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    Un supuesto práctico resuelto de Auxiliar Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid 2026

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    Actualizado el 18 de noviembre de 2026Redacción de psicopedagogia.com

    Esto es el primer caso del primer simulacro de los 3 que incluye el temario de Auxiliar Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid 2026 sin coste extra, con las preguntas resueltas y explicadas. Resuélvelas antes de mirar la explicación.

    Ver el temario completo de Auxiliar Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid 2026 →

    Supuesto 01. Segundo ejercicio: procedimiento administrativo, acceso a la información y Constitución

    Ejercicio: segundo ejercicio de la oposición a la Escala Auxiliar Administrativa de la UCM (turno libre, 48 plazas) · Tiempo orientativo: 40 minutos (120 para los tres supuestos) · Preguntas: 25 más 5 de reserva, con respuestas alternativas (aquí, cuatro opciones) y una sola correcta · Penalización: cada error resta un cuarto del valor de un acierto · Dificultad: media

    Temas del programa que toca: 1 (Constitución), 2 (Ley 39/2015: actos, nulidad, revisión y recursos), 3 (Ley 39/2015: procedimiento) y 10 (Ley 19/2013).

    Enunciado

    Enero a marzo de 2027, en la Secretaría de una Facultad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y en el Rectorado. Los hechos, las personas y las fechas son ficticios. Los plazos por días se cuentan como hábiles, desde el día siguiente al de la notificación. Son inhábiles los sábados, los domingos y los festivos de la Comunidad de Madrid de 2027 (en este caso, el 1 y el 6 de enero y el 19, el 25 y el 26 de marzo). Cuando se dice que alguien «accede» a una notificación electrónica, lo hace el mismo día en que se pone a su disposición.

    Irene y la ayuda para el congreso. Irene, investigadora contratada de la Facultad, presenta el lunes 11 de enero una solicitud de ayuda para asistir a un congreso. La ayuda se concede a quien cumpla los requisitos, sin comparar unas solicitudes con otras. Irene no indica el órgano al que se dirige ni acompaña el justificante de inscripción en el congreso. El martes 12 de enero la Facultad le notifica un requerimiento y ella accede ese día; poco después pide más tiempo porque tarda en conseguir el justificante, aunque acaba aportándolo dentro del plazo inicial. La unidad instructora pide un informe, no preceptivo, al servicio de investigación, que no lo emite en diez días. Irene propone una prueba que el instructor considera innecesaria. Terminada la instrucción, el lunes 1 de febrero la Facultad le da audiencia durante doce días, y el viernes 5 de febrero Irene contesta que no hará alegaciones.

    Pablo y el expediente sancionador. El lunes 4 de enero el Rector acuerda iniciar un procedimiento sancionador contra Pablo, titular de la autorización de uso de un local comercial del campus, por una infracción que una ley tipifica con multa (se da por supuesta la cobertura legal; la cuantía, 600 euros, es ficticia). Designa instructor a un Vicerrector y prevé que ese mismo Vicerrector resuelva el procedimiento. Pablo reconoce su responsabilidad antes de la resolución. Mientras el expediente está abierto, la UCM aprueba una norma interna que endurece las multas por esa infracción, cometida antes. Corregido el reparto de funciones, al terminar la instrucción el Rector, que resuelve, considera los hechos más graves que en la propuesta. La resolución se dicta el lunes 22 de febrero, y con ella el Rector pone fin a la vía administrativa. Una primera notificación contiene el texto íntegro pero no indica los recursos que caben; la Universidad advierte el defecto y practica una segunda notificación completa, a la que Pablo accede el viernes 5 de marzo.

    Lucas y Daniel, dos notificaciones. Lucas eligió expresamente recibir las notificaciones por vía electrónica y no abre una que se le puso a disposición. Daniel, que no está obligado a relacionarse por esa vía, no se encuentra en casa cuando un empleado intenta entregarle una resolución en papel el martes a las 9:30.

    Marina y la información pública. Marina, que no tiene relación con la Universidad, pide por escrito, sin explicar sus motivos, copia de los contratos menores de una Facultad en 2026 y de las notas internas de trabajo del servicio que los tramitó.

    Cómo leer el enunciado

    Cada dato del caso activa una norma o una fecha. Subráyalos antes de leer las preguntas.

    Dato del casoQué activa
    Solicitud sin órgano ni justificanteRequerimiento de subsanación: diez días, desistimiento previa resolución y ampliación posible (art. 68 de la Ley 39/2015)
    12 de enero, acceso ese díaEl plazo empieza el 13 de enero y se cuentan días hábiles (art. 30.2 y 30.3 de la misma ley)
    Informe no preceptivo que no llegaSe sigue adelante (art. 80.3)
    Audiencia de doce días desde el 1 de febreroEntre diez y quince días; fecha de vencimiento con el calendario (art. 82.2)
    Instructor y órgano que resuelveDos órganos distintos (art. 63.1)
    Pablo reconoce su responsabilidad y la sanción es una multaReducciones del 20 por 100 como mínimo (art. 85.3)
    Norma interna posterior que endurece las sancionesIrretroactividad (art. 9.3 de la Constitución)
    Resolución dictada el 22 de febreroNotificar dentro de diez días desde que se dicta (art. 40.2)
    Primera notificación sin los recursosEfectos desde que Pablo actúe conociendo el acto o recurra (art. 40.3)
    Segunda notificación, completa, el 5 de marzoMes de reposición contado de fecha a fecha (arts. 30.4 y 124.1)
    Lucas no abre la notificaciónDiez días naturales y rechazo (art. 43.2)
    Intento a las 9:30 sin éxitoSegundo intento después de las 15:00 (art. 42.2)
    Copia de contratos y de notas internasAcceso e inadmisión por información auxiliar (arts. 12 y 18 de la Ley 19/2013)

    Estrategia con la penalización. Cada error resta un cuarto de acierto (base 11.2.2 de las bases). Con cuatro opciones (las bases solo hablan de «respuestas alternativas»), contestar a ciegas da una esperanza de +1/16 de acierto por pregunta; si descartas una opción sube a +1/6 y si descartas dos, a +3/8. Contesta siempre que puedas eliminar al menos una opción, y las preguntas de fechas, que se resuelven contando, no se dejan en blanco. Tienes unos 80 segundos por pregunta, contando las cinco de reserva.

    Preguntas del supuesto

    Irene: solicitud y subsanación (preguntas 1 a 5)

    Irene: solicitud y subsanación (preguntas 1 a 5)
    1. El martes 12 de enero la Facultad requiere a Irene para que complete su solicitud. ¿Qué plazo debe concederle y con qué advertencia?
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    Diez días, con la advertencia de que, si no subsana, se la tendrá por desistida de su petición, previa resolución. Art. 68.1 de la Ley 39/2015: se requiere al interesado para que subsane en diez días, con indicación de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos del art. 21. El archivo sin resolución no existe en este trámite. La caducidad del art. 95.1 exige paralización imputable al interesado, advertencia y tres meses. Cinco días y silencio desestimatorio no figuran en el art. 68.

    2. Irene accede a la notificación el martes 12 de enero. ¿Cuándo vence su plazo para subsanar?
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    El martes 26 de enero. Art. 68.1 de la Ley 39/2015 (diez días) y art. 30.2 y 30.3: los días son hábiles y se cuentan desde el siguiente a la notificación. El 13 de enero es el primer día y el décimo hábil es el martes 26 (el 6 de enero ya pasó). El lunes 25 resulta de contar el propio día 12. El viernes 22 son diez días naturales. El 2 de febrero son quince hábiles, plazo que el art. 68 no prevé.

    3. Irene pide más tiempo porque no consigue el justificante de inscripción. La ayuda no es de concurrencia competitiva. ¿Puede ampliarse el plazo?
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    Sí, hasta cinco días más, a petición de Irene o de oficio, si la aportación presenta dificultades especiales. Art. 68.2 de la Ley 39/2015: salvo procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, el plazo puede ampliarse prudencialmente hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación presente dificultades especiales. No son diez ni quince días, no solo a petición y no es improrrogable: la excepción es solo para procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. Tampoco exige autorización superior.

    4. Irene pregunta a la Facultad qué órgano instruye su expediente, en qué estado está y cuál es el sentido del silencio. ¿Tiene derecho a saberlo?
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    Sí, en cualquier momento del procedimiento, y a acceder a los documentos y obtener copia. Art. 53.1.a) de la Ley 39/2015: los interesados tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación, el sentido del silencio, el órgano competente para instruir y resolver y los actos de trámite dictados, y a acceder y obtener copia de los documentos. No se limita a la resolución final, no exige letrado (el asesor es un derecho, art. 53.1.g) ni acreditar un perjuicio.

    5. La Facultad propone a Irene que modifique voluntariamente los términos de su solicitud para precisar la cuantía. Si ella acepta, ¿qué debe hacerse?
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    Levantar un acta sucinta que se incorpore al procedimiento. Art. 68.3 de la Ley 39/2015: en los procedimientos a solicitud, el órgano puede recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de la solicitud, y de ello se levanta acta sucinta que se incorpora al procedimiento. No hay archivo ni nueva solicitud (la fecha nueva del art. 68.4 es para otro supuesto), ni resolución que ponga fin a la vía, ni mejora sin constancia.

    Irene: instrucción y audiencia (preguntas 6 a 10)

    Irene: instrucción y audiencia (preguntas 6 a 10)
    1. El informe que la unidad instructora pide al servicio de investigación no es preceptivo. Salvo que una disposición diga otra cosa, ¿qué carácter tiene y en qué plazo debe emitirse?
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    Es facultativo y no vinculante, y se emite en diez días. Art. 80.1 y 80.2 de la Ley 39/2015: salvo disposición expresa en contrario, los informes son facultativos y no vinculantes y se emiten en diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de plazos permita otro mayor o menor. Ninguna de las otras combinaciones coincide con esa regla general.

    2. Han pasado diez días y el servicio de investigación no ha emitido el informe no preceptivo. ¿Qué puede hacer la unidad instructora?
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    Proseguir las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad de quien se retrasa. Art. 80.3 de la Ley 39/2015: de no emitirse el informe en plazo, y sin perjuicio de la responsabilidad por la demora, se pueden proseguir las actuaciones. Solo si el informe fuera preceptivo se podría suspender el plazo máximo para resolver. La ley no atribuye sentido favorable a un informe omitido y la demora no es causa de archivo.

    3. El instructor considera innecesaria la prueba que propone Irene. ¿Puede rechazarla?
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    Sí, mediante resolución motivada, pues solo puede rechazar las pruebas manifiestamente improcedentes o innecesarias. Art. 77.3 de la Ley 39/2015: el instructor solo puede rechazar las pruebas propuestas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada; el art. 35.1.f exige motivar los actos que rechacen pruebas. No está obligado a admitir toda prueba, no puede rechazarla sin motivar y no necesita autorización del órgano resolutorio.

    4. La Facultad da audiencia a Irene el lunes 1 de febrero (acceso ese día) por doce días. Si Irene no contesta antes, ¿cuándo vence el plazo?
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    El miércoles 17 de febrero. Art. 82.2 de la Ley 39/2015: la audiencia dura entre diez y quince días, de modo que doce es válido; contados como hábiles desde el 2 de febrero (art. 30.2 y 30.3), el duodécimo es el miércoles 17. El jueves 18 resulta de contar trece días. El lunes 15 son diez y el lunes 22 son quince: ambos están dentro del margen legal, pero no son los doce concedidos.

    5. El viernes 5 de febrero Irene comunica que no hará alegaciones ni aportará documentos. ¿Qué efecto tiene?
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    Se tiene por realizado el trámite sin esperar a que acabe el plazo. Art. 82.3 de la Ley 39/2015: si antes del vencimiento los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tiene por realizado el trámite. No hace falta agotar el plazo ni repetir la audiencia, y no supone desistimiento, que es una figura distinta (art. 94).

    Pablo: procedimiento sancionador (preguntas 11 a 15)

    Pablo: procedimiento sancionador (preguntas 11 a 15)
    1. El Rector designa instructor al Vicerrector que también resolverá el procedimiento sancionador contra Pablo. ¿Es correcto?
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    No: la fase instructora y la sancionadora deben encomendarse a órganos distintos. Art. 63.1 de la Ley 39/2015: los procedimientos sancionadores se inician siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecen la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomienda a órganos distintos. Ni el rango ni el consentimiento del interesado permiten reunirlas.

    2. ¿Cuál de estos contenidos debe figurar, como mínimo, en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador contra Pablo?
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    La identificación del instructor y del régimen de recusación, y la posibilidad de reconocer la responsabilidad. Art. 64.2 de la Ley 39/2015: entre el contenido mínimo están la identificación del instructor y del régimen de recusación, y el órgano competente para resolver, indicando la posibilidad de reconocer voluntariamente la responsabilidad (art. 85). La propuesta de resolución y la valoración de las pruebas llegan al final de la instrucción (art. 89) y el dictamen del Consejo de Estado no se pide para iniciar.

    3. Pablo reconoce su responsabilidad antes de la resolución, y la sanción prevista es una multa. ¿Qué consecuencia tiene el reconocimiento?
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    Se puede resolver con la sanción que proceda y, al ser solo pecuniaria, se aplican reducciones de al menos el 20 % del importe, acumulables. Art. 85.1 y 85.3 de la Ley 39/2015: reconocida la responsabilidad, se puede resolver con la sanción que proceda; cuando la sanción tiene únicamente carácter pecuniario, el órgano aplica reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe propuesto, acumulables entre sí, que deben figurar en la notificación de iniciación y quedan condicionadas al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa. No hay archivo, y el reconocimiento sí permite abreviar.

    4. Al terminar la instrucción, el Rector estima que los hechos son más graves que los recogidos en la propuesta de resolución. ¿Qué debe hacer antes de resolver?
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    Notificarlo a Pablo para que alegue lo que estime conveniente en quince días. Art. 90.2 de la Ley 39/2015: si el órgano competente para resolver considera que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la propuesta, lo notifica al inculpado para que alegue en el plazo de quince días. No son diez, no puede agravar sin ese trámite y no hace falta archivar.

    5. Mientras el expediente de Pablo está abierto, la UCM aprueba una norma interna que endurece las sanciones por esa conducta, cometida antes. ¿Puede aplicársele?
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    No: la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Art. 9.3 de la Constitución: garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales; el art. 47.2 de la Ley 39/2015 declara nulas las disposiciones que establezcan esa retroactividad. Ni la condición de norma organizativa, ni la sanción mínima, ni el reconocimiento de los hechos la hacen aplicable.

    Pablo, Lucas y Daniel: eficacia y notificaciones (preguntas 16 a 20)

    Pablo, Lucas y Daniel: eficacia y notificaciones (preguntas 16 a 20)
    1. La resolución sancionadora se dicta el lunes 22 de febrero. ¿Hasta qué día debía cursarse la notificación a Pablo?
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    Hasta el lunes 8 de marzo. Art. 40.2 de la Ley 39/2015: toda notificación debe cursarse dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto fue dictado; contados como hábiles desde el 23 de febrero (art. 30.2 y 30.3), el décimo día es el lunes 8 de marzo. El jueves 4 son diez días naturales, el 15 son quince hábiles y el 22 es un mes, plazo que no prevé este artículo.

    2. La primera notificación a Pablo contiene el texto íntegro de la resolución, pero no indica los recursos que caben. ¿Qué efecto tiene?
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    Surte efecto desde que Pablo actúa conociendo el contenido y alcance de la resolución o interpone recurso. Art. 40.3 de la Ley 39/2015: las notificaciones que contengan el texto íntegro pero omitan otros requisitos del apartado 2 surten efecto desde que el interesado realiza actuaciones que supongan conocimiento del contenido y alcance del acto, o interpone cualquier recurso. No es nula, no exige anuncio en el BOE y la eficacia queda demorada hasta la notificación (art. 39.2).

    3. Lucas eligió expresamente recibir las notificaciones por medios electrónicos y no accede a una que se le puso a disposición. ¿Cuándo se entiende rechazada?
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    Cuando han transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición. Art. 43.2 de la Ley 39/2015: la notificación electrónica, cuando es obligatoria o ha sido expresamente elegida por el interesado, se entiende rechazada al transcurrir diez días naturales desde la puesta a disposición sin acceso. Son naturales, no hábiles, y no son cinco. Que la notificación se practique con el acceso no impide que, si este no llega, se tenga por rechazada a los diez días.

    4. Nadie se hace cargo de la notificación en papel que un empleado intenta entregar a Daniel el martes a las 9:30. ¿Cómo debe repetirse el intento?
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    Una sola vez, en los tres días siguientes, después de las 15:00 y con tres horas de margen al menos. Art. 42.2 de la Ley 39/2015: el intento se repite por una sola vez y en hora distinta dentro de los tres días siguientes; si el primero fue antes de las 15:00, el segundo debe hacerse después y viceversa, con al menos tres horas de margen. No son diez días ni dos intentos y no puede hacerse a la misma hora ni a cualquiera.

    5. El segundo intento de entregar la resolución a Daniel también fracasa. ¿Cómo se practica entonces la notificación?
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    Mediante anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», con publicación previa facultativa en otros boletines o tablones. Art. 42.2 y art. 44 de la Ley 39/2015: tras el segundo intento infructuoso, la notificación se hace por anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; previamente y con carácter facultativo, pueden publicarse anuncios en el boletín autonómico o provincial o en el tablón del ayuntamiento del último domicilio. El tablón no sustituye al BOE, no hay tercer intento y no existe notificación por mero transcurso del tiempo.

    Recursos y acceso a la información (preguntas 21 a 25)

    Recursos y acceso a la información (preguntas 21 a 25)
    1. Pablo accede a la segunda notificación, ya completa, el viernes 5 de marzo. Si quiere interponer el recurso potestativo de reposición, ¿cuándo vence el plazo?
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    El lunes 5 de abril. Art. 123.1 y art. 124.1 de la Ley 39/2015: contra los actos que ponen fin a la vía administrativa cabe reposición potestativa en el plazo de un mes si el acto es expreso. Los plazos en meses acaban el mismo día del mes de vencimiento (art. 30.4): el 5 de abril, que es lunes y hábil. El 4 es domingo y el viernes 2 es anterior al vencimiento; el 7 de abril son veinte días hábiles, cómputo que no corresponde a un plazo de un mes. Si recurre, las reducciones del art. 85.3 dejan de ser efectivas, porque se condicionan a la renuncia a cualquier recurso en vía administrativa contra la sanción.

    2. Si Pablo interpone el recurso de reposición, ¿en qué plazo máximo debe dictarse y notificarse la resolución?
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    Un mes. Art. 124.2 de la Ley 39/2015: el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es de un mes. Los tres meses son los del recurso de alzada (art. 122.2); los dos meses no son plazo de este recurso, y los seis meses es el de caducidad de la revisión de oficio (art. 106.5), no el del recurso.

    3. Marina pide copia de los contratos menores de una Facultad. Según la Constitución, ¿cuáles son las excepciones al acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos?
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    La seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Art. 105.b de la Constitución: la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Los demás límites que cita el art. 14 de la Ley 19/2013 son desarrollo legal, no la lista constitucional, y esta no se reduce a la seguridad nacional.

    4. Marina presenta su solicitud de acceso sin explicar por qué quiere la información. ¿Puede la Universidad rechazarla por eso?
    Ver respuesta

    No: el solicitante no está obligado a motivarla y la falta de motivación no es por sí sola causa de rechazo. Art. 17.3 de la Ley 19/2013: el solicitante no está obligado a motivar su solicitud, aunque puede exponer los motivos; la ausencia de motivación no es por sí sola causa de rechazo. Tampoco se exige interés legítimo (art. 12: todas las personas tienen derecho) ni residencia. El plazo de diez días y el desistimiento del art. 19.2 son para solicitudes que no identifican la información.

    5. La solicitud de Marina incluye las notas internas de trabajo del servicio que tramitó los contratos. ¿Qué procede respecto de esa parte?
    Ver respuesta

    Inadmitirla mediante resolución motivada, por referirse a información auxiliar o de apoyo. Art. 18.1.b de la Ley 19/2013: se inadmiten a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes referidas a información auxiliar o de apoyo, como notas, borradores, opiniones, resúmenes y comunicaciones o informes internos. La ponderación del art. 15.3 se hace para conceder el acceso a información con datos personales no especialmente protegidos, y no cabe archivar sin resolución: la inadmisión debe motivarse.

    Preguntas de reserva (26 a 30)

    Sustituyen, por orden, a las ordinarias que el Tribunal anule.

    Preguntas de reserva (26 a 30)
    1. Un acto dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia es:
    Ver respuesta

    Nulo de pleno derecho. Art. 47.1.b de la Ley 39/2015: son nulos de pleno derecho los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. La convalidación del art. 52.3 es para la incompetencia no determinante de nulidad, y el plazo de cuatro años del art. 107.2 afecta a actos anulables favorables. La presunción de validez del art. 39.1 no impide la nulidad.

    2. La Facultad advierte un error aritmético en la cuantía de una ayuda ya concedida por una resolución firme. ¿Puede corregirlo?
    Ver respuesta

    Sí, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados. Art. 109.2 de la Ley 39/2015: las Administraciones pueden rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos de sus actos. No hay plazo de un mes ni de cuatro años, y no exige el dictamen de la revisión de oficio del art. 106.

    3. ¿Se aplican a una universidad pública como la UCM las obligaciones del título I de la Ley 19/2013?
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    Sí: se aplican a las entidades de Derecho Público vinculadas a una Administración, universidades públicas incluidas. Art. 2.1.d de la Ley 19/2013: el título I se aplica a las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas. Ni la autonomía las excluye, ni dependen de los fondos o los contratos, ni de lo que digan sus Estatutos.

    4. La UCM concedió una ayuda mediante un acto favorable y anulable hace cinco años. ¿Puede ya declararse su lesividad?
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    No: no cabe declarar la lesividad pasados cuatro años desde que se dictó el acto. Art. 107.2 de la Ley 39/2015: la declaración de lesividad no puede adoptarse transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto y exige audiencia previa de los interesados. Se aplica a actos favorables anulables (art. 107.1), no a los nulos, que se revisan conforme al art. 106, y el límite de cuatro años no depende del órgano que la declare ni de ningún dictamen.

    5. Un procedimiento a solicitud de Irene se paraliza por una causa que le es imputable. ¿Cuándo puede declararse la caducidad?
    Ver respuesta

    Tras advertirle y transcurrir tres meses sin que haga lo necesario para reanudar la tramitación. Art. 95.1 de la Ley 39/2015: en los procedimientos a solicitud, cuando se paralicen por causa imputable al interesado, la Administración le advierte de que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad; consumido el plazo sin reanudar, acuerda el archivo y lo notifica. No hay caducidad inmediata. Los seis meses son los de la revisión de oficio (art. 106.5) y los diez días, los de subsanación (art. 68.1).

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