitio: el CEAS como puerta de entrada, el servicio provincial especializado de la Junta, la Red de atención, el juzgado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Que no te quedas en «derivar»: valoras el riesgo con los datos del caso y decides qué haces hoy.
- Que resuelves el conflicto entre reserva y deber de comunicar con una norma concreta, sin engañar a Marina ni abandonarla.
- Que sabes que ATENPRO exige no convivir con el agresor y que lo aplicas.
- Que tratas a los hijos como víctimas, con su propia valoración y sin amenazar con retirarlos.
Respuesta modelo de examen
Introducción
Marina es víctima de violencia de género en la pareja, con indicios de delito, y Lucas y Alba lo son también por vivir expuestos a ella. El CEAS debe atenderla hoy, valorar el riesgo, informarla con claridad de que no puedo guardar silencio sobre hechos que pueden ser delito, y ofrecerle recursos reales para el medio rural. Aplico la Ley Orgánica 1/2004, la Ley 13/2010 de Castilla y León y la Ley 16/2010 de servicios sociales.
Cuestión 1. Marco normativo y competencias
La Ley Orgánica 1/2004 protege a las mujeres y a sus hijos menores (art. 1.2) y reconoce a las víctimas servicios sociales de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral (art. 19.1). Los menores que conviven en un contexto de violencia tienen derecho a asistencia social integral (art. 19.5).
La Ley 13/2010 se aplica a las mujeres que viven en Castilla y León y a las personas dependientes de ellas (art. 3.2) y abarca la violencia física, psicológica y económica (art. 2.2). Reconoce el derecho a la información, a la atención social, psicológica y jurídica, a la intimidad y a la escolarización inmediata de los menores (art. 20.1). La Junta crea y programa la Red de atención (art. 5.c) y presta, en cada provincia, servicios especializados de información, asesoramiento jurídico, atención psicológica y urgencia social (art. 28.1). Las provincias colaboran en la gestión de la Red (art. 6.c).
El CEAS es la unidad de referencia para detectar y valorar casos, elaborar el plan de atención y derivar (art. 31.4 y 31.5 de la Ley 16/2010). Marina tiene derecho a atención urgente por maltrato (art. 11.2.h) y a un profesional de referencia mientras dure la intervención (art. 39).
Decisión: abro historia social, asumo yo el caso como profesional de referencia y coordino hoy con el servicio provincial especializado.
Cuestión 2. Valoración y acreditación
Valoro riesgo alto. La agresión incluyó presión en el cuello, hay control económico, aislamiento y un hijo testigo, la convivencia continúa y ella vive lejos de cualquier recurso. Los factores de protección son un empleo, un hermano dispuesto a acogerla, hijos escolarizados y su propia petición de ayuda. La exposición de Lucas y Alba a la violencia de género es indicador de riesgo para ellos (art. 17.2.l de la Ley Orgánica 1/1996).
Sin denuncia ni orden de protección, la situación puede acreditarse por informe de los servicios sociales, siempre que la norma de cada recurso lo prevea (art. 23 de la Ley Orgánica 1/2004; art. 7.c y último párrafo de la Ley 13/2010). Elaboro ese informe con la entrevista, la observación y los datos de su relato, y lo emito cuando pueda sostenerlo.
Decisión: valoración de riesgo alto, revisable en cada contacto, y emisión del informe de acreditación para los recursos que lo admitan.
Cuestión 3. Comunicar, reservar y respetar la voluntad
No puedo prometer reserva absoluta. Quien por su profesión tiene noticia de un delito público está obligado a denunciarlo inmediatamente; la omisión se sanciona con multa y, si el omitente es empleado público, se comunica a su superior (art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Presionar el cuello hasta impedir hablar puede ser constitutivo de delito.
Respecto de los menores, quien advierte indicios de violencia debe comunicarlo y el personal de los servicios sociales, en particular, debe avisar a los servicios sociales competentes y, si la salud o la seguridad del niño puede estar amenazada, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al Ministerio Fiscal (arts. 15 y 16 de la Ley Orgánica 8/2021; art. 46 de la Ley 14/2002).
El Código Deontológico lo permite: no vulnera el secreto quien actúa por mandato legal (art. 54) y obliga a informar a la autoridad de los malos tratos aunque la persona consienta (art. 34). También me obliga a decirle desde el principio los límites del secreto (art. 51).
Se lo explico hoy, con calma. Su voluntad sigue siendo decisiva en lo demás: cuándo marcharse, adónde y qué recursos usar.
Decisión: comunico los hechos por escrito a la autoridad competente el mismo día, con Marina informada, y preparo antes su seguridad para que no se avise a Ernesto ni se le dé información sobre ella.
Cuestión 4. Plan de seguridad y recursos
Hoy le entrego información completa (art. 18 de la Ley Orgánica 1/2004) y asesoramiento jurídico gratuito inmediatamente previo a cualquier denuncia (art. 20.1). Elaboro con ella un plan de seguridad: documentos, medicación y dinero a mano, una persona de contacto, el aviso a emergencias y cómo salir si el peligro aumenta. El acceso al servicio de información de la Junta es confidencial y no exige acreditar la situación (art. 28.1.a de la Ley 13/2010).
Alojamiento. Si decide salir, tiene a su alcance el centro de emergencia, abierto las veinticuatro horas, la casa de acogida y el piso tutelado (arts. 24 a 26). La oferta de Rubén es válida a corto plazo si valoramos la seguridad y la escolarización de los niños en su destino.
Teleasistencia móvil. El protocolo de ATENPRO exige no convivir con el agresor y participar en programas de atención, con informe de servicios sociales (apartados 3.1 y 4.1). Mientras Marina conviva con Ernesto no procede el alta; la solicito en cuanto salga.
Económico y vivienda. Valoro la ayuda de pago único del art. 27 de la Ley Orgánica 1/2004 si cumple la carencia de rentas y se prevén especiales dificultades de empleo, con informe del servicio de empleo, y el acceso prioritario a vivienda protegida (art. 35 de la Ley 13/2010).
Decisión: hoy, plan de seguridad, información jurídica y cita en una semana; hasta entonces, contacto de emergencia con el CEAS.
Cuestión 5. Lucas y Alba
Son víctimas con derecho propio a asistencia social integral (art. 19.5 de la Ley Orgánica 1/2004) y a escolarización inmediata si hay cambio de residencia (art. 20.1.h de la Ley 13/2010). Los poderes públicos deben procurar que los menores permanezcan con la madre víctima (art. 12.3 de la Ley Orgánica 1/1996), y se lo digo a Marina: protegerse no es perder a sus hijos.
Valoro la situación de riesgo de ambos, competencia de los servicios sociales locales (art. 50.1 de la Ley 14/2002). Escucho a Lucas por separado, con tiempo y sin presión: tiene derecho a ser oído y su opinión se consulta a partir de los doce años (art. 17.4 de la Ley Orgánica 1/1996). El proyecto de intervención se elabora con Marina, mantiene a los menores en su medio familiar y se firma (art. 17.4). Pido a Sanidad atención psicológica infantil (art. 19 bis.1 de la Ley Orgánica 1/2004) y, con el consentimiento de Marina, informo al orientador del instituto y a la escuela solo de lo necesario.
Decisión: abro la valoración de riesgo de los dos menores y cito a Lucas esta semana.
Conclusión
Atiendo a Marina como profesional de referencia, valoro riesgo alto, comunico los hechos con ella informada y coordino con el servicio provincial especializado. Preparo su seguridad real, difiero ATENPRO hasta que salga de la convivencia y trato a Lucas y a Alba como víctimas con su propia intervención.
Ampliación para estudiar
Alta ordinaria y extraordinaria de ATENPRO. El protocolo de 23 de octubre de 2023 distingue el alta ordinaria, para mujeres con resolución judicial o informe del Ministerio Fiscal o, en su defecto, título habilitante, acreditación administrativa o informe de los servicios sociales, y el alta extraordinaria, para menores de 12 a 17 años y para hijas e hijos de usuarias. En todo caso exige informe de los servicios sociales que acredite la condición de víctima. Los servicios sociales remiten la solicitud a la entidad prestadora, que incorpora a la usuaria en un plazo no superior a siete días naturales desde la recepción, y evalúan la continuidad cada año (apartados 5, 6 y 11).
La acreditación depende de cada recurso. La Ley 13/2010 admite como medios la resolución judicial, la sentencia, el informe de servicios sociales o sanitarios, el de la Inspección de Trabajo y, hasta la orden de protección, el informe del Ministerio Fiscal (art. 7). La norma reguladora de cada recurso determina cuál basta. La Ley Orgánica 1/2004 añade que los menores víctimas pueden acreditarse por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial (art. 23).
Qué decide el juez. Si se abre un procedimiento, el juez debe pronunciarse sobre las medidas cautelares, entre ellas la salida del domicilio, el alejamiento, la prohibición de comunicación y las medidas sobre patria potestad y visitas (arts. 61 a 66 de la Ley Orgánica 1/2004). Si Marina se decide a denunciar, el trabajo social no decide sobre ellas: informa, acompaña y aporta su informe.
Deber de reserva y confidencialidad. El deber de confidencialidad de la Ley Orgánica 3/2018 es complementario del secreto profesional (art. 5). La Ley 16/2010 reconoce a la persona usuaria la confidencialidad de su expediente (art. 11.2.j), y la Ley Orgánica 1/2004 exige proteger sus datos y los de sus descendientes (art. 63.1).
Violencia vicaria y atención psicológica. Los servicios sociales deben contar con psicología infantil para las hijas e hijos menores víctimas, y los servicios sanitarios, con atención psicológica y psiquiátrica (arts. 19.5 y 19 bis de la Ley Orgánica 1/2004).
Preguntas que puede hacerte el tribunal
- ¿Por qué comunica los hechos si Marina no quiere denunciar? Porque tengo noticia de un posible delito público por razón de mi profesión (art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y el Código Deontológico excluye del secreto el mandato legal (art. 54).
- ¿Puede pedir ya la teleasistencia móvil? No: el protocolo exige no convivir con el agresor (apartado 4.1); la tramito cuando salga del domicilio.
- ¿Quién valora el riesgo de los hijos? Los servicios sociales de la entidad local, que lo comunican a la Junta cuando procede una medida (arts. 50.1 y 51.1 de la Ley 14/2002).
- ¿Qué pasa si Ernesto llama al CEAS? No confirmo que Marina sea atendida; anoto la llamada y se la comunico a ella (art. 63.1 de la Ley Orgánica 1/2004; art. 5 de la Ley Orgánica 3/2018).
Variantes del caso
- ¿Y si Marina consiente que se cite también a Ernesto? No se le cita en el CEAS: revelaría la consulta de Marina y comprometería su seguridad (art. 54 del Código Deontológico). Los programas con agresores dependen del servicio provincial de la Junta y se ofrecen a quienes los soliciten (art. 28.1.e de la Ley 13/2010).
- ¿Y si Marina ya hubiera salido de casa y viviera con Rubén? Procede el alta en ATENPRO si cumple los requisitos y participa en un programa de atención, y se la acredita por informe (apartado 4.1 del protocolo).
- ¿Y si Lucas se niega a hablar con usted? Se respeta su ritmo, se le ofrece un profesional de su confianza y se mantiene la comunicación a Sanidad y al centro educativo sin presionarle (arts. 19.5 y 19 bis de la Ley Orgánica 1/2004).
Rúbrica de autocorrección
| Cuestión | Análisis (5 puntos en total) | Conocimientos (5 puntos en total) |
|---|---|---|
| 1 (2 puntos) | 1: sitúas CEAS, servicio provincial y Red con función propia | 1: arts. 1.2, 19.1 y 19.5 de la Ley Orgánica 1/2004; arts. 2, 3, 20, 28 de la Ley 13/2010; art. 31 de la Ley 16/2010 |
| 2 (2 puntos) | 1: riesgo alto razonado con datos del caso | 1: art. 23 de la Ley Orgánica 1/2004 y art. 7 de la Ley 13/2010; art. 17.2.l de la Ley Orgánica 1/1996 |
| 3 (2 puntos) | 1: decisión explicada a Marina, sin engaño | 1: art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; arts. 15 y 16 de la Ley Orgánica 8/2021; arts. 34, 51 y 54 del Código Deontológico |
| 4 (2 puntos) | 1: plan de seguridad realista para quien convive con el agresor | 1: arts. 24 a 26 y 28 de la Ley 13/2010; requisitos de ATENPRO; art. 27 de la Ley Orgánica 1/2004 |
| 5 (2 puntos) | 1: intervención diferenciada con Lucas y Alba | 1: art. 19.5 de la Ley Orgánica 1/2004; arts. 12.3 y 17.4 de la Ley Orgánica 1/1996; art. 50 de la Ley 14/2002 |
Errores frecuentes
- Prometer a Marina una reserva total y comunicar después a sus espaldas, o no comunicar por respeto a su decisión.
- Tramitar ATENPRO mientras Marina convive con Ernesto.
- Derivar a Marina a la casa de acogida «por protocolo», sin que ella lo decida y sin valorar la escolarización de los niños.
- Citar a Ernesto en el CEAS para «aclarar la situación» o proponer mediación.
- Tratar a Lucas y a Alba como testigos y no como víctimas con valoración propia, o amenazar a Marina con que «le quitarán a los niños».
- Pedir una denuncia previa como condición para atender o para emitir el informe de servicios sociales.
Fuentes
Consultadas el 22 de noviembre de 2026; las normas, en su texto consolidado.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: arts. 1, 17 a 20, 23, 27, 61 a 66 y 69.
- Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León: arts. 2, 3, 5 a 7, 20, 24 a 28, 35 y 37.
- Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León: arts. 11, 31 y 39.
- Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882): art. 262.
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor: arts. 12, 13 y 17.
- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia: arts. 15 y 16.
- Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León: arts. 46, 50 y 51.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: art. 5.
- Protocolo de actuación del servicio ATENPRO (Ministerio de Igualdad y FEMP, 23 de octubre de 2023): apartados 3 a 6 y 11.
- Real Decreto 566/2026, de 8 de julio, de concesión directa de una subvención a Cruz Roja Española para la puesta en marcha del servicio ATENPRO 2.0.
- Código Deontológico de Trabajo Social (2012), Consejo General del Trabajo Social: arts. 34, 51 y 54.